Gran Coalición Democrática, Pereira, septiembre 16 de 2004
Una vez más los trabajadores y sectores populares salimos a la calle a expresar, elevando nuestras voces de protesta, el rechazo a las medidas económicas, políticas y sociales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
No había conocido nuestra historia situación similar a la que hoy padece la nación, ni los trabajadores habíamos sido sometidos a un envilecimiento paulatino y sistemático del salario, al arrasamiento de las conquistas reivindicativas y al desconocimiento y eliminación de centenarios derechos, consignados en la legislación laboral, como hoy ocurre. El derecho a la organización, a la negociación y a la contratación colectiva son cercenados y se impone la modalidad del trabajo a destajo y la contratación de servicios productivos y empresariales con Empresas Asociativas de Trabajo y Cooperativas de Trabajadores, deslaboralizando con ello las relaciones de trabajo, creándoles a quienes son sometidos a esta moderna forma de esclavitud remunerada, la ilusoria idea de haberse convertido en “empresarios”, a cambio del incremento de sus jornadas de trabajo y de la disminución considerable de sus ingresos.
El congreso nacional, de mayorías proclives al gobierno, se apresta a aprobar nuevas medidas en contra del pueblo y la nación. Una reforma tributaria que aumenta el IVA al 17% y extiende su aplicación a nuevos productos de la canasta familiar, le coloca nuevos impuestos a los pensionados, al tiempo que disminuye el tributo a las rentas de capital. La reforma a la justicia que limita el uso de la tutela, recurso utilizado principalmente para defender los derechos de los colombianos en materia de la salud y el trabajo; le quita independencia a la rama judicial permitiendo la ingerencia de la rama ejecutiva y limita la acción de la Corte Constitucional para facilitar de esta manera la imposición de las reformas a la carta magna y a la legislación en contra de los derechos e intereses de las mayorías nacionales.
La ingerencia de los funcionarios del Departamento de Estado Norteamericano y de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es cada vez más abierta y descarada en el direccionamiento de la economía nacional. Los altos mandos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Estadounidenses dirigen y controlan las acciones bélicas del ejercito colombiano en nuestro territorio, apoyados por un creciente número de unidades militares gringas y de mercenarios extranjeros contratados por éstos, dentro de la nueva modalidad de la privatización de la guerra. Es así como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entrega de la soberanía nacional en todos los órdenes.
El gobierno se precipita, en alocada carrera, a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entregando nuestros mercados y recursos naturales a la voracidad de las empresas multinacionales, otorgando garantías sin límite a la inversión extranjera, con lo cual arrastrará a la ruina a importantes sectores de la producción nacional y creará condiciones favorables para el establecimiento de maquilas en nuestro territorio, que exploten la mano de obra nacional envilecida por las reformas laborales en marcha. Por medio de leyes y decretos, se viene cambiando la normatividad y acondicionando el país a los requerimientos del TLC y como resultado de esta entrega se renuncia definitivamente a cualquier posibilidad de desarrollo autónomo de nuestra nación.
En contravía de la búsqueda de acuerdos y compromisos humanitarios que permitan la libertad de los colombianos afectados por las fuerzas en contienda y de la superación de las dificultades causadas por la generalización de la violencia, a través de la solución política negociada del conflicto armado, el gobierno insiste en atizar la guerra, comprometiendo a mayores sectores de la población en las acciones bélicas y destinando ingentes recursos en dichas actividades. Todo ello acompañado de la conculcación de los derechos ciudadanos de los individuos con mediadas como el denominado Estatuto Antiterrorista, cuya inconstitucionalidad fue declarada recientemente por la Corte Constitucional.
No podía ser peor la suerte del pueblo colombiano bajo el régimen absolutista de Álvaro Uribe Vélez. Al tiempo que los organismos oficiales anuncian el repunte de la economía con índices de crecimiento del orden del 4.1%, se constata que el sector de alimentos ha disminuido sus ventas en un 18%, que 13 millones de colombianos viven en la indigencia mientras que 33 millones sobreviven bajo la línea de pobreza y el desempleo supera el 17%. La red de hospitales públicos se enfila hacia el cierre y privatización, debido a la negativa del gobierno a cancelarles las deudas que tiene con ellos y los dineros aportados por los trabajadores al FOSYGA, para la atención solidaria en salud de los desempleados, es retenida abusivamente por el gobierno en TES para subsanar el déficit fiscal. Los jóvenes se ven forzados a abandonar los centros educativos por la crisis económica de sus familias y el desplazamiento de compatriotas por motivos económicos y políticos no para de crecer.
La miseria de mayores sectores de la población colombiana contrasta con las jugosas utilidades del sector financiero y de los monopolios trasnacionales que saquean nuestra riqueza y trabajo nacionales y con la prosperidad de quienes, desde altos cargos del estado, prevalidos del poder que les otorga su condición, realizan todo tipo de negociados para incrementar su patrimonio y el de sus allegados, como se desprende de las denuncias que a diario hacen en el parlamento congresistas independientes y se evidencia en la renuncia a sus cargos, al ser sorprendidos con las manos en la masa, de personajes pertenecientes al más estrecho círculo del presidente Uribe Vélez.
Es esta calamitosa situación la que se pretende prolongar mediante el expediente de la reelección presidencial, promovida por el alto gobierno, la embajada estadounidense, la oligarquía favorecida, los grandes medios de comunicación y las bancadas uribistas del congreso, alimentadas con favores y prebendas por el ejecutivo. Además del autoritarismo, el gobierno actual se destaca por la corrupción y la politiquería. Todo ello para poder contar con el respaldo de las mayorías parlamentarias en su empeño de servir sumisamente a los mandatos de Washington y favorecer a un puñado de magnates apátridas.
La Gran Coalición Democrática, que agrupa a diversas organizaciones sociales y políticas, liderada por las centrales sindicales, ha decidido ponerse al frente de la resistencia nacional y convocar a movilizaciones de masas como la que hoy realizamos. Para el próximo 12 de octubre estamos convocando a un paro nacional de todas las fuerzas democráticas y patrióticas en contra de tan desastrosas y antinacionales políticas. Manifestamos nuestra solidaridad con la marcha indígena y el paro de los transportadores de carga que se llevan a cabo en la actualidad. Nos unimos a la lucha de los trabajadores y usuarios del Hospital San Jorge contra su reestructuración y cierre y en defensa de la salud del pueblo.
La hora es de unidad y de lucha. Donde quiera que se centre la acción antipopular del gobierno deberá constituirse un foco de resistencia civil y el movimiento popular en su conjunto cobijarlo con su respaldo solidario. Sólo así podremos consolidar un vigoroso movimiento que derrote las pretensiones antinacionales del gobierno, como lo hicimos hace casi un año con el referendo. Dispongámonos para las batallas que se avecinan con decisión y coraje.
GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA DE RISARALDA
CUT – UTRAR – FEDETRAR – CGTD – SINTRAEMSDES – ASPU – MOIR – MODEP – POLO DEMOCRÁTICO INDEPENDIENTE – PARTIDO COMUNISTA – FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO –PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA – . Pereira, septiembre 16 de 2004