El día martes 7 de septiembre se llevó a cabo un debate sobre la situación cafetera del país en la Comisión Quinta del Senado, citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Mauricio Jaramillo y con la asistencia del senador tolimense Carlos García. Desde el lado del sector oficial estuvieron el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquila, y Gabriel Silva, gerente de la Federación de Cafeteros, entidad administradora del Fondo Nacional del Café. Se trataba en especial de revisar la política cafetera gubernamental y sus efectos reales en la mejoría de las condiciones de ingreso y de vida del medio millón de familias colombianas productoras del grano.
El tema abarcaba la forma cómo el mecanismo de fijación del precio interno sigue sin resolver el penoso estado de crisis de los caficultores a pesar de tener cotizaciones internacionales superiores a las de los últimos años, de discutir los impactos reales del TLC y del reingreso de Estados Unidos a la Organización Internacional del Café, lo cual se constituye en una doble amenaza si se tiene en cuenta que la superpotencia en el primer caso pide acceso inmediato al mercado colombiano de café procesado en ese país y en el segundo aspira a que desaparezcan las normas de calidad que ahora rigen el mercado mundial del café. Cualquiera que tenga un mínimo interés por la suerte de los cafeteros entiende que ambos factores combinados se tornan en expediente para que a Colombia puedan ingresar cafés fabricados con orígenes de mala calidad y discutible procedencia.
Igualmente, existe gran preocupación por las graves circunstancias que vive la mayoría de las cooperativas que comercializan el grano por dar un precio de referencia y también por las “recompras” de café ya exportado por Colombia sin conocer cuál es el verdadero beneficiario de esta operación, a la cual el mismo Silva calificó simultáneamente como “extraña” y “buena noticia”. No obstante, la intervención de la Procuraduría ante el Tribunal Superior de Cindinamarca en la Acción Popular que cursa contra el uso ilegal de las marcas de propiedad del Fondo Nacional del Café por parte de la firma PROCAFECOL S.A. , cuyo socio mayoritario es la propia Federación Nacional de Cafeteros, forzó a que el debate versara esencialmente en ese punto, no tanto por voluntad de los citantes sino por la gravedad de los catrgos imputados a los citados. “Violación de derechos colectivos”, “Disponibilidad indebida de dineros públicos” y “Atentados contra el patrimonio público” no son cualquier cargo para un ciudadano y mucho menos para el jefe de las finanzas públicas y el administrador del primer fondo parafiscal de la nación. Así las cosas, ambas entidades están hoy bajo la dirección de dos personas con gravísimos cuestionamientos, en los cuales coinciden la Auditoría General y la Contraloría General de la República, institución que calificó como “hallazgo disciplinario” a lo actuado en el caso de las Tiendas Juan Valdez.
Fue más desconcertante la participación de los dos altos funcionarios en la querella: “Discutamos la conveniencia o inconveniencia de la tiendas y no su legalidad o ilegalidad”, “Son debates promovidos por quienes no están de acuerdo con darle valor agregado al café” o “con el ánimo de coadyuvar a que prospere la Acción Popular en beneficio de otros terceros”. Esto da evidencia para conocer en qué manos están las riendas del principal producto agrícola colombiano y la custodia de los escasos bienes que quedan como activos fruto de un siglo de industria cafetera. La única ganancia fue la admisión, por parte de Silva, sobre la indebida aplicación de la estrategia de “especializarnos en especiales” como “salvamento de toda la caficultura”. Resta la duda si el manejo del café colombiano es peor que en las calendas de quienes entregaron postrada esta rama vital de la economía rural nacional. Por lo pronto su táctica parece similar: arreglar los problemas con cientos de millones para abogados y otros más para publicidad en los medios; podría ser la recomendación de la firma Weber Shandwick la multinacional contratada por otros miles de millones para el manejo de imagen corporativa, representada por una firma de propiedad del “kínder” de otrora, el mismo de Silva. Lo de siempre: falacias y omisiones mientras centenares de miles de familias pasan hambre, en lo que ya es una crisis humanitaria.