A comienzos de 2004, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó como genialidad, y “fórmula de salvamento” dentro del TLC para los productos más “sensibles”, el Mecanismo de Administración de Contingentes Agropecuarios. Un sistema por el cual se admiten las compras externas de dichos géneros supeditadas a la previa absorción, por parte de quien quiera importarlos, de una parte de las cosechas producidas en el país. El arancel que deberá pagarse en la correspondiente importación depende del volumen de las compras internas hechas y de las ofertas en subasta entre los respectivos interesados. Este instrumento se validaba porque es admitido en el marco de la OMC y así podría implantarse como reemplazo de las Franjas de Precios, que hoy protegen los mencionados artículos, que pretenden eliminarse por petición de Estados Unidos.
No obstante, a mediados del año, el mecanismo empezó a hacer agua. Los algodoneros, que han incrementado sus siembras y cuya cosecha del interior del país alcanzó a más de 25.000 toneladas, pusieron el “grito en el cielo” cuando, con Mecanismo y todo, la industria textil se rehusó a adquirir buena parte de la cosecha nacional aduciendo que se había abastecido por fuera con cerca de 20.000 toneladas a una elevada cotización internacional y no requería la materia prima sino hasta finales del año y a precios inferiores que compensaran sus costosas adquisiciones iniciales en el mercado externo donde el precio ya volvió a descender. El “salvamento”, hasta ahora, ha consistido en un apoyo de más de 40.000 millones de pesos para garantizar un inseguro precio de referencia de las transacciones de $4 millones por tonelada y el almacenamiento de al menos 18.000 toneladas hasta que “se pueda hacer efectiva la venta de esta cosecha” velando porque ello no afecte la de la Costa ya que podría darse una sobreoferta.
Lo del arroz es patético. Bajo el mismo mecanismo y apoyados en falsas estadísticas, industriales del arroz y algunos comerciantes han importado cerca de 200.000 toneladas aunque los entendidos estiman cifras superiores incluidos algunos cupos de contrabando. El desplome del precio en plena cosecha del Meta y Casanare, y en los inicios de la del Tolima y el Huila, ha mandado a la quiebra a centenares de productores. No ha valido el establecimiento de incentivos al almacenamiento ni de su aumento, que hoy está en $18.000 por tonelada, para mover a los compradores, que continúan impasibles, ante el derrumbe de miles de arroceros. Éstos se han movilizado para exigir la intervención del gobierno que no adopta correctivos eficaces y sus protestas, con seguridad, habrán de intensificarse en los próximos días.
En cuanto al maíz, el propio presidente Uribe avisó el cierre de importaciones para el maíz blanco en acto de “desespero oficial” ante la insistencia de la industria de proveerse de grano importado principalmente amarillo. El embrollo es de tal naturaleza que, ante el aviso presidencial, los avicultores reclamaron por los perjuicios que les traería la compra a precios muy superiores a los externos. Al desastre anterior deben añadirse los efectos nocivos de la revaluación del peso frente al dólar. El abaratamiento de las mercancías importadas ocurrida por este motivo agrava más el desastre aunque ello no se traduce en los costos de los insumos y agroquímicos venidos de afuera.
Y en cuanto a los dos cultivos campesinos más relevantes, el café y la caña panelera, la crisis de ingresos de los productores continúa sin revertirse. En el primero disminuyen la producción y las exportaciones y entre octubre de 2001 y junio de 2004 el precio de una arroba de café, en pesos reales, apenas creció en $1.100, menos del 3%, mientras para los paneleros la carga registra los valores reales históricos más bajos.
Fuera de todo esto, tampoco la denominada Seguridad Democrática tiene efectos. En la zona cafetera son múltiples las denuncias de los desafueros de grupos violentos contra las comunidades, siendo el ejemplo más sonado y reciente el del municipio de Quinchía (Risaralda) donde, según publicaciones y denuncias , “AUC cobran impuestos por tierras”. Importaciones, falta de garantía de compra de las cosechas, inseguridad, crisis de ingresos, revaluación y fracaso de las políticas oficiales han sido los detonantes de la explosión en cadena de la agricultura colombiana en 2004 en los prólogos del TLC.
¡Qué esperanza!