Los sucesos del 18 demuestran que hay un sentimiento popular contra el TLC con Estados Unidos, que el gobierno se obstina en negociar a toda costa este tratado y que el mismo es percibido por amplios sectores como una amenaza contra la nación.
El 18 de mayo se iniciaron las negociaciones para la suscripción del tratado de libre comercio entre varios países andinos y Estados Unidos. Después de casi dos años de propaganda sobre las virtudes de un acuerdo de este tipo, el gobierno de Uribe se encontró con la sorpresa de que más de ochenta mil colombianos desfilaron por las calles de las principales ciudades del país, protestando contra el TLC. SE efectuaron manifestaciones en Bogotá, Barrancabermeja, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pasto, Neiva, Palmira, Cúcuta, Buenaventura y Popayán. Los diarios tuvieron que registrar la magnitud de las mismas y las cadenas de televisión y radio mostraron profusamente que el marco de la iniciación de negociaciones no fue precisamente la aprobación y el entusiasmo de la población, patente en el hecho de que en encuestas de RCN televisión, el 60 por ciento de los encuestados afirmaron que el TLC no aumentaría el empleo y el 75 por ciento de los encuestados se manifestaron en contra del tratado. Aún las agencias Reuters y AP en sus despachos al mundo destacaron más la magnitud de las protestas que las declaraciones gubernamentales. Las palabras de Uribe de que habría más empleos no son compartidas por una mayoría de la opinión pública y la propaganda oficial no ha calado ante la evidente crisis provocada por la apertura económica de la cual el tratado es una profundización.
Especialmente grave fue la situación en Cartagena, pues al tiempo que el gobierno rodeaba de garantías a los negociadores norteamericanos, agredió brutalmente a las veinte mil personas que realizaban una marcha pacífica para demostrar su inconformidad. La arremetida de los cuerpos élites de seguridad dejó varios heridos, incluyendo periodistas y camarógrafos, de El Heraldo, RCN y de la AP, hubo más de 20 detenidos, como Víctor Aristizabal y Rigoberto Hernández dirigentes de Unidad Cafetera y salieron maltrechos varios parlamentarios de distintas vertientes políticas que encabezaban la manifestaciones, tales como Jorge Enrique Robledo de Alternativa Democrática, Piedad Córdoba del Partido Liberal, Gustavo Petro del Polo Democrático Independiente, Lorenzo Almendra de las Autoridades Indígenas de Colombia y Bernardo Hoyos del Movimiento Ciudadano, entre otros, junto con los tres presidentes de las centrales sindicales, importantes dirigentes del Consejo Consultivo Laboral Andino y otros dirigentes sociales.
Connotados defensores del TLC manifestaron que “El…bolillo…en las calles de Cartagena contra congresistas de oposición que critican el TLC no es propiamente la mejor carta” y que “no se puede eludir el debate. Y mucho menos, reprimir a los críticos” (Rodrigo Pardo, El Tiempo, mayo 20 de 2004). El alcalde de Cartagena había prohibido 24 horas antes la marcha en el centro histórico y aledaños, había cerrado la Universidad de Cartagena donde en horas de la mañana estaba programado un foro y clausurado el coliseo Bernardo Caraballo, sitio de concentración de los manifestantes. La ciudad estaba fuertemente militarizada y las autoridades no presentaron ninguna formula para posibilitar la protesta. La reacción fue la simple y cruda represión.
Las centrales sindicales y el movimiento popular habían decretado un paro para la fecha y esto correspondía al legítimo derecho de la sociedad civil de expresar su desacuerdo. El gobierno por su parte reaccionó en forma violenta y antidemocrática demostrando así su propósito de suscribir el tratado a cualquier precio.
En los días previos a las negociaciones el tono de las declaraciones de muchos gremios empresariales fue temerosa y lúgubre más que entusiasta: Fedegan alertó sobre la necesaria reciprocidad, la SAC sobre la gradualidad y la garantía real de acceso al mercado norteamericano, Fenavi se preocupó sobre la importación de pollos y aun los más fervientes partidarios del acuerdo como el Diario Portafolio invitaron a no “poner todas las esperanzas en los tratados”.
En el primer día la señora Vargo, negociadora norteamericana, desbarató la astucia del gobierno colombiano de implorar tratamiento especial dado el narcotráfico y el terrorismo y afirmó que para estos problemas ya se está dando una ayuda y reiteró por enésima vez que el TLC era ya una ayuda suficiente.
La gigantesca inconformidad popular, la inclinación de la opinión pública al rechazo del tratado, la presencia de importantes dirigentes de diferentes vertientes en la radical oposición al tratado, el temor de los empresarios, la obsecuencia del gobierno, su manifiesta antidemocracia y su deseo de silenciar la oposición, hacen que la Red de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, invite a los colombianos a seguir haciendo mayores esfuerzos para que no se suscriba este lesivo tratado.