En julio de 2014 se reunieron más de 30 sindicatos, organizaciones sociales, académicos y congresistas de distintos partidos políticos para crear la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol, con el fin de exigirle al presidente Santos; 1. Terminar de manera definitiva el contrato que la nación tiene con Pacific Rubiales hasta julio de 2016 y 2. Que debido a la anterior decisión, sea Ecopetrol quien asuma directamente la operación del principal campo petrolero de Colombia, ubicado en el departamento del Meta.
Los argumentos técnicos y financieros de la Alianza desde su creación fueron demoledores, su crecimiento y consolidación fue tan acelerada, que cercó al Gobierno evitando cualquier tipo de vacilación en contra del interés nacional. Luego de incansables meses de denuncia, el pasado 13 de marzo tras la presión nacional, la junta directiva de Ecopetrol decidió no extender la concesión de campo Rubiales y asociación Pirirí a la petrolera de capital canadiense, Pacific Rubiales. Con la noticia, se suponía que Colombia asumía la explotación directa de 180 mil barriles de petróleo diarios -el 18% de la producción nacional- y mantenía el control Estatal de cerca de 400 millones de barriles en reservas probadas; pero con Santos nunca hay alegría completa. El Gobierno por medio de Ecopetrol anuncia que “evaluará diferentes alternativas para la operación del campo” y que la empresa canadiense “estudiará la posibilidad de presentar una propuesta para operar éste activo” petrolero.
La declaración del Gobierno nacional solo resuelve la primera de las dos exigencias hechas. Deja abierta la puerta para que Pacific u otra empresa extranjera se quede con la operación de Rubiales lo que es inaceptable. Se pasa por alto que la empresa nacional “cuenta con la capacidad técnica y financiera” para operar directamente el campo como lo manifestó el presidente saliente de la compañía, Javier Genaro Gutiérrez. Además, según datos de Ecopetrol el costo promedio de la compañía para extraer un barril de petróleo y dejarlo listo en puerto es de 19,05 dólares barril. Cifra que deja un amplio margen de ganancia a pesar del bajo precio internacional del crudo (50 dólares barril). ¡No hay excusa! Tercerizar la operación o firmar un nuevo contrato de asociación, es mantener la línea privatizadora de nuestros recursos naturales.
La presión social ganó el primer “round”, pero aún queda el segundo y más importante. El llamado es nacional y no se puede bajar la guardia. Debemos ampliar y consolidar la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol en ésta nueva etapa, la 2.0. La que define si Colombia sigue el camino entreguista o cambia su rumbo dejando un nuevo precedente en la lucha por la soberanía nacional.
Adenda 1: Preocupa el nombramiento de Juan Carlos Echeverry como nuevo presidente de Ecopetrol. Privatizador por excelencia.
Adenda 2: El presidente Santos debe atender los reclamos de los camioneros nacionales; disminución del precio de los fletes, los peajes y la gasolina. ¡Más que justos!