En reunión celebrada en el Palacio de Nariño el miércoles 9 de abril en la que participaron el presidente Juan Manuel Santos y los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, acordaron mantener el respaldo a la reforma ordinaria a la Salud que cursa en esa célula legislativa para tercer debate. Según el representante conservador Armando Zabaraín aprobaron el desmonte progresivo a la integración vertical, como el asunto más novedoso.
El parlamentario Zabaraín informó a los medios de comunicación del Atlántico que Santos afirmó que “sería muy difícil desmontar de inmediato a las EPS con sus propios hospitales”, por lo tanto la propuesta es que la integración vertical tenga un máximo de 30 por ciento, y se vaya disminuyendo diez puntos cada año, hasta desaparecer en un periodo de tres años. Agregó santos que “el criterio que vamos a utilizar, para sacar adelante la reforma es el de salvar, primero que todo, el sistema”, o sea la esencia de la ley 100 de 1993. Asimismo reconoció el presidente que el funcionamiento de las EPS ha sido “catastrófico” y que “no han funcionado”, razón por la cual se convertirán en “simples gestoras”. El corazón del sistema será Salud Mía, que administrará 40 billones de pesos para “facilitar los flujos de recursos e información”.
Queda claro para todo el país que las intenciones del presidente-candidato y la bancada de la Unidad Nacional santista es mantener el sustento de la ley 100 de 1993, cual es la intermediación financiera a través de las EPS convertidas en gestoras y el sistema de aseguramiento. La propuesta de eliminar gradualmente la integración vertical es un engaño, al que está acostumbrado santos, pues con ese tema se viene elucubrando de tiempo atrás, siendo que se trata de una consecuencia de la intermediación de las EPS y no la causa del problema. Además, si su funcionamiento ha sido “catastrófico” porque hay que cambiarle de nombre, cuando lo que se requiere es su eliminación completa porque no se requiere para nada. Las funciones administrativas las deben asumir cabalmente las instituciones estatales, con lo cual se recuperarían más del 30 por ciento de los recursos de la salud que hoy se van a manos de entidades privadas a amasar fortunas en el país y el extranjero.
Desde ya se presagian grandes movilizaciones de usuarios, médicos, profesionales de la salud y población en general como la única forma para que el gobierno entienda que los colombianos no aguantan más iniquidades en el derecho fundamental a la salud.