n medio de miles de batas blancas y sombrillas que protegían a los manifestantes de la lluvia, desde la tribuna montada en la plaza de Bolívar y acompañada por su pequeño hijo afectado por un cáncer una madre que representaba a los enfermos que no son atendidos por causa de la ley 100 le imploraba al presidente de la República que retire el proyecto de reforma a la Salud y lo reemplace por uno consensuado con la sociedad civil en el que se tenga en cuenta el criterio de los usuarios del servicio y de los profesionales y trabajadores de la salud.
La angustia reflejada en el rostro de la oradora es la que a diario sienten los miles de colombianos que no tienen acceso al servicio de salud si los pagos al POS no están al día cuando se trata del que está afiliado porque tiene vinculación laboral o medios para pagarlo o en su defecto del que depende de poseer un carnet del SISBEN y en general de aquellos que teniendo alguna de las dos opciones de vinculación padece una patología de alto costo las que el sistema se resiste a atender por la reducción de las utilidades para los inversionistas en salud o si es estatal por efecto de la regla de sostenibilidad fiscal que privilegia el pago de las obligaciones contraídas con la banca nacional o extranjeras contra los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del Estado con los mismos.
Los profesionales y los trabajadores de la Salud después de veinte años de vigencia de la ley 100 que vulnera los intereses de los usuarios y los coloca a ellos en manos de los negociantes de la Salud llevándolos a la proletarización, finalmente decidieron manifestarse y reclamar un modelo universal y público que satisfaga las necesidades de los colombianos y respete su condición laboral.
Las EPS camufladas ahora como Gestoras continuarán lucrándose de la necesidad de atención en Salud y sus ingresos se dispararán en la medida en que su desempeño- léase menores costos en atención- registren, es decir cuanto menos gasten en los pacientes más ganarán. Es de tal talante la reforma que la entidad de vigilar los recursos es la Superintendencia Financiera y las Gestoras tendrán el poder omnímodo de decidir a quién se le pagan las facturas; las batas blancas acompañadas de la sociedad entera tienen el reto de impedir que los traficantes de la salud se salgan con la suya.