Antes de finalizar el año 2013 el gobierno nacional piensa adjudicar la concesión del río Magdalena que tiene como objeto el dragado del afluente, el encauzamiento de las riberas y su mantenimiento, entre los puertos de Puerto Salgar (Cundinamarca), La Dorada (Caldas) y Barrancabermeja (Santander), que permitan la navegabilidad desde los primeros hasta Barranquilla en una distancia de 888 kilómetros. Según Augusto García, director de Cormagdalena, el proyecto que será ejecutado en diez años contará con una inversión de 2,17 billones de pesos y busca que las firmas concesionarias mantengan una profundidad del río Magdalena mayor a los siete pies que permita la navegación a convoyes de 7.200 toneladas. El potencial de carga más importante es el carbón de las cordilleras de Cundinamarca, Boyacá y Santander del Sur.
Este proyecto ha sido objeto de polémica por las consecuencias de entregar el manejo del más importante afluente de Colombia a empresas trasnacionales. El alcalde de Simití, Bolívar, Elkín Muñoz, dijo que con esta concesión “vendrá el pago de peajes a toda clase de aparatos que cruce el río Magdalena”. Además, que los concesionarios, a quienes les interesan las ganancias que puedan obtener del negocio, controlarán las actividades de centenares de puertos y poblaciones ribereñas y aledañas, colocando peajes y reglamentaciones que podrían llevar a perder la libertad de navegación y de intercambios que tienen las poblaciones desde épocas precolombinas, lo cual sería un paso regresivo.
El contexto de esta situación es el libre comercio que viene agobiando las actividades productivas y sociales desde hace más de veinte años, agudizándose con los múltiples tratados de libre comercio, que a tutiplén firman los gobiernos de turno. Por eso lo que acontece en Barranquilla y la Costa Atlántica en los últimos meses con la discusión sobre el cargue y descargue en fondeo es una derivación lógica de estas políticas lesivas al interés nacional. El gobierno se apresta a presentar el proyecto de Estatuto Aduanero al congreso en el cual está estipulado el aligeramiento de carga en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, es decir el cargue y descargue en fondeo.
Ya se conoce que la trasnacional Trafigura y su subsidiaria en Colombia Impala están listas para estas nuevas faenas con sus convoyes de barcazas, prestas para navegar el río Magdalena, llevando importaciones de productos hacia el interior y sacando el carbón para ser transbordado sin necesidad de utilizar puertos, con las graves consecuencias ambientales y para la salud de los atlanticenses. Esta empresa foránea tiene historiales negros como el carbón, como que fue multada por introducir basuras tóxicas a países africanos como Costa de Marfil.
Con razón autoridades distritales, sectores empresariales y portuarios, medios de comunicación y segmentos de opinión pública han rechazado que este fondeo se vaya a oficializar por los perjuicios probados que sobrevendrían en los ámbitos distrital y regional, por lo que, como lo señaló el senador Jorge Robledo “la propuesta está calculada para beneficiar a compañías extranjeras que pretenden monopolizar las operaciones portuarias y sacar las utilidades del país”. Hay que oponernos a esta medida que hace parte del libre comercio, al cual hay que ponerle freno para no seguir sucumbiendo.