En las últimas semanas, dirigentes de la oposición democrática de Colombia, han recibido mensajes intimidatorios: una serie de acusaciones veladas y falsas por parte del gobierno tratan de ligarlos con los grupos armados; amenazas directas provenientes de los grupos paramilitares de extrema derecha; y mensajes anónimos con amenazas de muerte. ¿Qué está causando esta arremetida de tácticas intimidatorias?
El pecado de la oposición democrática, en particular, de parlamentarios y dirigentes sindicales elegidos por el Polo Democrático Alternativo, ha sido la de haber apoyado los paros nacionales de los productores agrícolas amenazados de ruina como consecuencia de los tratados de libre comercio que firmaron el presidente Santos de Colombia y Obama de Estados Unidos.
Lo que el término “libre comercio” significa para la agricultura es: a) el desmantelamiento por el gobierno colombiano de protecciones, subsidios y apoyo a los campesinos y productores del campo, b) la inundación del país con todo tipo de productos agrícolas de Estados Unidos, subsidiados generosamente por el gobierno federal y los gobiernos estatales, lo cual conduce a c) la devastación de la agricultura colombiana, de forma semejante a como sucedió con el impacto del TLCAN—Tratado de Libre Comercio de América del Norte—sobre la agricultura mexicana.
Esta clase de “imperialismo de libre comercio” no recibe mucha prensa en Estados Unidos. Pero produjo un paro nacional en Colombia a principios de agosto: los productores de papa, arroz, cebolla, cereales, tomates, pollos, carne, cacao, café y otros productos están siendo llevados a la ruina por el dumping de los productos estadounidenses que llegan subsidiados al mercado colombiano. El proceso de “apertura” del mercado colombiano se inició a principios de los años 90 y condujo a la destrucción de la producción local de trigo y cebada. El TLC amenaza con destruir TODA la producción agrícola del país. Esta política de “libre comercio” y el persistente conflicto armado en el campo, ya han forzado a miles de campesinos a migrar hacia remotas zonas del país y hasta los parques nacionales, donde luchan por producir productos básicos como plátano y yuca, así como levantar cerdos y ovejas. Pero allí tienen con frecuencia que enfrentar la fumigación aérea de glifosato, el ingrediente activo del Roundup. Esta fumigación aérea hace parte del Plan Colombia, diseñado por Estados Unidos como parte de su “guerra contra las drogas”, presumiblemente para erradicar cultivos de coca. Anotamos de pasada que Colombia, con Israel y Egipto, son los principales receptores de la ayuda militar de Estados Unidos. Pero como la fumigación aérea resulta casi incontrolable, el uso del glifosato, reconocido como carcinógeno, causa “daños colaterales”: especialmente la destrucción de las cosechas de los campesinos y el daño ambiental de las plantas en general.
Los parlamentarios y dirigentes sindicales del Polo Democrático Alternativo han apoyado las justas peticiones de los campesinos colombianos por un conjunto de medidas en favor de la agricultura y de la protección de los productores del campo. La respuesta del gobierno colombiano—un régimen “incondicional” de Estados Unidos—ha sido de hostilidad y difamación, así como de amenazas de muerte provenientes de Los Rastrojos, un grupo paramilitar traficante de drogas, así como de otras amenazas anónimas de muerte.
Otro pecado del que se le acusa a la oposición democrática fue la de destapar al embajador del presidente Santos en Washington, Carlos Urrutia, como un hábil estafador, implicado a fondo en un esquema transnacional diseñado para trasgredir la legislación vigente y despojar a los campesinos de su tierra. El destape produjo el retiro del nombramiento después de que la historia fue publicada en la edición internacional de la revista Time.
Después de que los “acuerdos de libre comercio” surtieron efecto en Colombia, vastos sectores de la población sufren el impacto devastador sobre sus sistema de vida y se están organizando para sobrevivir. Los dirigentes de la oposición democrática que defiende las demandas legítimas de la población no pueden ser amenazados o atacados por el gobierno colombiano por grupos armados ilegítimos, sino apoyados en su esfuerzo por asegurar al menos un nivel mínimo de seguridad económica para todos los colombianos.
Traducción de José Fernando Ocampo