Apelando a la táctica del hampón que corre por la calle luego de cometer una fechoría y se detiene para gritar: “ahí va el ladrón”, el presidente Santos intenta ocultar su responsabilidad en la crisis social de enormes proporciones que aqueja a la inmensa mayoría de los Colombianos como consecuencia de la política de libre comercio que viene quebrando a diferentes sectores de la producción industrial y agraria y que ha obligado a los damnificados a recurrir a la resistencia civil y la protesta social; empleando al ministro del Interior como mascarón de proa ha acusado a la más clara figura de la oposición, al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo como el instigador de los recientes paros realizados por Cafeteros, Arroceros y Mineros.
Sin duda el origen de la despreciable calumnia del ejecutivo tiene que ver con su manifiesta incapacidad para resolver los reclamos de los manifestantes que colmaron su paciencia luego de haber pactado con el gobierno en mesas de concertación soluciones que nunca llegaron, con lo que se agotó la vía del dialogo sin protesta y por el público apoyo que el senador de la oposición democrática ha dado a los productores nacionales a quienes previno en sus debates en el Congreso y en cientos de conferencias de las nefastas consecuencias de la política de TLC´s; pero sin duda la retaliación del gobierno Santista se deriva también del malestar generado por las denuncias que la bancada del Polo ha hecho alrededor de los negocios del embajador Colombiano en los Estados Unidos retorciendo la ley para facilitar el despojo de miles de hectáreas de suelo que deberían entregarse a los campesinos sin tierra y han terminado en manos de multinacionales con el silencio cómplice del presidente y sus ministros, así como las pruebas que demuestran la actitud complaciente con los abusos de la inversión extranjera en minería y energía y el garrote para las comunidades afectadas por estos proyectos en su territorio.
No en vano el gobierno ha impedido la aprobación de un estatuto que le otorgue garantías a la oposición, por el contrario viene haciéndose al control del aparato judicial y de las altas cortes para asegurar su aprovechamiento en la concreción de normas que favorezcan al capital transnacional, aprobó un fuero militar que los blinde del juzgamiento de sus atropellos contra la población civil porque tienen claro que la resistencia a la entrega del país será tenaz y Robledo seguirá cumpliendo el papel que con responsabilidad y autoridad ha venido ejerciendo.