Desde que los últimos gobiernos se apuntaron al Libre Comercio y se comprometieron con las multinacionales a propiciar la suscripción de TLC con cuanto país desarrollado hubiera, no solo se empeñaron en rubricar los textos de los acuerdos plagados de desventajas para la nación sino que por demás se dedicaron a decretar la supresión de la pequeña y la mediana empresa agraria e industrial por la vía de la aplicación de normas aparentemente de carácter técnico, de control fitosanitario o de cumplimiento de acuerdos internacionales supuestamente en el ánimo de proteger los intereses de los consumidores nacionales y de poner al país a tono con los estándares internacionales.
Proliferan los ejemplos que prueban el torvo propósito de los organismos gubernamentales involucrados en la expedición de múltiples directivas: el decreto 616 de 2006 que prohibía la comercialización de leche en cantina argumentando el peligro que representaba para la salubridad pública, que debió revocarse en este aspecto por la presión de los miles de jarreadores y que buscaba facilitar la toma por parte de las multinacionales lecheras del control del 50% del mercado nacional atendido por la cadena popular láctea; de la misma manera la resolución 910 del 2010 expedida por el ICA que prohíbe el uso de semillas nativas, empleadas tradicionalmente por los agricultores y les condiciona a la compra de semillas certificadas producidas por multinacionales como MONSANTO y CARGYLL y la resolución 4525 de 2005 expedida por el Ministerio de Agricultura que facilita el uso de semillas transgénicas a pesar de la carencia de estudios que descarten efectos nocivos en la salud, ambas medidas enfocadas en abrir un gran mercado a las semillas patentadas por estas multinacionales sin un estudio previo de su comportamiento en nuestras condiciones agroecológicas; el reciente decreto 2235 de 2012 que argumentando compromisos internacionales por la defensa del medio ambiente autoriza a la fuerza pública a destruir la maquinaria de mineros tradicionales sin mediar proceso judicial alguno con el claro propósito de asegurarle el territorio nacional a las multinacionales mineras , todos estos son ejemplos de la intención de desmantelar el aparato productivo nacional para entregar el mercado interno y ante la inevitable hecatombe laboral, presentar como alternativa la minería transnacional , la misma que durante decenas de años adelantaron los Europeos en sus colonias en África hasta mediados del siglo pasado y que dieron como resultado la mayor concentración de pobreza conocida.