Que se judicialice y castigue todo hecho fraudulento.- Ha causado malestar entre la ciudanía que 196 magistrados y congresistas reciban pensiones de 19 millones de pesos y 1000 colombianos tengan mesadas superiores a 15 millones de pesos, sobre todo si se comparan con los 566.000 pesos que reciben millón y medio de jubilados. El régimen de los magistrados está en la ley 4ª de 1992 y el de las misérrimas pensiones está en la Ley 100 de 1993. Las especiales, se liquidan con todos los factores salariales del último año laborado y, las demás, se calculan con factores salariales devengados en los últimos diez años. Luego la infamia de la desigualdad está en la Ley 100 de 1993 y no en la Ley 4ª. El abogado que montó el alboroto y llevó el caso hasta la Corte Constitucional, tergiversó la concepción de lo justo y desvió el origen del mal: la Ley 100 de 1993. Pero, el apoyo a los organismos de control y a las autoridades en su lucha contra los fraudes, es una cosa muy diferente a justificar el malsano ataque a los derechos adquiridos y regímenes especiales, invocado para ambientar una lesiva reforma pensional.
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