Después de haberse entregado en concesión por quince años (1997-2012) el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Soledad y Barranquilla a la empresa ACSA para su exclusivo beneficio y con resultados desastrosos para el país, ahora el gobierno pretende concesionarlo de nuevo a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual abrió un concurso de méritos por un valor de $1.550 millones para la estructuración integral de la licitación que terminará con la entrega en concesión de dicho aeropuerto.
No se puede olvidar el descalabro que significó la administración del Ernesto Cortissoz por parte de ACSA, que en el último año tuvo ingresos por 39.000 millones de pesos y la contraprestación que recibió el Estado durante quince años fue de solo $14.805 millones (El Heraldo, 18 de enero de 2012). Según el Grupo Auditor de la Contraloría General de la Nación este concesionario incumplió obras en la pista de aterrizaje y permitió deterioro de equipos de bomberos. Dicho ente estableció 12 hallazgos administrativos de los cuales 5 tienen connotación fiscal por $5.368 millones y 6 de carácter disciplinario (www.zonacero.info), además de un detrimento patrimonial por más de $18.000 millones (El Heraldo, 22 de agosto 2010)
Al retornar a manos del Estado el Ernesto Cortissoz a principios de 2012, Santiago Castro, director de la Aeroscivil, afirmó que la entidad estatal demostró que “estaba preparada para asumir el Cortissoz” y que “en dos años se van a invertir 13 mil millones de pesos, muchísimo más que lo que se hizo en los últimos quince años”. Agregó que Aerocivil está preparada para administrar cualquier aeropuerto del país. (El Heraldo, 22 de julio de 2012). El 2 de noviembre pasado el mismo diario informó que el transporte doméstico de pasajeros aumentó 18.6% en el Cortissoz, incremento superior en 5 puntos al promedio nacional de 13.3% y que la proyección de inversiones 2012-2013 llegaría a $22.000 millones, obras en la pista de $3.296 millones, dos radares por $5.800 millones.
Ahora lo sorprendente es que las presiones de la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, el Comité Intergremial (accionista de la anterior concesión) y los sectores económicos más encumbrados de la región se han incrementado cada día exigiendo que el aeropuerto sea concesionado a entidades privadas por veinte años, lo cual ha contado con el visto bueno del director de la Aerocivil y del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. La discusión la quieren reducir a si la contratación de la concesión se hace empaquetando el Ernesto Cortissoz con los aeropuertos de Armenia, Neiva, Popayán y Cartago o concesionándolo aparte. Pero la gravedad llega al punto más alto cuando Santiago Castro, director de Aerocivil, admite que la entidad estatal “está renunciando a la contraprestación” (El Heraldo, 17 de noviembre de 2012). La verdad monda y lironda es que el gobierno piensa regalar el aeropuerto más importante de la Costa Atlántica, sin recibir un solo peso de contraprestación durante el tiempo que dure la concesión.
Pero falta más. El director de Aerocivil confiesa que con el fin de hacer más atractivo el aeropuerto Ernesto Cortissoz para los inversionistas nacionales y extranjeros se busca crear una zona franca aeroportuaria en el terminal aéreo (El Heraldo, 3 de noviembre de 2012). Nada menos que la política neoliberal de la confianza inversionista ya que en las zonas francas el impuesto de renta es solo del 15 por ciento, además de otras gabelas.
No hay ninguna justificación para que se entregue de nuevo en concesión el aeropuerto de Barranquilla, cuando apenas se rescató de la anterior que lo había llevado al deterioro por todos conocido y cuando Aerocivil lo está administrando en forma más eficiente. Solo por un prurito neoliberal, como queda demostrado, no se debe seguir feriando el patrimonio público.