La Corte Constitucional les dio la razón al senador Jorge Enrique Robledo y al representante Wilson Arias, ambos del Polo Democrático Alternativo, en su denuncia sobre la inconstitucionalidad de los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, aprobado por el Congreso Nacional a iniciativa del presidente Santos.
Desde la campaña presidencial prometió la remoción a las “limitaciones de escritorio a los agricultores: permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF)” ; por ello, incluyó en el Plan de Desarrollo, los mentados artículos, declarados inexequibles por ser contrarios a la constitución nacional.
Las normas caídas fueron redactadas a la medida de las pretensiones de empresas que ya operan en la altillanura metense, colindantes con campesinos, abandonados por el Estado y expósitos a propuestas contempladas dentro de la legislación que se pretendía entronizar.
La perversa norma dejaba en manos de una comisión controlada por el jefe del gobierno la adjudicación, a dedo, de las enormes áreas a enajenar al capital monopolista nacional y extranjero.
En un país con una de las concentraciones de propiedad territorial más desiguales del mundo, y en donde la pobreza espanta, pretender concentrarla más es “echarle leña a la hoguera” de la desigualdad. A los entes de control corresponde definir la legalidad de las apropiaciones de más de 700.000 hectáreas, en manos de extranjeros y nacionales que desconocieron apresuradamente la legislación vigente, confiados en que Santos les cumpliría los compromisos electorales.
Con la tierra altamente concentrada no se ha desarrollado el país ni ha permitido que el sector rural cumpla con una de las funciones que le corresponden en una sociedad moderna: procurar la alimentación de sus habitantes. Prueba de ello es que importamos casi la mitad de las necesidades alimentarias de Colombia.
Los metenses, incluidas las autoridades regionales, mudas ante el atentado en buena hora impedido por la Corte Constitucional, tenemos otro escenario jurídico en materia de tierras: ¿permitiremos que nuestra altillanura siga siendo apropiada por los llamados “nuevos llaneros”?