A riesgo de volverme reiterativo, he querido regresar al tema del sistema de salud que atiende a los colombianos, forzado por los innumerables problemas que los pacientes -mejor, usuarios de una mercancía llamada salud- padecemos por cuenta de la privatización de este derecho, que es fundamental para una vida digna. Las quejas son al por mayor; las Empresas Promotoras de Salud –EPS- están demorando hasta cuatro meses -es mi caso con Famisanar- para remitir a un usuario donde un internista o especialista, empleando todo tipo de argumentos, pero el más frecuente es que no tienen agenda, pues utilizan uno sólo –muchas veces recién graduado- para toda una ciudad. Lo mismo se da para exámenes clínicos o de más alta complejidad, procedimientos quirúrgicos y procesos de hospitalización. El senador Jorge Robledo lanzó hace tiempo una aseveración que parecía exagerada, pero que los años la vienen reconfirmando: “en Colombia han muerto más personas víctimas de la Ley 100 de 1993, engendro de la inspiración de Cesar Gaviria Trujillo, como presidente de Colombia, y Álvaro Uribe Vélez -senador ponente- que por todas las violencias”. Si retomamos el promedio que los Comités Reguladores de Urgencia venían revelando de 10 a 15 personas muertas mensualmente por ciudad, por falta de atención médica y lo multiplicamos por los 19 años de vigencia de esta Ley, entonces encontramos que ha habido un verdadero holocausto contra el pueblo colombiano. ¡Al fin, los muertos no son de las familias pudientes, menos de los dueños de las EPS, sino del pobre pueblo!
Lo más grave es que el gobierno de Santos se ha dedicado a hacer todo tipo de acto demagógico con el sistema de salud. Lo asevero sin ningún tipo de diplomacia, porque está absolutamente claro que mientras no se le quite el manejo de los presupuestos de la salud a los intermediarios financieros -representados en las EPS- y se les limite el negocio de contratar con sus propias empresas, que son los dos ejes básicos de este criminal sistema de salud, lo que implicaría en la práctica la derogatoria de la Ley 100/93 y su reemplazo por un sistema de salud público, administrado y controlado por el Estado, los colombianos seguiremos cayendo como moscas envenenadas, mientras que los negociantes cada día se harán mucho más ricos. Por eso las reglamentaciones hechas a la nefasta Ley 100/93 han sido para disfrazar la iniquidad y sus efectos son inocuos, incluida la nivelación de los Planes Obligatorios de Salud -POS- de los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo y las modificaciones que en adelante se le realicen.
Sobre nivelación de los Planes Obligatorios de Salud, que podría ser el detonante que vuele en mil pedazos este sistema de salud, es bueno aclarar que no fue un gesto de buena voluntad, menos de mejores intenciones del presidente Santos, sino el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, que el mismo gobierno fue dilatando hasta ponerla en vigencia el pasado uno de julio. El gobierno reconoce a las EPS una cuota por afiliado denominada Unidad por Capitación (UPC) fijada para el Subsidiado en $433.666 y para el Contributivo de $547.639, reajustado para la unificación del POS, quedando una diferencia de $113.973, que las EPS están presionando se les reconozca, mediante el abandono de los contratos para atender a los afiliados, con el argumento de que deben entregar más servicios y consecuentemente se les cae la Tasa Interna de Retorno o ganancia de ese negocio llamado salud. Si los dos regímenes tienen un costo aproximado de $36 billones y el fondo que les reintegra $28 billones, indica que los colombianos vamos a tener que pagar más, porque el gobierno no sacrificará las grandes utilidades de los negociantes; recursos que tomarán forma de impuestos, tributos, sobretasas, cuotas moderadoras, copagos, aumento de los descuentos por nómina, etc.
Los colombianos debemos unirnos en un gran frente de lucha por la derogatoria del actual sistema de salud. Jamás en la historia se habían tenido tantos recursos económicos, suficientes para montar un sistema de salud que sea público, universal, oportuno y de alta calidad. Por eso debemos escuchar las voces que hacen el llamado a actuar emulando el gran movimiento que truncó el esperpento de Reforma a la Justicia.
¡Si no nos movilizamos por el servicio a la salud, que es el derecho fundamental para una vida digna, no lo haremos por nada!