Encuentro Nacional de Organizaciones Políticas y Sociales, Bogotá, abril 29 y 30 de 2004
Presionado por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y determinado a asumir una actitud sumisa con el fin de mantener los fondos de financiación de su política de “seguridad democrática”, Uribe Vélez ha comprometido su gobierno en la profundización de las reformas neoliberales que allanan el camino para el perfeccionamiento de la recolonización de nuestro país con la firma del TLC y el ALCA.
La acción unificada en la Gran Coalición Democrática de las centrales obreras, los partidos políticos de izquierda, el Partido Liberal, otras organizaciones sociales y no gubernamentales, así como la activa labor de un buen número de parlamentarios, derrotó en el referendo las pretensiones uribistas de obtener de un solo envión todo el recetario de reformas acordadas con los organismos internacionales que le sirven de voceros al imperialismo norteamericano. La decisión de movilizarnos y derrotar el escepticismo nos condujo a infligirle al gobierno el más grave descalabro a las fuerzas neoliberales, hasta ahora. Pero bien sabemos por la experiencia de los tres últimos lustros que el gobierno buscará por cualquier medio imponerlas bajo un nuevo ropaje, con el fin de asegurar los recursos para el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, la represión y la guerra interior.
Paquete legislativo
Para facilitar la aprobación de la reglamentación del Estatuto Antiterrorista (Acto legislativo 02 de 2003), la alternatividad penal, la reelección y la reforma a la justicia, el gobierno decidió aplazar para el segundo semestre del presente año la presentación de las reformas económicas que incluyen una nueva reforma tributaria y la del régimen pensional, mientras impulsa la aprobación de una ley de garantías para los inversionistas extranjeros que contraten con el Estado. Mal haría el movimiento obrero y popular en adormecerse por este aplazamiento.
Continúa la aplicación del PROGRAMA DE RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (PRAP), que ha ejecutado la liquidación de Telecom, la escisión del Seguro Social con el escamoteo de la Convención y el cambio de la naturaleza jurídica de los cargos de trabajadores oficiales a Empleados Públicos quedando todos los funcionarios actuales como provisionales. La división de ECOPETROL contra quien ahora repite el gobierno para acabar la nueva sociedad anónima, abriendo el espacio a socios como FINDETER, FONADE Y EL MINISTERIO DE HACIENDA, además de la pérdida que tendrá Colombia cuando el país sólo recibirá los ingresos de impuestos y regalías de los beneficiarios extranjeros, porque la producción total de los campos petroleros será de su propiedad.
Igual caso ocurre con el SENA con tres (3) Decretos para desmontar la gratuidad de la formación, desviar la misión y entregar la ejecución a entes privados, así como la autofinanciación de los centros como elemento que justificará más adelante la supresión de las contribuciones parafiscales; la disminución de más de mil cargos de la Planta de Personal y la pérdida de todas las garantías laborales.
Asimismo, se propende por el debilitamiento del control fiscal público, mediante otro paquete legislativo, con el fin de preparar el ambiente para su privatización, a través de la contratación con entidades particulares. La experiencia de estas “auditorías contratadas” ha sido nefasta, tal y como sucedió con la que funcionó en la Cámara de Representantes, cuyas fallas tuvieron que ser investigadas más tarde por la Contraloría. Por otra parte, se pretende someter a los funcionarios a una evaluación de idoneidad, con la cual se agudiza la inestavilidad en el empleo y permite hacer campo para “negociar” los órganos de control con los puestos que quedarían libres a voluntad de los evaluadores.
Reelección
La decisión del gobierno de colocar el tema de la reelección en el centro de la política inmediata es el intento de proyectar la seguridad democrática en el largo plazo para la imposición del TLC y el ALCA, la prolongación del Plan Colombia, la remodelación antidemocrática del Estado comunitario y el cierre de toda vía de solución política y soberana para la paz. A la vez, busca distraer la denuncia y la movilización social en defensa de las libertades y derechos fundamentales, del patrimonio público y energético del país, y en contra de las medidas acordadas con el FMI, la persecución antisindical y antipopular. Esta orientación oficial concentra el poder presidencial, con lo que abre el camino a la dictadura civil y el autoritarismo.
Para cumplir con estos objetivos, Uribe y su corte neoliberal pretenden con el apoyo de una mayoría parlamentaria forjada con los puestos que reparte entre las facciones que lo apoyan, modificar las reglas de juego con las que fue elegido. Es evidente que Estados Unidos, en declaraciones a través de su embajador, y el FMI apoyan este intento de autoperpetuarse en el poder al estilo de los peores dictadores. El FMI llegó hasta permitir que las reformas económicas por las cuales venía acosando, sean postergadas, para darle vía libre al trámite del proyecto de ley en el Congreso, con tal de mantener a Uribe en el poder. La aprobación de este engendro permitiría al presidente participar en las elecciones teniendo en sus manos todo el poder de contratación del gobierno, convirtiendo los comicios en una burla para la nación que se vería convocada simplemente a validar las manipulaciones de una mayoría oficialista.
Como la propuesta reeleccionista busca resucitar el referendo derrotado en las urnas, la Gran Coalición debe liderar una campaña nacional esclarecedora, de extensa cobertura, vinculada a la movilización política y social, para desentrañar sus propósitos reaccionarios y sus efectos negativos para el progreso, la soberanía, el bienestar y la paz democrática.
Reformas tributaria y pensional
La reforma tributaria repite el ciclo demencial de las anteriores. Mientras por un lado se aplica una política tendiente a la destrucción del aparato productivo nacional mediante la apertura comercial, por el otro se rebajan los salarios y se constriñe la demanda, haciendo imposible el cuadre de la finanzas públicas. Esta, como las anteriores, se fundamenta en descargar sobre los trabajadores el peso del recaudo de los impuestos, mientras al capital financiero y a las grandes empresas les dan grandes excenciones. La Contraloría encontró que “los 33.000 asalariados que declaran, liquidaron un impuesto promedio equivalente al 8% de sus ingresos, mientras que los propietarios de las empresas solo aportaron el 1,5% de los mismos”.
Además, los trabajadores y los pobres de Colombia son los principales aportantes de los impuestos indirectos, cuya incidencia en los recaudos es cada vez mayor. Dentro de las propuestas del gobierno se encuentra la universalización del IVA, atado a una supuesta rebaja de su monto, hoy en el 16%. Con el IVA se suplieron en el pasado los dineros dejados de recaudar por la rebaja de aranceles de la apertura económica, y su rebaja inicial a cambio de que cubra la totalidad de las transacciones, incluyendo los productos de la canasta familiar gravada con un porcentaje menor en principio, es una trampa. Una vez aceptada la inclusión de los productos de la canasta familiar y la universalización de su aplicación, de ahí en adelante vendrá reforma tras reforma para empujar hacia arriba el porcentaje. En Chile, por ejemplo, después de la firma del TLC con Estados Unidos, subieron el IVA al 20% en todos los productos para poder tapar el hueco que dejó la desgravación arancelaria. A las cargas tributarias se suman los demás renglones que el gobierno abandona progresivamente para dejarlos en manos de las empresas privadas, garantizándoles una ganancia de usura en el cálculo de las tarifas, por ejemplo en los servicios públicos domiciliarios.
Con la reforma tendiente a recortar las transferencias del gobierno nacional a los departamentos y municipios, las cuales van a ser reemplazadas en parte con un aumento desmesurado de la tributación regional, se intensificará el proceso de privatización de la educación y la salud y se harán depender cada vez más de los pagos o los copagos de los colombianos. En la salud, esta política neoliberal, defendida con cinismo por sus promotores, ha decretado la pena de muerte silenciosa a quienes padecen enfermedades catastróficas, por medio de la demora de cirugías, exámenes, procedimientos y drogas.
A los golpes propinados al régimen pensional de los trabajadores colombianos por los sucesivos gobiernos neoliberales, teniendo siempre presente la ominosa mano de Uribe Vélez, se suma ahora la propuesta de una nueva reforma. Los puntos propuestos incluyen la disminución de la mesadas por debajo del salario mínimo, quitar la mesada 14, rebajar el porcentaje de liquidación sobre el salario promedio de todos los años de vida laboral, unificar la edad de jubilación en 62 años para hombres y mujeres, desmontar los regímenes especiales con excepción de la fuerza pública, imponer sin excepción los requisitos de edad, tiempo y demás, eliminando expectativas probables, circunscribir los derechos adquiridos en pactos y convenciones colectivas vigentes hasta su término y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir que se pacten nuevamente, excluyendo este punto esencial de futuras negociaciones colectivas. Además, Uribe acogió complacido la sugerencia del pulpo financiero del grupo Aval de terminar con el régimen pensional de prima media y solidaridad del Seguro Social y unificarlo todo con el régimen privado del ahorro individual, entregándoles su manejo a las aseguradoras privadas. Así el gobierno haya reculado rápidamente de esta propuesta y de la de reducir las pensiones por debajo del salario mínimo, no podemos olvidar que no cejarán en su empeño hasta que encuentren un momento propicio para desempolvarlas y hacerlas aprobar.
Reforma a la justicia
Sobre la reforma a la justicia, es evidente que las garantías constitucionales que quedaron consignadas en la Constitución de 1991 le estorban a los modernos recolonizadores. Por eso, la reforma que proponen impone serias limitaciones que las convierte en letra muerta. En lo correspondiente a la reforma judicial extraemos de un documento de Asonal, lo siguiente:
1.- La tutela ya no procederá para la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en tratados internacionales o los que devienen del derecho natural. Solamente procederá para proteger los que establezca la ley. Pero cuando la tutela tenga una incidencia económica se deberá “modular” dándole tiempo a la entidad demandada a que consiga los fondos para cumplir con el fallo. Acaba con la tutela contra decisiones judiciales y con el control que la Corte Constitucional ejercía sobre ellas.
2.- Recorte a la funciones de la Corte Constitucional: la Corte sólo podrá controlar las leyes que tengan efectos “macroeconómicos” si indica cómo debe modificarse el presupuesto nacional o de dónde obtener los recursos para cumplir su fallo. La Corte no podrá decidir sobre la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción.
3.- Privatización de la justicia mediante su transformación en servicio público. Además, al darle carácter de esencial se limita el derecho a la actividad sindical, limitando y reprimiendo su funcionamiento.
4.- El artículo 22 del proyecto establece la “emergencia judicial”, por medio de la cual el ejecutivo quedaría con la facultad de expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales podrá “crear jurisdicciones transitorias, modificar las existentes y reformar los aspectos procesales contenidos en los códigos…”. Es decir, el sueño cumplido de un dictador que al amparo de una ley facistoide adquiere la autorización legal de actuar a su amaño.
5.- La reforma del Código de Procedimiento penal que restringe el derecho de defensa con el pretexto de agilizar la justicia. Además, por vía de iniciativa parlamentaria se discute el proyecto que entrega al Presidente la designación del Fiscal general, con lo que se suprime la llamada independencia de los poderes.
Para poder aplicar estas reformas, el gobierno de Uribe Vélez, completamente de acuerdo con la política de agresión y recolonización de Estados Unidos, profundiza el desmonte de los derechos democráticos mediante la aprobación, a través de una reforma constitucional del Estatuto Antiterrorista y ahora tramita la ley reglamentaria. Se marca así la tendencia dictatorial y autoritaria del gobierno, así como su complicidad con el imperialismo norteamericano cuyo personal militar y mercenarios, vinculado al Plan Colombia, goza de total impunidad.
Como ustedes pueden ver, la aplicación de la política oficial se realiza en buena medida a través de reformas constitucionales, con el fin de ponerle dificultades a su desmonte. Solamente la lucha política, la unidad más amplia y la movilización, como quedó demostrado en el caso del referendo, impedirá que arrasen con los derechos de los trabajadores y la soberanía nacional para perpetuarnos como una nación subalterna. En nuestras manos está que la Gran Coalición Democrática se consolide como el eje central de la unidad de los oprimidos de Colombia y que este gran Encuentro de organizaciones políticas y sociales le trace un rumbo liberador a la lucha de nuestro pueblo.