Encuentro Nacional de Organizaciones Políticas y Sociales, Bogotá, abril 30 de 2004
Hoy el imperialismo intenta imponer a los pueblos del mundo su avallasamiento, mediante el genocidio y la guerra, llevando a cabo una cruzada con el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”.
Con ese pretexto se procedió a invadir a IRAK y AFGANISTÁN, mientras se le brinda todo el respaldo a las acciones terroristas de Sharon en contra del pueblo Palestino. En nuestro vecindario se presenta la abierta injerencia gringa en las crisis política que atraviesa la hermana republica de Venezuela.
Colombia no es la excepción, afirma el gobierno que ¨…la violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que afronta Colombia…¨. De esta manera pretende distraer la atención de los colombianos hacia un asunto que, no obstante su gravedad, no es la principal causa de las dificultades que vive el pueblo y justificar su política de “seguridad democrática”. Los efectos económicos de la violencia muestran que las pérdidas ocasionadas son del orden de $1´269.703,5 millones, en 2001. Si comparamos este guarismo con las Implicaciones de la política económica, queda evidente que el mayor perjuicio a la sociedad lo produce el modelo aperturista. La disminución de los aranceles representa una merma anual de seis billones de pesos para el erario nacional. La pérdida de 800.000 hectáreas cultivadas significa más de nueve billones de pesos que se dejan de producir. La desindustrialización es responsable de que se hayan dejado de producir cerca de 20 billones de pesos anuales.
Mediante este subterfugio el gobierno impone el desmonte de los derechos democráticos, por medio de reformas constitucionales, como la reforma política que intenta excluir las diversas opciones opositoras del panorama nacional, el Estatuto Antiterrorista y su ley reglamentaria por los cuales, durante cuatro años prorrogables, se suspende el ejercicio de derechos básicos tales como: el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; se ordena el empadronamiento obligatorio de todos los ciudadanos; y se entregan funciones de policía judicial a las fuerzas militares. Con ello se agravará aún más las violación de los derechos fundamentales, las libertades y el debido proceso, como es evidente ya con los arrestos y allanamientos sin orden judicial, la interceptación de las llamadas y el correo, los fusilamientos de civiles por “error” en los retenes militares, el trasteo de cadáveres y la imposibilidad de investigar los hechos delictivos en zonas llamadas de conflicto y la ley de alternatividad penal que garantiza la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Se marca así la tendencia despótica y autoritaria del gobierno, un aspecto correlativo e indispensable para la imposición de la políticas económicas neoliberales, así como su complicidad con el imperialismo norteamericano cuyo personal militar y de mercenarios, que goza de mas de 800 miembros y goza de total impunidad.
El gobierno ha utilizado sin ningún recato el discurso guerrerista, que amplificado y manipulado por los grades monopolios de la comunicación, ha servido para promover de manera mediática la imagen presidencial.
El gobierno nacional ha tenido como propósito central recuperar el control territorial del país, aumentando el píe de fuerza militar y de policía y creando nuevos aparatos represivos como los llamados “soldados campesinos”, en el marco de la denominada “seguridad democrática”. El resultado ha sido que, durante este año se intensificaron los combates entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, en particular forma con la guerrilla. El impacto de esta confrontación fue altamente negativo para la población civil, inerme entre dos fuegos cruzados, lo cual ha significado que ya haya más de tres millones de personas desplazadas. De tales circunstancias han sido victimas , principalmente, las mujeres y los menores, puesto que el vinculo familiar se ha visto roto y desarraigado.
Durante la mayor parte de este gobierno, el país vivió en “Estado de Conmoción Interior”, a través del Decreto 1837 de agosto de 2002, con la mira de recuperar el control del orden público. Fue así como se establecieron zonas de rehabilitación y consolidación social en las zonas de mayor conflicto, es decir la mayoría del territorio nacional. Ello ha dado lugar a las restricciones de los derechos y libertades fundamentales, a detenciones masivas y allanamientos a gran escala y pese a que La Corte Constitucional le puso coto a esa situación, en abril de 2003, esta política se sigue aplicando y se plasma ahora en el “Estatuto Antiterrorista”.
Tampoco han conmovido al gobierno los llamados y condenas que, desde diferentes escenarios y organizaciones, ha hecho la comunidad internacional, la cual ha brindado su respaldo a nuestro país, en el marco de los convenios de cooperación. La violación de los Derechos Humanos se ha convertido en un talón de Aquiles en su empeño de sustentar su política de “Seguridad Democrática” en el exterior. Fue muy significativa la participación de 24 países, con la facilitación de las Naciones Unidas, en la reunión de Londres, en julio de 2003. Allí urgieron al gobierno nacional a la pronta implementación de las Recomendaciones, 23 y 4, para la población civil y para los grupos armados al margen de la ley, respectivamente. Además se le exigió la adopción de medidas efectivas en contra de la impunidad y del contubernio de algunos servidores públicos con específicos actores del conflicto.
Los convocantes al Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, impulsamos y respaldamos las luchas de las masas de la ciudad y el campo por sus reivindicaciones económicas, sus derechos fundamentales y las conquistas democráticas, en el marco de un proceso de acumulación de fuerzas. Entendemos que la emancipación nacional es obra de los trabajadores y el conjunto de las clases sojuzgadas y no de acciones aisladas.
Respaldamos las justas exigencias por la excarcelación de los presos políticos y por el cese inmediato de los asesinatos, la desaparición forzada y la tortura de los hombres y mujeres que luchan en el campo social y popular Reiteramos que el exterminio de los opositores es un método que atenta contra el aclimatación de un ambiente democrático y civilista. De tales procederes ha sido especial sacrificado el movimiento sindical, al cual se le persiguen sin contemplación y se le desconocen sus mas elementales derechos a la asociación, la saciación colectiva y a la huelga.
La experiencia nos indica que la utilización de los métodos represivos o los postulados “republicanos y humanitarios”’; la alternación de la tiranía militar con la civil, la represión abierta con la encubierta, el “gran garrote”, con la “zanahoria”, obedecen simplemente a la necesidad de los sectores dominantes de mantener sus beneficios y fortalecer su supremacía. En tal sentido, la aplicación de la política de “seguridad democrática”, le cierra el camino ala búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado, la cual debe darse sin injerencia de ninguna potencia extranjera y sin mancillar la ya deteriorada soberanía nacional.
La solución política del conflicto interno debe darse mediante las negociaciones entre la insurgencia y el gobierno, con base en el reconocimiento mutuo, los compromisos bilaterales y los acuerdos justos con garantías reales. En cuanto a la amnistía debe ser fruto de una negociación entre el gobierno y las agrupaciones, que en su contra, se han alzado en armas. Las transformaciones que requiere Colombia serán fruto del arduo trabajo de varios sectores y el establecimiento de un clima de controversia civilizada, es una condición previa que requiere de un pronto y cabal arreglo sobre la base de la más amplia libertad política, el respeto pleno a los derechos de los trabajadores y las garantías sin restricciones para la participación del pueblo en la búsqueda de cambios democráticos. Además, las batallas por las libertades públicas no deben diluir el decisivo problema de que por más democrático que sea el régimen, no dejará de ser el avasallamiento de la mayoría por una minoría.
La paz no significa la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de que la lucha se pueda adelantar sin acciones terroristas, en todas sus manifestaciones, como formas para resolver contradicciones ideológicas o políticas. Rechazamos el secuestro, la extorsión, al boleteo la masacre y el genocidio y la utilización que hace el gobierno de tales acciones para estigmatizar la lucha democrática y popular.
A nuestro modo de ver, estamos entrando en una fase de dictadura civil, que basa toda su legitimidad en el manejo de los medios, el sometimiento del Parlamento y la represión a la posibilidad de expresiones alternativas populares. El derecho a hablar, disentir, reclamar y exigir justicia, estará cada día más coartado. La relación entre la democracia y la lucha por profundas transformaciones económicas y sociales es dialéctica, dependiente una de la otra, pero siempre habrá una en primer plano, de acuerdo al momento político nacional e internacional. En este momento, es de suma importancia defender los derechos democráticos y la libertad de expresión, pero tendremos que resistir la nueva cascada de reformas económicas y sociales, aún si no contamos con las garantías mínimas para realizar nuestra acción política de movilización y protesta.
Llamamos la más amplia unidad por la defensa de los derechos democráticos, la solución política al conflicto y contra el terrorismo en todas sus manifestaciones.