No es una simple coincidencia que los dos diarios de circulación regional, hayan editorializado el domingo pasado sobre las dudas que ha generado, el proceso de selección, por méritos, de los candidatos a ternar para la escogencia de los gerentes de los hospitales del Huila, empezando por el del Hospital Universitario de Neiva. Y no lo es, porque ha estado plagado de irregularidades e inconsistencias que, hacen pensar que el criterio que menos pesa, es precisamente el mérito o las calidades de los participantes. Digamos, además, que no es una situación nueva: desde hace muchos años las gerencias de los hospitales se han convertido en fortines politiqueros, convertidos en instrumentos para pagar favores y fuente de turbios negocios particulares, que terminan –y esto es lo más doloroso e inaceptable–, afectando la calidad y oportunidad del servicio de salud a los usuarios.
El mecanismo de selección tiene su eje y empieza a fallar por la calidad de la institución contratada para realizar el concurso de méritos. No se busca una institución universitaria o entidad, especializadas en selección de personal profesional, sino que apelan a una de esas “universidades de garaje” constituidas, única y exclusivamente, para contratar con el Estado o para suplir requisitos de carrera en el Servicio Civil, como la capacitación de maestros, a quienes les diseñan programas que se ajusten a sus presupuestos que no a sus necesidades de conocimientos, o a estos procesos de selección exigidos por la normatividad estatal.
Las sindicaciones que se escuchan son francamente aterradoras: venta de exámenes a los aspirantes afectos al gobernante, con cifras en pesos varias veces millonarias; calificaciones amañadas en los procesos subjetivos de evaluación, tipo entrevista; estipulaciones de forma para la presentación de las hojas de vida dadas a conocer exclusivamente a los “favoritos”; etc. Todo con el objeto de acomodar los puntajes. Con una selección de administradores de este tenor, es previsible que el saqueo de las entidades de salud, en prestación de servicios, compra de suministros en medicamentos e implementos para la salud, y otros, como mantenimiento y construcción de instalaciones, esté al orden del día. Sobre todo desde que con la implementación de la ley 100, la salud maneja recursos importantes que, desafortunadamente, se han convertido en pasto de corte de la corrupción institucionalizada.
Que esta sea la directriz impartida desde el gobierno departamental y los gobiernos municipales –habrá con seguridad excepciones–, para la escogencia de quienes van a tener la responsabilidad de llevar a la práctica, la prestación de un servicio vital para la población, es prueba irrefutable de que el sistema político colombiano está enfermo de gravedad.
Mientras esto sucede, en el otro extremo de la pirámide, está la perversa y denigrante forma de contratación de los trabajadores de los hospitales: médicos, odontólogos, enfermeras, administrativos y trabajadores de servicios generales, sometidos a sistemas de contratación a través de intermediarios (ya no cooperativas de trabajo asociado sino sindicatos?), esquilmándoles los derechos prestacionales y salariales. El envilecimiento de la fuerza de trabajo: manes de la globalización.