Avanza en el Congreso de la República un proyecto de Acto Legislativo que pretende reformar la justicia, en un trámite no exento de preocupaciones si lo insertamos en el paquete de reformas diseñadas por el gobierno de Juan Manuel Santos para ajustar el país a los requerimientos del capital financiero internacional, que, en medio de la crisis y valiéndose de los Tratados de Libre Comercio, tiene a las economías emergentes compitiendo por feriar sus mercados sin ninguna regulación, ofrecer protección jurídica y fiscal a sus inversiones y, por supuesto, su trabajo y sus materias primas a menor costo.
Iniciando su gobierno, Santos aprobó en reforma constitucional el principio de sostenibilidad fiscal para definir el gasto público, un criterio que se aplica a la inversión social y el funcionamiento, pero no al pago de la deuda pública; propuso una reforma a la educación superior con el despropósito de incorporar el ánimo de lucro en la educación y permitir el ingreso de universidades extranjeras; ante el fracaso del modelo de intermediación financiera en salud, pretende aprobar una reforma dirigida a fortalecer el monopolio de las EPS en vez de eliminarlas, como lo han solicitado expertos en la materia. En pensiones, quiere una reforma que aumente la edad de jubilación y la cotización y disminuya la mesada, pero que no limite la especulación financiera de los fondos de pensiones. Son todas iniciativas que, ante la falta de concertación, han concitado el rechazo de quienes se verían afectados directamente con ellas. Lo prueba, entre otras, la movilización estudiantil de 2011.
Algo similar ocurre con la reforma a la Justicia, impuesta a la Rama Judicial y que ha generado un choque de trenes entre las ramas del poder público, enfrentando al Gobierno y el Congreso con las Altas Cortes y demás actores sociales de la administración de justicia: jueces, magistrados, empleados, fiscales, defensores públicos, investigadores judiciales, abogados, profesores, decanos y estudiantes, quienes se han agrupado alrededor del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia y han convocado a la ciudadanía a rechazar la mencionada reforma, alrededor de la siguiente carta de principios:
-Defensa de la independencia de la justicia.
-Defensa de los principios del debido proceso, el juez natural, la igualdad en el acceso a la justicia y su gratuidad y de los afectados en el proyecto de reforma por la propuesta de desjudicialización.
-Asignación presupuestal suficiente para garantizar en forma permanente, eficaz, efectiva y eficiente la administración de justicia como servicio público.
-Creación de una Colegiatura de Abogados obligatoria, como una forma de otorgarle facultades autónomas a la profesión y para que sea este organismo el que adelante las investigaciones disciplinarias por faltas a la ética profesional y expida las tarjetas profesionales.
-La garantía del principio del mérito para el acceso a todos los cargos de la Rama Judicial.
La confrontación entre las ramas del poder público dejó al descubierto los dos propósitos estructurales de la reforma a la Justicia, que se pueden analizar así:
Descongestión y desjudicialización: La congestión judicial se ha convertido en el tema-bandera de la reforma a la Justicia desde la administración de Álvaro Uribe Vélez. Con una mirada unidimensional, el Gobierno nacional ha entendido que la solución está en sacar procesos de los juzgados y por ende de la Rama Judicial, trasladando las funciones jurisdiccionales a actores privados como notarios, abogados, centros de conciliación y árbitros, que responden a intereses particulares, así se reconozca que ejercen funciones públicas. Es una lógica tan absurda e irresponsable como si se propusiera que, para resolver la crisis del sistema de salud, el Estado trasladara pacientes de los hospitales al consultorio del Indio Amazónico, como explicaba el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en un foro.
De esta manera el gobierno nacional abre las puertas a un proceso de privatización de la administración de justicia, en virtud de la cual, al ser operada por particulares, la ciudadanía no solo no contará con un funcionario capacitado y experimentado, sino que deberá pagar por el acceso a la solución de sus conflictos. Y se evade además una verdad de Perogrullo: que para resolver el problema de descongestión se necesitan más jueces y mejores herramientas, tanto tecnológicas como prácticas, lo cual exige una mayor asignación presupuestal para la Rama Judicial.
El proceso de desjudicialización o privatización de la justicia, a pesar de la insistencia del gobierno en presentarlo como una medida temporal y transitoria, con la creación de la Comisión Especial encargada de presentar un informe anual de recomendaciones de procesos que deben salir de la rama judicial, se vuelve permanente y sistemático, lo que se traduce en un paulatino cierre de juzgados que pone en vilo la estabilidad laboral de los empleados de la Rama.
Independencia judicial: No menos cuestionable ha sido la composición de dicha Comisión Especial. De 12 integrantes, 8 no son de la Rama Judicial sino del Ejecutivo, el Legislativo y los organismos de control, poniendo en riesgo la independencia de esta rama del poder público, que sumada a la intervención del Ministro de la Justicia y el Procurador General de la Nación en la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, resquebraja la teoría de tridivisión del poder que caracteriza a un Estado de Derecho.
Lo anterior se suma a las minirreformas políticas incorporadas en el proyecto que debilitan la Rama Judicial rompiendo el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que ha caracterizado la tradición republicana del país para proteger a la ciudadanía de la arbitrariedad del Estado. En dicha lógica están las medidas dirigidas a sacar las investigaciones que está adelantando la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y altos funcionarios del Gobierno Nacional para trasladarlos a dos nuevas corporaciones que se crearían. O excluir a la Rama Judicial de su potestad nominadora de los organismos de control, dejándola en el Ejecutivo y Legislativo, que nombrarán a quienes los investigarán. O la reforma del Consejo Superior de la Judicatura que incluye la eliminación de su Sala Administrativa y el fortalecimiento de su Sala Disciplinaria, casualmente la única de origen político (nombrada por el ejecutivo y el legislativo) de la Rama Judicial.
La descongestión judicial no requiere a priori una reforma constitucional. ¿Por qué entonces tanta insistencia en imponerla? Porque se busca privatizar la administración de Justicia, concentrar el poder en el Ejecutivo, favorecer la impunidad del Legislativo y debilitar la Rama Judicial. Por ello es más que justo el llamado de las Altas Cortes y del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia para que se haga un alto en el trámite legislativo del proyecto, a fin de iniciar uno concertado con todos los actores sociales de la justicia. Con la consigna “paremos la reforma que deforma la justicia”, la jornada de movilización programada para el 22 de marzo es más que necesaria.