He visto, como muchas personas en el mundo, el video donde queda en evidencia el brutal atropello que cometió la Policía Nacional contra los indefensos y pacíficos campesinos y pescadores que se hallaban asentados en inmediaciones del proyecto eléctrico El Quimbo. Lo he visto una, dos, tres y más veces, y las imágenes me generan, cada vez, mayor indignación. No puede ser que la política proimperialista de arrodillamiento ante el capital trasnacional, propugnada por el gobierno nacional haya trastocado tanto los valores. Que a un reclamo justo, ejercido de manera pacífica, la institución encargada de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos colombianos –como que somos los nacionales de este país quienes con los impuestos pagamos el funcionamiento de esa institución–, responda utilizando la más burda y salvaje violencia, para defender el interés mezquino de una multinacional extranjera. Pero, que además el mismísimo presidente de la república –o republiqueta bananera–, Juan Manuel Santos, salga a justificar la tropelía con el supino argumento de que el protocolo utilizado por la policía se apega a las normas de respeto de los derechos humanos (¿?), lo único que prueba es la ignorancia o la mala fe del primer funcionario del país frente al tema.
Este hecho, como muchos otros que a diario suceden, de violación de los derechos legítimos de ciudadanos colombianos de hacer uso para su beneficio y disfrute de la territorialidad nacional y sus riquezas, es la consecuencia de la pérdida de rumbo del país. Hace ya 20 años, la oligarquía que detenta el poder del Estado, abrazó el credo neoliberal y llevándolo al extremo, impuso el principio capitalista de que todo se vende y todo se compra. Así desde el agua hasta el aire, pasando por las riquezas naturales, la salud, la educación, los servicios públicos, las comunicaciones, la tierra cultivable, el mercado interno…, se han venido entregando al voraz capital monopólico nacional y extranjero. Únicos y reales beneficiarios de la explotación de esas riquezas, porque al pueblo colombiano le reservan las migajas de subsidios de hambre con los que apaciguan su indignación.
Los huilenses ya sufrimos un primer cercenamiento de nuestro territorio y del libre derecho al disfrute del rio de la patria, el rio Magdalena, con la construcción de la represa de Betania. No olvidamos que una región rica en tierras, cultivos y ganado, comprendida por los municipios de Yaguará y Hobo, fueron literalmente acabados, reducidos a la más espantosa miseria, sin que recibiéramos la compensación adecuada. Ahora nos van a repetir la dosis con El Quimbo, que va a sumir en el atraso al corazón del Huila. Vamos a cambiar miles de hectáreas productivas por las míseras contribuciones de la generadora de energía, con el agravante de la pérdida permanente de miles de empleos. Es de verdad, como dicen los protestantes, un negocio chimbo.
La defensa del territorio es una de las obligaciones de los auténticos patriotas. Esa fue la herencia que recibimos de los próceres que gestaron la independencia de la nación. Bolívar, Santander, Sucre, Nariño, Córdova, Ricaurte…, deben estarse revolcando en sus tumbas ante las afrentas contra la dignidad nacional. ¡Es hora de ponernos en pie!