El tiempo pasa más rápido de lo imaginado; van más de dos décadas de aplicación del modelo neoliberal que convirtió los derechos fundamentales y esenciales de los colombianos en filones de oro para sus comerciantes. Hoy los estragos se sienten sobre los hombros de sus usuarios, se pagan tarifas casi que inaccesibles y los servicios públicos siguen siendo tan deficientes como cuando eran públicos.
Para montar estos negocios nos vendieron la idea de que lo público era corrupto, lento, politiquero y clientelista, mientras que lo privado, transparente y eficiente. No tengo nada en contra del sector privado; tiene derecho constitucional a ser protegido en sus negocios. Sin embargo, hay categorías estratégicas, entre ellos los derechos fundamentales y servicios públicos, que por su importancia para la Nación y sus ciudadanos, deben ser suministrados por el Estado.
Todavía recordamos cómo a “sangre y fuego” fueron privatizados la mayoría de los servicios públicos esenciales de la ciudad: comenzaron con los puertos, armándole un gran negocio a una Sociedad que además de haber abaratado la mano de obra mediante la tercerización laboral, hoy paga unos ínfimos impuestos a la ciudad, atesorando inmensas utilidades; el mismo modelo urdieron contra el astillero Conastil y la productora de sal, Alcalis; después vinieron por los servicios públicos y en una refriega golpearon a los trabajadores en la propia sede del consulado de España, para proceder a liquidar a las Empresas Públicas Distritales, acusadas de ser “una cueva de Rolando” de la corrupción y el clientelismo. De esta última decisión política –hace casi 17 años- nace la privatización del suministro de agua y alcantarillado.
En un documento, en su función de advertencia, el Contralor Distrital, Hernando Sierra Porto, pidió la revisión del contrato de concesión que el municipio de Cartagena tiene con Aguas de Barcelona y otros socios minoritarios, el cual dio origen a la empresa Aguas de Cartagena, entidad creada mediante Escritura Pública 5427 de 1994 y reformada en las Escrituras 2399 de 1995, 3138 de 1998, 961 de 2003, 1125 de 2005 y 1677 de 2009. Según el Contralor, existe un beneficio económico a favor de los accionistas clase B y C, “que potencialmente excede la recuperación de capital pactado, en los últimos 16 años, en $6.314 millones” –sic-. Aclara el Contralor que los socios clase B y C corresponden a Aguas de Barcelona, con 46% de acciones y minoritarios, con el 4% -como ex trabajadores de las Empresas Distritales en Liquidación-, que mantienen intacto el capital que aportaron y reciben utilidades anuales que sobrepasan en promedio los 5.000 millones de pesos. Esto nos llevaría a concluir que durante el contrato se han ganado cerca de $100 mil millones.
El Contralor informó a los medios de comunicación que “los accionistas B y C aportaron como capital $2.000 millones en 1995 y en 1998 colocaron $2.650 millones como capitalización. A nuestro juicio, en estos momentos los accionistas B y C ya no poseen el capital ni la participación accionaria que tenían cuando se constituyó la empresa. Además de lo que Aguas de Cartagena ha devuelto a los accionistas a través del Fondo de Recuperación de Capital, la empresa liquidó utilidades por valor de $75.216 millones. De estos recursos, el 50% se le han pagado al Distrito, el 46% a Aguas de Barcelona y el 4% a los otros socios minoritarios”, dijo Sierra Porto.
Éste es un tema que debe abordar el nuevo Contralor Distrital, Mario Andrés Feliz Monsalve, con los objetivos de: identificar y divulgar las utilidades acumuladas de Aguas de Cartagena en estos 16 años de privatización y aclarar las cuentas sobre la entrega de dividendos a los accionistas; pero además, el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán Dix y su Concejo deben abordar el tema sobre la necesidad de que la administración de esta empresa regrese al Distrito, como una forma de redistribuir las utilidades en la población, hacer menos onerosas las tarifas y construir una Cartagena con más equidad social.
¡Lo público también puede ser transparente y competitivo; ejemplo: Empresas Públicas de Medellín, con utilidades anuales cercanas a $1 billón redistribuidas en la población!