Rafael Espinel Páez, Presidente de la LIGA USPD, Comisión Sexta del Senado, diciembre 9 de 2003.
Señor presidente Edgar Artunduaga Sánchez, señor vicepresidente Luis Emilio Sierra Grajales, honorables congresistas, Invitados especiales, señoras y señores:
Como presidente de la Liga DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS reciban un cordial y fraternal saludo y mis agradecimientos a los Honorables Senadores doctores Edgar Artunduaga Sánchez, Ramiro Luna Conde, Hernán Andrade Serrano, por su invitación a este gran debate. Y un saludo a mi paisano el Honorable Senador Guillermo Chávez
El tema de los servicios públicos domiciliarios hoy es muy sensible en el país; los usuarios de todos los estratos están siendo agobiados por las impagables tarifas de los servicios públicos domiciliarios, pues cada vez que el usuario oye el deslizar de los recibos por debajo de la puerta, siente un escalofrío correr por su cuerpo, porque muchas veces hay que dejar de comprar mercado para poder pagarlos.
En la Constitución de 1991, según el artículo 365, quedó consagrado que los servicios públicos: “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por las comunidades organizadas o por los particulares”. Y gracias a quedar incluida en la Constitución la palabra “particulares”, esto hizo que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se volviera un negocio y se rigiera por la máxima ganancia. Según las estadísticas, en los últimos 2 años las tarifas en promedio han aumentado más del 200 % mientras el salario mínimo sólo lo a hecho en menos de 15% en el mismo periodo.
En la ley 142 de 1994 quedó consagrado el control social por parte de los usuarios; y su decreto reglamentario 1429, de 1995, en su artículo 1º. dice: “Deber de conformación de los Comités de Desarrollo y control social. Con el objeto de organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter privado, oficial o mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios”. Sin embargo, el subíndice H) del artículo 12º. borra con el codo lo que se hizo con la mano en él articulo 1º, porque los vocales de control solo pueden participar en las Juntas Directivas de las empresas oficiales. En una de sus funciones reza: “ Ser miembro, de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios del orden municipal, o del comité de estratificación local, cuando sea designado por el Alcalde”. Y como todas las empresas se están privatizando, el control social está quedando en letra muerta, como corresponde a la famosa, pero inoperante “Democracia Participativa”.
Por lo tanto, las empresas hacen y deshacen con los usuarios. Facturan: costos y sobrecostos, inversiones necesarias e innecesarias, ganancias del 14%, impuestos, el funcionamiento de las comisiones de regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos, y cargo fijo en el caso del agua, el aseo y las comunicaciones.
Actualmente hay casos, en que sin necesidad cambian los medidores y las acometidas, todo esto con la autorización de las comisiones de regulación y con la vista gorda de la Superservicios, que realmente parecen estar más para defender las empresas que a los usuarios.
Y las escasas reglamentaciones que les sirven a los usuarios, no las hacen cumplir. Para la muestra un botón: en la SUPERSERVICIOS duermen más de 23.000 silencios administrativos y tres veces más subsidios de apelación. Y hay reclamos que demoran más de tres años para ser contestados.
Lo anterior es grave, pero lo que viene es peor: el documento de negociación sobre servicios públicos incluido en el ALCA y /o el Acuerdo Bilateral con Estados Unidos así lo demuestra.
El calvario ya comenzó, el presidente Uribe Vélez logró aprobar mayoritariamente por el Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo, lo siguiente: “ El gobierno continuará con la promoción de la participación del sector privado en los servicios públicos domiciliarios”… “ Se ajustará el sistema tarifario y de subsidios para que incentive la inversión”…“El esquema actual de subsidios y contribuciones no es sostenible”…“actualizar tarifas solo bajo criterio económico” y “las contribuciones de los sectores industriales y comerciales se harán a tarifa plena”.
En la liga creemos que este negro panorama podemos cambiarlo mediante LA UNIDAD Y RESISTENCIA CIVIL. Es decir, con educación, organización y movilización de la mayoría de usuarios del país; así lograremos conseguir más temprano que tarde que los servicios públicos vuelvan a ser prestados sin ánimo de lucro. Pero a corto plazo no debemos permitir mas iniquidades por parte de las empresas prestadoras de los servicios.
Es recomendable continuar el debate, abordando por separado cada servicio; hay mucha tela para cortar. Por ejemplo: en el caso de las basuras, las resoluciones 233, 236 y 247 de la CRA con relación a los multiusuarios son de aplicación muy difícil, y en lo del reciclaje está todo por verse.
Finalmente, me permito recordar: el agua, al igual que el oxígeno, es un elemento vital; hoy hay guerras por el petróleo, y si el agua sigue dejándose a las fuerzas del mercado, pronto vendrán los conflictos bélicos por ésta. Por lo tanto, comencemos ya a crear conciencia: EL AGUA DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD. ¡Colombianos, digámosle al mundo entero: EL AGUA DEBE SER PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD!
Muchas gracias.