En la última asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF, el presidente de su Consejo Directivo, el banquero Luis Carlos Sarmiento, dedicó su discurso de instalación a analizar –desde su particular punto de vista– los problemas de la justicia colombiana. Mencionaba Sarmiento que ya en la asamblea de ANIF de octubre de 2008, se había abordado el tema porque “…resultaba indispensable lograr el cometido institucional y operativo de volver realidad la aplicación de una ‘pronta justicia’, en todos los frentes de la vida nacional.” Más adelante recordaba que el artículo 228 de la Constitución Nacional “estipula que ‘los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado’.”
Luego de hacer observaciones sobre la morosidad de la rama porque “…en los procesos judiciales que se ventilan en Colombia, no se cumplen los términos previstos en los códigos de procedimiento casi nunca.” Termina destapando la razón de fondo de sus preocupaciones: “Todo esto influye muy negativamente en la credibilidad del sistema y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.” Para quién aún tenga dudas de la verdadera preocupación de los banqueros en la justicia, leamos las citas que trae Sarmiento del reporte “Doing Business” del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional: “En referencia al sistema judicial colombiano, allí se señala que: ‘…es cierto que cuando los demandados se benefician de las demoras del sistema judicial, los incumplimientos de los contratos pueden hacerse más frecuentes, y las opciones de lograr un acuerdo se tornan más escasas’ y ‘Por todo ello, un cumplimiento eficiente de los contratos es esencial para la inversión, el comercio y el crecimiento económico’.”
He citado a espacio al señor Sarmiento porque a primera vista pareciera que las preocupaciones de los banqueros fueran similares a las de millones de colombianos a quienes alarma la ineficiencia e ineficacia de la justicia, a la que no solo caracteriza la impunidad más aberrante, sino que “solo se aplica a los de ruana”. A los millones de colombianos que vemos la inoperancia de la ley de justicia y paz, hecha para validar la total impunidad en crímenes de lesa humanidad, lo que igualmente sucede en los “falsos positivos”; o la incierta implementación de la ley de tierras, que supuestamente fue diseñada para recuperar los millones de hectáreas que fueron robadas, mediante la violencia y la manipulación de títulos de propiedad, a millares de familias campesinas, hoy desplazadas de sus lugares de origen. O en tantos temas de derechos fundamentales en salud, educación, vivienda, servicios públicos…, donde el gran capital abusa de la indefensión de los más pobres e ignorantes. Pero no, lo único que preocupa a los banqueros del sistema judicial es que no preserve con prontitud sus derechos en los pleitos que instauran contra los miles de colombianos a quienes extorsionan con sus créditos usurarios.
Afirmaba, Ramiro Bejarano, en reciente columna que “…las gentes del común ignoran que los bancos y entidades similares son los mayores demandantes en el país, pues representan un 80% de los procesos que se vienen tramitando.” ¡Eureka!