Universidad Surcolombiana, Asamblea Permanente de estudiantes, profesores y trabajadores; Neiva, diciembre 1 de 2003
Tras 15 días de Asamblea Permanente y airadas protestas de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Surcolombiana, el Consejo Superior impone su decisión de nombrar rector sin consultar a la comunidad universitaria que valientemente enarbola la bandera de la elección democrática directa. A pesar del vehemente rechazo, el Consejo Superior persiste en la autocracia y el autoritarismo sobre las aspiraciones progresistas de una comunidad académica de más de 10.000 integrantes. María Moliner define autocracia como el “Gobierno despótico ejercido por una sola persona”, en nuestro caso el Consejo Superior; y autoritario término «Aplicado a personas y gobiernos y a su manera de actuar, inclinado a imponer su voluntad. Se aplica al gobierno o persona que gobierna o dirige sin dejar a otros participar en sus determinaciones. Déspota”. Pues bien, este es el carácter de la determinación adoptada con la intervención directa del Ministerio de Educación a través de su delegada y del viceministro. Y con los votos de sus peleles: Guillermo Amézquita, delegado del gobernador; Armando Ariza, representante del sector productivo; Eduardo Corredor, de los egresados; y Efraín Jiménez Ditta, del Consejo Académico. Infortunadamente la decisión ha sido refrendada en reunión subsiguiente por Hugo Tovar Marroquín, representante del presidente Uribe. Y cayeron en la ingenuidad o en la astucia de avalarla Luis Humberto Alvarado, representante de los ex-rectores, y paradójicamente Miguel Cristancho, representante de los profesores. Solo mantiene una posición firme y digna en defensa de la democracia el representante estudiantil William Martínez.
El acuerdo expedido establece que “la designación se realizará con participación de los estamentos: docente, estudiantil, directivos académicos, egresados, exrectores y sector productivo, cada uno de los cuales presentarán máximo dos (2) aspirantes seleccionados democráticamente mediante consulta estamentaria”. Consideramos que este procedimiento aprobado para la designación de rector, además de antidemocrático, constituye una farsa. Doce aspirantes presentados bajo el sofisma de la ‘selección democrática’, exceptuando al del sector productivo que se deja en plena libertad de escogencia, para que el Consejo Superior seleccione a su amaño apelando a los consabidos conciliábulos y prebendas entre sus miembros para imponer al candidato oficial o de su preferencia. Por tal motivo, convocamos de inmediato a la desobediencia civil y a la abstención activa. Declaramos que no participaremos en esa artimaña y desarrollaremos una labor persuasiva para que la comunidad universitaria se abstenga de manera consciente de intervenir en este engaño autoritario.
Falazmente el Consejo Superior, en comunicado firmado por el viceministro Javier Botero Álvarez, se atreve a aseverar que la reforma de los estatutos se efectuó “con la participación de la comunidad académica mediante la presentación de propuestas, las cuales fueron tenidas en cuenta y debatidas ampliamente, de forma tal que en la conclusión final se conjugaron los planteamientos realizados”. Argumento absurdo para desconocer la solicitud de revocatoria del acuerdo, que suspende la participación democrática para la elección de rector, respaldada por más de 3.500 firmas y la marcha por las calles de la ciudad que superó los 2.500 manifestantes.
La disposición adoptada responde a la política de recuperación de la gobernabilidad emprendida por el gobierno autoritario de Uribe. Hace parte de las políticas educativas neoliberales que por imposición de los Estados Unidos y de los organismos multilaterales a su servicio –FMI- se vienen implantando en el país. Consiste en tener el control centralizado del gobierno de turno sobre los órganos e instancias de dirección de las universidades –excluyendo la participación democrática de la comunidad académica por considerarla causante de interferencias- para allanar el camino a la implementación de medidas tales como: el recorte presupuestal que trae consigo la política de ajuste fiscal, la imposición de criterios gerenciales y eficientistas para el manejo y racionalización de los precarios recursos asignados, la financiación a la demanda mediante el incremento de matrículas compensadas con crédito educativo, la ampliación de coberturas con menores recursos, la negociación de los servicios educativos bajo los preceptos del ALCA y el TLC que culminará la conversión de la educación de derecho social y obligación del Estado en negocio y bien transable en el libre mercado. En fin, todo el paquete de medidas neoliberales que han arrasado con las instituciones del Estado y el patrimonio nacional y que igualmente amenazan con liquidar la educación pública, altamente privatizada ya que apenas cubre el 30% de la demanda educativa como resultado de la liberalización y apertura al mercado que estableció la Ley 30/92.
Los universitarios también nos hemos levantado contra la corrupción, el clientelismo y la politiquería barata que tiene académicamente postrada a nuestra alma mater. Resultado funesto de las componendas entre miembros del Consejo Superior y el equipo directivo de la USCO durante las últimas administraciones en las que las ‘roscas’ se han apoderado de la institución para despilfarrar y lucrarse de su presupuesto que asciende a 34.000 millones de pesos, para favorecer a sus amigos y clientelas a quienes incorporan a la frondosa burocracia a través de la creciente nómina paralela. Esta situación ha alcanzado límites insospechados en la rectoría de Eduardo Beltrán, un advenedizo sin trayectoria ni prestigio académico, y sus áulicos a quienes solo les interesa seguir aferrados al cargo. El actual rector, por ejemplo, ha ejecutado contratos de obras civiles de carácter suntuario, de poco o nulo impacto académico, superior a los 1.200 millones de pesos en un escaso lapso de seis meses, mientras se lo sindica de numerosas irregularidades y presunto enriquecimiento ilícito. Despilfarro, malversación y favorecimiento constituyen la nota predominante, situación que reveló el debate efectuado al actual rector en la Asamblea Departamental y que puso en evidencia serias irregularidades en el manejo de los recursos que aportamos los contribuyentes.
La designación de rector con bajo perfil académico por parte del Consejo Superior no conduce a superar los problemas presentados en este proceso, ni a enderezar la desacertada dirección de la institución y el ineficiente manejo de sus recursos. Por el contrario, exacerbará la disputa de los politiqueros de turno y de los corruptos que la acechan para lucrarse de su presupuesto y recursos. Contra ello estudiantes, profesores y trabajadores continuaremos desarrollando nuestras expresiones de resistencia civil y persistiremos en la lucha por recuperar la institución para el desarrollo de su misión académica y científica al servicio de la región y del país.
Finalmente reiteramos nuestro categórico rechazo al golpe asestado a la democracia y comunicamos la decisión de continuar en asamblea permanente. Asimismo llamamos a participar de las tareas programadas en defensa de la educación pública, contra las políticas educativas neoliberales y la paulatina privatización de la educación superior; a fortalecer las organizaciones, incrementar nuestros esfuerzos y mantenernos vigilantes para afrontar las medidas que se vienen. Seguimos enarbolando, como una aspiración indeclinable, la bandera de la democracia, que pondremos más en alto hasta recuperarla plenamente para la Universidad Surcolombiana. Estamos convencidos de que el retroceso al autoritarismo y el predominio de la corrupción y la politiquería no son perennes.
HERNANDO GUTIERREZ HOYOS
Presidente ASPU-Huila
HECTOR IVAN RAMIREZ
Presidente SINTRAUNICOL
RAFAEL PICON BONILLA
Presidente CSE
JORGE WILLIAM MARTINEZ
Representante estudiantil al CSU