Valledupar, Septiembre 17/03

Señoras:
HIMELDA MARTÍNEZ ZULETA.
Vice-Ministra de Educación.
ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ
Vice-Ministra de Cultura.
BOGOTÁ.

Cordial saludo.

Acusamos recibo de la invitación que nos cursan, fechada 3 de septiembre del presente, pero recibida vía fax el 17 de este mes a las 04:13 p.m., para que asistamos este jueves 18 de Septiembre al Consejo Sectorial de Educación, Cultura y Deporte, presidido por la señora Ministra de Educación Nacional, Dra. Cecilia María Vélez y por la señora Ministra de Cultura, Dra. María Consuelo Araujo y que contará con la presencia del Gobernador y de los Alcaldes del Departamento del Cesar.

Como se reseña en esta misiva, el objetivo del evento es dar a conocer al departamento, las orientaciones de políticas de los ministerios de Educación Nacional y Cultura del actual gobierno y escuchar con atención la opinión de los representantes de cada sector.

Dadas las limitaciones de tiempo y espacio que se señalan en el susodicho documento, para confirmar nuestra asistencia, le inquirimos a los responsables de la organización del evento en Valledupar, sobre la temática y la metodología del desarrollo del consejo, para establecer si se ofrece la suficiente garantía de tiempo para expresar a nombre del magisterio del Cesar nuestra opinión sobre lo lesivo que ha sido para el magisterio y para la educación pública en el Cesar y Colombia, la implementación de la Revolución Educativa de Uribe.

Al planteársenos que la agenda a desarrollar, había sido elaborada previamente por el Ministerio de Educación, tanto en su temática como en su metodología, en donde se establece, que los puntos a tratar, girarían solamente alrededor de: Etno-educación, Música, Bibliotecas públicas y situación del magisterio, para lo cual se realizarían unas mesas de trabajo y una plenaria en la que las intervenciones se harán en un tiempo máximo de un minuto medio. Siendo así queda claro, que los consejos comunitarios y sectoriales que viene desarrollando este gobierno, se enmarcan dentro la publicitada política de democracia participativa, sobre la que mantenemos una posición crítica por su significado y alcance, sustentada en razones históricas y políticas ya que han servido para imponerle a la población a nombre de la democracia durante esta larga década de neoliberalismo la prolongación del modelo que ha acentuado la pérdida de la soberanía económica, el arrase de las conquistas laborales y los derechos democráticos del pueblo, sobre todo en estos consejos en donde se platica sobre lo divino y lo humano, se da la sensación de que se escucha con atención las inquietudes de la comunidad y una vez terminados éstos, no se cambia un ápice la aplicación de la política oficial.

Esta política educativa, contemplada en el acto legislativo 01 del 2001, la ley 715 tiene como propósito el recorte de los recursos para financiar la educación pública, con lo cual se privatiza este servicio; para la consecución de este objetivo, se recurre a la expedición de una andanada de decretos reglamentarios dando inicio al proceso sistemático de reestructuración de las plantas de personal docente y administrativo del sector educativo, tal es el caso del nuevo estatuto docente y los decretos 1850 y 3020 del 2002, en virtud de los cuales se doblaron las jornadas y la carga laboral; se impusieron más obligaciones por menos salarios a docentes y directivos y se dio vía libre a la masificación y hacinamiento de estudiantes en aulas e instituciones, a la ves que se obvió el nombramiento de los reemplazos para los más de 30 mil maestros que se han retirado en los tres últimos años, además, de la reciente expedición del decreto 2582, sobre evaluación sanción, para docentes y directivos docentes y el paquete de proyectos que están próximos a firmarse por parte del Ministerio de Educación sobre traslados discrecionales, escalafón docente que en la práctica niega los ascensos, el de zonas rurales de difícil acceso que elimina los estímulos a los docentes que laboran en estos lugares, el de fijación de costos de matrículas, pensiones y derechos académicos, que profundiza el proceso de privatización de la educación, el de los concursos para el nombramiento de nuevos educadores que en la práctica niega este derecho y el de la certificación de los municipios con menos de 100 mil habitantes, es decir todos los municipios de Colombia con lo cual se consigue el desvertebramiento absoluto de la educación Colombiana y el gobierno central se quita la responsabilidad de la prestación del servicio.

En nuestro departamento, lo anterior se refleja en la aplicación del segundo capítulo de los planes de reestructuración que pretende:

– Reducir la planta de personal en más de 700 maestros.

– Hacinar los estudiantes en las aulas de clases.

– Negar la vinculación de los docentes y administrativos de OPS.

– Impedir la ampliación de la cobertura escolar.

– La ausencia de planes de capacitación docente, de alto nivel, en cada una de áreas del saber.

Además de:

– La no cancelación de las deudas contraidas con el magisterio del Cesar, por concepto de mejoramiento académico, ascensos, horas extras, subsidio familiar, 707, OPS, entre otras

– El reiterado atraso en los pagos de salarios a los docentes, que nos lleva a desarrollar mes tras mes actividades de reclamación ante la desidia de las autoridades del departamento y del municipio de Valledupar.

– El pésimo estado de las plantas física en la mayoría de las instituciones educativas, acompañada de la carencia de pupitres, así como de materiales y recursos didácticos, especialmente salas de informática, acceso a Internet, bibliotecas, laboratorios, mapotecas, salas de ayudas audiovisuales, canchas y elementos deportivos, etc. Todos ellos factores indispensables para elevar el nivel de la calidad educativa en el departamento, tan duramente cuestionada hoy, de los cuales solamente el estado es responsable y no el maestro.

Estos, son apenas algunos de los aspectos que contiene la problemática educativa nacional y departamental que a nuestro criterio, no hubiésemos podido expresar en el evento al que nos invitan, por las limitaciones de la temática y el escasísimo tiempo que se ofrece para exponerlos y mucho menos lograr que el clamor de los maestros del Cesar sea atendido, dada la proclividad de este gobierno a darle cumplimiento a los mandatos del F.M.I. por encima de los intereses de nuestra nación.

ASOCIACION DE EDUCADORES DEL CESAR

FRANCISCO RINALDY ROBLES
Presidente

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