La sección primera del Consejo de Estado declaró inconstitucional la figura de las vigencias futuras excepcionales el pasado 17 de julio al confirmar una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare que había declarado en el año 2010 la ilegalidad de una ordenanza, mediante la cual se decretaron vigencias futuras excepcionales más allá del periodo del gobernador de ese departamento. El más alto tribunal administrativo del país reiteró la necesidad de respetar la reserva de ley de las normas orgánicas del presupuesto y que, en consecuencia no es la ley del Plan de Desarrollo el instrumento para introducir normas relativas a vigencias futuras excepcionales para el nivel territorial.
Por su parte la Contraloría General de la Nación celebró el fallo señalando que las vigencias futuras excepcionales no están contempladas en la Ley Orgánica del Presupuesto hoy vigente en Colombia y que, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de financiamiento hasta tanto el Congreso de la República no proceda a introducirlas en dicha ley. Por esos motivos, las operaciones que se hayan ejecutado en contravía de estas directrices y normas superiores pueden generar graves responsabilidades de sus ordenadores de gastos (alcaldes y gobernadores) y corporaciones que las hayan aprobado (concejos y asambleas).
El fallo de última instancia del Consejo de Estado va a traer consecuencias delicadas para Barranquilla y el departamento del Atlántico. El doctor Jorge Vergara, presidente de la ONG Cívicos en Acción venía denunciando esta situación de tiempo atrás, precisando que el alcalde distrital Alejandro Char había hecho uso de las vigencias futuras excepcionales en proyectos aprobados por el concejo distrital como el corredor portuario, la canalización de los arroyos y la continuidad del Transmetro por un monto superior a los 800 mil millones de pesos.
Otros proyectos con recursos provenientes de vigencias futuras extraordinarias están relacionados con los megacolegios, los cuales fueron aprobados por la corporación edilicia sin el respaldo del concejal del PDA Rafael Sánchez. Las comunidades educativas y los sindicatos de docentes ADEA y ADEBA rechazaron tajantemente que estas infraestructuras educativas, construidas y dotadas con recursos de todos los colombianos, fueran entregadas al lucro del sector privado pignorando cuantiosos recursos de alrededor de cien mil millones de pesos durante doce años para pagarles a las fundaciones particulares más de un millón de pesos por niño al año. En el distrito de Barranquilla, hasta el día de hoy, están funcionando cinco megacolegios, a saber: Santa María (3.600 estudiantes, Las Flores (más de mil), Olguita Emiliani (3000), Lipaya (2.880) y las Cayenas (6.000). En el departamento del Atlántico, la Asamblea aprobó vigencias futuras excepcionales para el megacolegio de Galapa por más de 21 mil millones de pesos durante doce años, con el voto negativo de la diputada polista Nestar Franco de Ferrer.
El momento es propicio para que las fuerzas vivas de Barranquilla y el Atlántico exijamos a las autoridades respectivas que estos megacolegios pasen a ser administrados directamente por el Estado y en esta forma avanzar en la defensa de la educación como derecho fundamental, con adecuada financiación estatal, gratuita y de alta calidad, frenando la funesta política de privatización que tanto daño le hace al progreso social.