Mientras que está pendiente la sanción presidencial del denominado Estatuto Anticorrupción, que resulta ser, como otras normas de control, cantos a la bandera con los que los gobiernos promotores de la concentración de la riqueza, maquillan su imagen para dar la impresión de promover la pulcritud y la democracia en el manejo de los asuntos de la contratación pública, se discuten o se sancionan iniciativas legislativas que se convierten en fuentes de donde se alimentan las más refinadas prácticas de la corrupción.
La Ley 80 de 1003 y la Ley 1150 de 2007, que son las normas que rigen la contratación pública, están adornadas con calificativos de transparencia y eficiencia, sin embargo al tenor de ellas se han desatado todo tipo de actos de defraudación del erario público. Pero sin duda una de las condiciones que ha generado los eventos de mayor latrocinio contra los recursos de la comunidad, ha sido los procesos de privatización de responsabilidades del Estado, que dejaron de ser monopolio de este, para convertirse en monopolio privado, nos referimos especialmente a la entrega de la atención en salud y la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
En salud recientemente han sido documentados los cobros múltiples al FOSYGA y los precios exorbitantes de medicamentos atendidos por las EPS. Los casos de negociados en el servicio de aseo y alumbrado público entregados en concesión a particulares se multiplican por toda la geografía nacional; en Neiva por ejemplo, la adjudicación del primero dio lugar al primer proceso que se conozca en la ciudad contra varios Concejales y funcionarios que se prestaron mediante el soborno para direccionar la decisión; y en el tema de alumbrado los estrados judiciales son testigo de las condiciones leoninas en que se entregó el contrato a una firma privada que, aún sin cumplir condiciones mínimas incluidas en el mismo, tiene amenazada a la ciudad con una demanda multimillonaria, a pesar de que sus utilidades exceden en mucho la rentabilidad de cualquier negocio legal. Igual camino se anuncia para la educación con el anuncio de la reforma a la Educación Superior que permitirá instituciones con ánimo de lucro e inversión privada en las Universidades Públicas.
Las Megaobras, son una de esas formas dispuestas para propiciar la negociación del famoso CVY (como voy yo) con un solo contratista, la prohibición a los ejecutores del gasto de distribuir la construcción de un proyecto en varios contratos y que denominan fraccionamiento, resulta ser una facultad que se entrega a quien se queda con la licitación, que subcontrata las obras, porque difícilmente una misma firma resulta ser experta o tener el conocimiento y la logística suficiente para adelantar actividades diferentes en un proyecto que requiere regularmente diferentes disciplinas como la Ingeniería Civil, la Hidráulica, la Eléctrica, la de Sistemas, etc.
Con las negociaciones de los TLC y el Libre Comercio, la corrupción adquirirá ribetes internacionales, porque el campo quedará abierto para los contratistas foráneos en detrimento de los nacionales.
Facundo Cabral, el irreverente juglar de las Américas, asesinado en Guatemala en sus palabras retrataba a la clase dirigente que afecta a nuestras naciones:
“El diablo tiene cola mas la esconde
en grueso portafolio color negro,
Donde lleva también los documentos
que lo autorizan a matar al pueblo”.
Agregaríamos: y que lo autoriza a defraudar al pueblo.