Desde hace varios años uno de los sitios preferidos para invitar a los visitantes en Barranquilla es Bocas de Ceniza, donde el gran río de la Magdalena rinde sus aguas impetuosas al mar Caribe. En el barrio Las Flores se abordaba un trencito para hacer un recorrido fascinante de unos quince kilómetros por un tajamar que es un estrecho corredor hecho por el hombre que bordea el afluente hasta el mar por un lado, y por el otro se encuentra primero con la ciénaga de Mallorquín, luego el espectáculo de estar viajando entre el río y el mar con una brisa persistente que alivia la temperatura infernal durante el día. En la actualidad la carrilera está deteriorada y un remedo de vagón no alcanza a llegar hasta la desembocadura, lo cual demuestra la desidia de las autoridades distritales en mantener en forma adecuada un lugar tan especial y emblemático.
Allí, frente a Bocas de Ceniza, han encallado una decena de buques mercantes en el último lustro, al no alcanzar la enfilación por el canal navegable para enrutarse hacia la Sociedad Portuaria de Barranquilla a 22 kilómetros de distancia aguas arriba, y quedar varados al lado de los tajamares o, como ocurrió hace dos semanas con dos barcos, en un banco de arena mar afuera formado, según los expertos, por la erosión proveniente del departamento del Magdalena y del Parque Natural Isla de Salamanca, como también de la sedimentación permanente de las cordilleras andinas arrastradas por el río Magdalena.
Haciendo historia, el primer muelle marítimo del país fue construido en el siglo XIX en Puerto Colombia por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, abandonado en las primeras décadas del siglo pasado para construir un puerto fluvial en la ribera del río Magdalena en Barranquilla, para lo cual se hizo necesaria la adecuación de un canal de acceso navegable entre el nuevo puerto y la desembocadura en Bocas de Ceniza, terminando en los tajamares occidental y oriental que el himno de la ciudad los describe como “cuchilladas del río sobre el mar”.
LA LIQUIDACIÓN DE COLPUERTOS Y LA PRIVATIZACIÓN PORTUARIA
La ley 1 de enero 10 de 1991 por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos en su artículo 33 ordenó la liquidación de la empresa Puertos de Colombia Colpuertos y en el parágrafo del artículo 34 definió que “El canal navegable del río Magdalena en el puerto de Barranquilla y sus obras complementarias seguirán siendo construidas, conservadas y mantenidas, con recursos del gobierno nacional”. Este mismo artículo autoriza la constitución de Sociedades Portuarias Regionales con participación de entidades territoriales y empresarios privados y en cuanto al régimen jurídico el artículo 31 señala que “Los actos y contratos de las sociedades portuarias en donde existen aportes públicos, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atención al porcentaje que tales aportes representen dentro del capital, ni a la naturaleza al acto o contrato”.
En esta forma el patrimonio público representado en la infraestructura portuaria construida durante décadas con recursos públicos pasó a ser usufructuada por poderosos intereses del sector privado a través de las Sociedades Portuarias Regionales en cada de unos de los puertos de la Costa Atlántica y la Costa Pacífica. Se iniciaba la década de los años noventa bajo la presidencia de César Gaviria quien le impuso al país la draconiana apertura económica, siendo uno de sus pilares principales la privatización de las entidades públicas en las distintas áreas de la producción, la infraestructura y los servicios públicos esenciales.
La política portuaria así diseñada equivale a la ley del embudo en contra de los intereses nacionales, ya que las sociedades portuarias regionales a través de las concesiones otorgadas por el Estado utilizan la infraestructura construida con recursos públicos pagando unas contraprestaciones inicuas, obteniendo altas utilidades (como la de Barranquilla que en 2010 alcanzó 12.904 millones de pesos) y el gobierno se obliga a mantener el canal de acceso y las obras complementarias, cuyos costos son muy superiores, como lo admite el director de Cormagdalena Juan Gonzalo Botero en declaraciones al diario La Libertad de Barranquilla el 19 de febrero de 2011 afirmando que “por contraprestaciones portuarias este año la Corporación recibirá 4 mil millones de pesos”, agregando que “estamos haciendo un esfuerzo enorme y hemos destinado 5.600 millones de pesos para completar dragado este año por 9.600 millones de pesos”. Y como ha aparecido una barra de arena aguas afuera de Bocas de Ceniza de unos cuatro mil millones de metros cúbicos donde han encallado algunos barcos, el alto funcionario dice que “tendrá que haber una gestión ante el presupuesto general de la nación para el dragado de esa barra”.
Los altos directivos de la Sociedad Regional Portuaria de Barranquilla, el alcalde distrital Alejandro Char, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, el comité intergremial, los congresistas atlanticenses que hacen parte de la Unidad Nacional del presidente Santos, la Asociación Portuaria, todos a una reclaman al gobierno nacional que destine los recursos del presupuesto nacional que sean necesarios para mantener la profundidad del canal navegable, el dragado del mismo y de la gigantesca barra de arena que se ha ido formando frente a la desembocadura del Río Magdalena; sin parar mientes, como lo informó El Heraldo del 6 de junio pasado, que “en los últimos cinco años el Gobierno Nacional ha invertido $32 mil millones en el dragado del canal” y que el director del Invías, Carlos Rosado, aseguró allí mismo que “adicional al dragado en los últimos cinco años se han desarrollado obras importantes como el dique guía y los espolones, inversión que estuvo en el orden de los 60 mil millones de pesos”. Es decir, de los recursos de todos los colombianos se han gastado $92 mil millones de pesos en solo cinco año y a la sumo han ingresado por contraprestaciones tan solo $20 mil millones. La típica ley del embudo, lo ancho para los concesionarios privados y lo angosto para las arcas de todos los colombianos.
Algún día, más temprano que tarde, el pueblo colombiano saldrá del letargo en que lo tienen sumidos los engaños de las políticas neoliberales para exigir los cambios estructurales y las transformaciones democráticas que son necesarias para abrirle paso al progreso social teniendo como base la defensa de la soberanía, la producción agraria e industrial nacional, el patrimonio público y los derechos económicos, sociales y ambientales de la inmensa mayoría de la población.