20 de julio de 1999
Doctor
GABRIEL ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ
Gerente CHEC
Manizales
En carta fechada el 12 de julio de 1999, y a pesar de haber de por medio un derecho de constitucional de petición, Usted nos negó copia de los siguientes documentos sobre la Central Hidroeléctrica de Caldas: estados financieros de 1998, 1997, 1996, 1995, estados de pérdidas y ganancias de 1998, 1997, 1996, 1995, ejecución presupuestal de 1998, 1997, 1996, 1995, índices de liquidez, endeudamiento y servicio de la deuda y calidad del servicio y niveles de cubrimiento.
Y su casi increíble negativa se fundamentó en que “la información y documentos solicitados persigue la satisfacción de intereses meramente personales”, afirmación que si no hubiéramos visto por escrito y firmada por Usted no la creeríamos.
De manera que en este país son secretos los informes financieros de una empresa en la que el Estado -en sus niveles nacional y departamental- posee la casi totalidad de las acciones y la cual va a ser sacada a la venta en una operación bien discutible. Cualquiera se pregunta: ¿Los informes también son secretos para los que los que desean comprarla? ¿O el secreto solo se le impone a quienes queremos ejercer el derecho de vigilar y oponernos a un negocio que, como ya se sabe y ha demostrado la práctica, se piensa hacer en contra del interés de los caldenses y los colombianos? ¿Qué se intenta ocultar? ¿Será que la intención es impedir que la ciudadanía pueda constatar que las privatizaciones se vienen haciendo con precios de venta de la mitad y menos de lo que cuestan las empresas, como ya se ha denunciado con otras operaciones en el sector eléctrico?
Una de dos. O Usted le ha dado una interpretación amañada a las normas en un acto de antidemocracia incalificable o las normas pertinentes debieran avergonzar a quienes las redactaron y aprobaron, cuestión esta última que tampoco puede descartarse en un país organizado por los neoliberales en función de su sumiso sometimiento a lo que le convenga a los intereses de los monopolios extranjeros que, como se sabe, se vienen apoderando a menos precio de las empresas de servicios públicos.
Es por ello que le reiteramos nos entregue los informes solicitados, pero esta vez la solicitud la hacemos con copia a la Procuraduría, con el propósito de dilucidar si estamos ante una actitud censurable y sancionable de su parte o ante una legislación de corte autoritario que debiera derogarse.
Suscrita por Sandra Toro, presidenta, y Jorge Enrique Robledo, asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos