Los colombianos perdimos la capacidad de asombro ante el espectáculo de corrupción que todos los días destapan algunos periodistas, medios de comunicación y parlamentarios independientes, que corroboran el estado de postración y la escasa capacidad de respuesta de nuestra sociedad.
Desde la compra del proceso de reelección presidencial, que no es otra cosa que un “raponazo” directo a nuestra democracia de papel, pasando por el robo del Estado a través de Agro Ingreso Seguro, Zonas Económicas Especiales, ventas del patrimonio público a menos precio, asalto a la salud, carteles de la contratación para obras públicas, desfalco al sistema de salud, a los recursos de pensionados y la educación, cooptación de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, hasta el apoderamiento de los recursos del Estado por algunos “avivatos” del sector privado, forman una lista interminable de corrupción que a la persona del común sólo le saca un esbozo de sonrisa o un lacónico “eso no es nuevo”.
No me voy a ocupar de la delincuencia común, sino de la política. Los casos son comunes. Comencemos por tratar de comprender cómo puede una persona de la más humilde profesión, llegar a ser edil del Concejo de Cartagena, pasar al Congreso de La República y en un tiempo, relativamente corto, termina codeándose con lo más granado de la sociedad y con incontables recursos económicos. Hay que tener en cuenta que las remuneraciones en los cargos de elección popular alcanzan, tal vez, para tener una vida decente. Es el ejemplo clásico de la política como negocio y su reflexión debía llevar a la población a exigir un cambio profundo al sistema político.
Éste es el paradigma de gobierno que durante toda la vida republicana nos han impuesto en Colombia, por una gran parte de la casta gobernante, con contadas excepciones, cuya ideología es el máximo enriquecimiento, incluso llevándose por delante el sistema ético o moral del que dicen ser sus defensores y por el cual se rasgan las vestiduras cuando están en público.
Ese tipo de elección lleva consigo una figura clave: el financista, quien termina capturando la contratación pública, creando verdaderas empresas para quedarse con el erario. No les importa que la gente muera a las puertas de los hospitales, los niños carezcan desnutridos y sin escuelas, los campesinos sin tierra para producir ni menos caminos de penetración a sus parcelas, que haya un ejército de desempleados, o que los damnificados del invierno sigan en sus pocilgas porque ellos se embolsillan los recursos.
El elegido tiene el compromiso, además de garantizarles la contratación, de impulsar en los diferentes estamentos las normas o leyes que les permita apropiarse de los dineros pero en forma “legal”; allí nacen leyes nefastas contra la población colombiana, como la 100/93, que facilita el despojo de los recursos de la salud, o las leyes que permiten la venta y entrega en concesión, -de donde se derivan grandes comisiones-, del patrimonio público, tales como carreteras, puentes, ríos, hospitales, minas, megacolegios, jardines infantiles, incluso hasta los derechos fundamentales de la población. Es un régimen legal pero no legítimo; la población no puede darle el consentimiento a este sistema de gobierno basado en el despojo.
Uno de los Nule manifestó que “la corrupción es inherente al ser humano”, es decir, como ellos le metieron hasta las uñas a los recursos públicos, entonces todos somos ladrones; de esa manera “en el reino de los ciegos el tuerto es rey”. ¡Pues no! la corrupción es inherente al modelo de gobierno implementado por la mayoría de dirigentes, los cuales nunca cambiarán porque a ellos les va supremamente bien. Por eso le corresponde es a la sociedad impulsar una nueva dirigencia, que se comprometa a modificar todo un sistema político que está planeado para el enriquecimiento de unos pocos, sobre la base de esquilmar el patrimonio, trabajo y esfuerzo de la inmensa mayoría de la población.
¡Si señores, la corrupción es inherente al paradigma de gobierno que tenemos!