Aunque el ALCA puede beneficiar algunos sectores del país, también encierra tremendos riesgos para muchos otros. Una mala negociación llevará a Colombia a una situación mucho peor que la actual, y puede quitarle inclusive su viabilidad a largo plazo. Por eso, tanto estas negociaciones como las de un tratado bilateral con los Estados Unidos deben adelantarse con gran seriedad y dentro del máximo respeto por todos los sectores del país.
Requisitos para Negociar Bien
Los acuerdos comerciales no son buenos ni malos per se. Pueden ser buenos si se negocia bien, y desastrosos si se negocia mal. Desde esta perspectiva, aclaro que yo no estoy en contra del ALCA, como concepto. Estoy en contra de que se negocie mal o irresponsablemente, y de que no se haga el esfuerzo necesario para maximizar los beneficios para Colombia en esa negociación. Y, sobre todo, estoy totalmente en contra de que se acepten las imposiciones foráneas a cambio de nada, irreflexivamente y sin defender el bien común, como ha sido el caso hasta ahora.
Para una buena negociación, se deben cumplir por lo menos dos requisitos:
Antes de plantear la negociación, se debe tener información suficiente, completa y pertinente de todo el aparato productivo nacional, junto con la identificación de sus capacidades productivas existentes y sus capacidades competitivas reales. (D1-1,2,3)
Es irresponsable formar la agenda de negociación sin suficiente información sobre la capacidad productiva, los empleos que se pueden perder, o los sectores que se verán afectados. Por ello, es esencial contar con información que muestre realmente las verdaderas oportunidades y amenazas para la industria y el agro nacionales con la eventual firma del ALCA o de un TLC con los Estados Unidos.
Dada la importancia de contar con información seria, la encuesta que enviara el Ministerio de Comercio a los gremios de la producción cuando anunció el inicio de negociaciones con los E.E.U.U. es una comedia. Parece como si con ella el Ministerio pretendiera simplemente legitimar acciones que posteriormente afectarán negativamente a la mayoría de los encuestados. El Estado debe negociar con base en información completa, y no puede evadir esa responsabilidad haciendo cuatro preguntitas de índole general. Además, a los sectores productivos se les debe escuchar seriamente, particularmente cuando presentan estudios que se ajustan a la realidad, así no se ajusten a los deseos de los funcionarios.
En la formación de la agenda, así como durante las negociaciones, no se debe permitir la intromisión de intereses no nacionales, puesto que se debilita la capacidad negociadora del país. (D2)
Los representantes de intereses extranjeros colocan múltiples obstáculos en el proceso de toma de decisiones del Gobierno, y además, en muchos casos le suministran información y análisis incorrectos, induciéndolo a creer que un acuerdo es favorable cuando no lo es. Más grave aún es el daño causado con las extrañas invitaciones del Ministerio de Comercio a los abogados y representantes de compañías multinacionales, para que hagan parte del Equipo Negociador Colombiano y le aconsejen cómo formar el interés nacional en la negociación. Su lugar es claramente al otro lado de la mesa de negociación, y allá deben irse. Obviamente, sus intervenciones afectan negativa y severamente el interés nacional.
Obstáculos para Negociar Bien
En Colombia tradicionalmente se han ignorado los requisitos anteriores, y se ha visto mucha improvisación y falta de responsabilidad en el manejo de la política de comercio exterior. Por más de diez años, prácticamente todos los acuerdos comerciales han sido suscritos tras negociaciones a puerta cerrada, en las que no ha participado efectivamente ni la sociedad civil ni los empresarios y sectores directamente perjudicados por ellos.
Basta un ejemplo: Sin contar con estudio alguno, para explicar concesiones injustificables, dos ministros del gobierno anterior simultáneamente estimaron que el ATPA generaría aumentos en exportaciones de textiles y confecciones de US $300 millones, en un caso, y de US $1.500 millones, en el otro. Peor aún, ambos decían que esas nuevas exportaciones generarían 800.000 empleos. Esas discrepancias no son serias. Como no lo eran las expectativas de generar un empleo con una venta anual de US $375 o con una de US $1.875. Obviamente, ni los US $1.500 millones de exportaciones en textiles y confecciones ni los 800.000 empleos aparecen en el horizonte.
Existen, además, unos pontífices de la economía que buscan convencer al país de la necesidad urgente de firmar en forma inmediata, irreflexiva y total lo que se le presente en el ALCA, y ahora en el acuerdo bilateral. Los argumentos que esgrimen estos fundamentalistas de la apertura a ultranza nunca se basan en estudios completos y sustentados cuantitativamente, sino apenas sobre deseos, especulaciones y generalizaciones teóricas sin apoyo en realidades. Cuando presentan datos, son parciales y fuera de contexto, y lejos de permitir que el debate se adelante racionalmente buscan volverlo ideológico. En su afán de imponer su criterio, son cada vez más intransigentes y agresivos con quienes no se pliegan a sus tesis.
En ese plan, alguno recientemente afirmaba que cualquier persona “con dos dedos de frente” entiende, sin necesidad de estudios serios, la urgencia de proceder inmediatamente a abrirse incondicionalmente al mundo. Personalmente, estoy de acuerdo con esa afirmación. Así entienden las cosas quienes apenas tienen dos dedos de frente y se dejan convencer por argumentos gaseosos, generales y sin sustento serio. Quienes tienen más de dos dedos de frente y pueden pensar, deben exigir estudios completos y bien sustentados (D3-1,2,3), con los que se pueda establecer – sin especulaciones tendenciosas – cuáles serán los verdaderos costos de los acuerdos que se pretenden hacer y cuáles sus verdaderos beneficios. Como también deben exigir que se negocie seriamente, buscando el bien común, y no el de las compañías multinacionales y el de unos pocos negociantes internacionales aposentados en el país.
Resultados de Acuerdos de Comercio Anteriores
La verdad es que la improvisación en nuestros acuerdos sobre comercio exterior es tal que ni siquiera hay estudios serios sobre los resultados de acuerdos pasados. No hay un juicio sobre los errores cometidos, para evitar repetirlos, ni sobre los costos que ha sufrido el país, para buscar resarcirse de ellos.
¡Y ni qué hablar de las concesiones unilaterales! Iniciando la década pasada, Colombia hizo la desgravación más agresiva en Sur América, y bajó su nivel promedio de protección arancelaria del 83% al 7%, mientras que, por ejemplo, Argentina lo había bajado del 28% al 15% (D4), Brasil del 80% al 21% y Chile del 36% al 11%. Igual hizo con las barreras para-arancelarias. Argentina las había bajado de una cobertura del universo arancelario del 32% al 8%, Brasil del 35% al 10% (D5) y Venezuela del 44% al 5%. Colombia las redujo del 73% al 1%. ¡Todo esto a cambio de nada! Sólo para jugar a la globalización, sin un estudio previo sobre las posibles consecuencias de esos actos ni un control posterior de sus resultados.
Pero si no hay estudios, las estadísticas oficiales sí muestran algunas cosas. Por ejemplo, que Colombia pasó de registrar un superávit en la balanza comercial de US $3.510 millones para la década de 1983 a 1992 (D6-1) a sufrir un gigantesco déficit de US $20.310 millones (D6-2) entre 1993 y 2002. El déficit de US $24.000 millones entre una década y la otra (D6-3) equivale a dos tercios de la deuda externa colombiana y explica su incremento.
Las importaciones de productos agropecuarios pasaron de 700,000 toneladas en 1991 (D7-1) a seis millones de toneladas en 2002 (D7-2), y, como consecuencia de esa avalancha de importaciones, desaparecieron 800,000 hectáreas de cultivos transitorios. ¡Y cada hectárea de cultivo que se pierde (D7-3) deteriora más las dramáticas condiciones de inseguridad y violencia que vive nuestra patria!
Estados Unidos no negociará sus gigantescos subsidios agrícolas en el marco del ALCA y mucho menos a nivel bilateral. Ante esta posición, Colombia tiene sólo una opción: no debe negociar y comprometer la sostenibilidad de su agro, a cambio de la posibilidad teórica de acceso a unos mercados en los que ni siquiera sabe si podrá competir exitosamente.
¡Y a la industria le ha ido peor que al agro! Entre 1993 y 1999 el Producto Bruto del sector agropecuario creció un pobre 7% (D8-1). ¡En ese lapso, la industria manufacturera cayó 6% (D8-2,3)! Y luego del ligero repunte del 2000, la producción manufacturera apenas se mantuvo en 2001 y 2002. ¿A cambio de qué, que sea práctico y viable, se va a exponer más a nuestra industria?
Posibles Beneficios
Aquí vale la pena revisar los posibles efectos positivos y negativos del ALCA o del tratado bilateral.
El principal argumento de los proponentes de la apertura a ultranza para que se busque precipitada e irreflexivamente cualquier acuerdo, y que ha sido acogido por el Gobierno con deplorable ligereza, es que nos dará acceso a un mercado de 800 millones de consumidores. Según ellos, una oportunidad como esa no puede desaprovecharse y debe ser pactada a la carrera, de cualquier forma, desestimando las cargas que le imponga a Colombia y desconociendo nuestras capacidades y debilidades.
La verdad es otra. En febrero, expertos del Banco Mundial señalaron en Bogotá las limitaciones estructurales que inciden en la competitividad de nuestro aparato productivo (D9-1). Entre otras, señalaban: falta de infraestructura (D9-2,3,4,5), dificultad y costo en el acceso al crédito, falta de educación, y falta de capacidad tecnológica. Y concluían que si esos factores no eran corregidos, difícilmente podría Colombia beneficiarse de un acuerdo de libre comercio. Subsanar esas deficiencias toma una y varias generaciones. La realidad es que en el corto plazo Colombia no podrá corregirlas para entrar a competir exitosamente con otros países que están mejor preparados.
El otro argumento oficial es que se debe negociar total y precipitadamente el aparato productivo nacional porque el 79% del total de nuestras exportaciones se dirigen al mercado del ALCA y el 43% se dirigen a los EEUU. Este argumento también es falaz. Entre otras razones, porque desestima que la mayoría de nuestras exportaciones a los Estados Unidos son bienes primarios (petróleo, café, carbón, flores, banano y esmeraldas), mientras que ellos nos venden manufacturas y servicios sobrevalorados.
El comportamiento de las exportaciones de 1994 a 2001 muestra una realidad muy distinta. La verdad es que el mercado andino representa el 49% de las exportaciones al hemisferio de bienes manufacturados. ¡En 2002, las exportaciones de manufacturas a la CAN fueron 2,5 veces las hechas a los Estados Unidos! Para sacrificar esa realidad por una utópica posibilidad de acceso a los Estados Unidos, en condiciones de competencia que no es claro sean superables, se requieren realmente estudios mucho más serios que las vaporosas especulaciones que han sido presentadas hasta ahora.
Al país le convendría el ALCA, o el TLC con los EEUU, sólo si tiene plena seguridad de que así consigue intensificar sus exportaciones de productos industriales y no pierde el mercado interno y andino de los mismos. Por eso, aterran las declaraciones de funcionarios fundamentalistas dispuestos a desbaratar la CAN, para buscar cualquier acuerdo con los Estados Unidos. Desean destruir lo que ha sido una realidad para los empresarios y trabajadores colombianos, para cambiarlo por un espejismo gaseoso, plagado de riesgos, cuyos beneficios nunca han sido sustentados seriamente.
De las exportaciones al hemisferio, el 87% de las de café, el 95% de las de flores, el 100% de las de banano y el 97% de las de esmeraldas se hacen a los EEUU. La verdad es que los países del ALCA no son ni serán compradores de estos productos. Y respecto a los EEUU, no se prevén cambios en esas ventas, puesto que su comercio es casi totalmente administrado, y la historia ha demostrado que ese país difícilmente modifica sus cuotas en acuerdos bilaterales. De hecho, aún no le ha cumplido a México con la ampliación de su cuota azucarera pactada en NAFTA.
Es deseable, sí, que las exportaciones de flores y de banano no sufran sanciones. Pero fuera de eso, poco ofrecen los Estados Unidos en este frente. Por otro lado, no es presumible que los EEUU vayan a demandar menos petróleo, o carbón o esmeraldas. Y en cuanto al café, su comercio está en manos de multinacionales, que ganan con sello o con cara. Aquí no vamos ni a ganar aceptando sus imposiciones, ni a perder no aceptándolas.
Volvamos a las cifras. El total de nuestras exportaciones a los Estados Unidos en 2002 fue US $5.151 millones (D10-1). De esta suma, US $ 1.229 millones correspondieron a productos primarios y US $2.788 millones a petróleo, para un total de US $4.017 millones (D10-2). Todas las otras exportaciones sumaron US apenas $1.134 millones. Es del hipotético aumento de este 22% de las exportaciones de lo que se habla. ¡Y eso sin saber si los sectores que hoy exportan ese 22% son suficientemente competitivos como para poder conservar aún sus mercados internos en una apertura total!
Para juzgar los posibles beneficios del ALCA o del bilateral, basta analizar el aprovechamiento real de los beneficios recibidos durante los 10 años de vigencia del ATPA. El Embajador en EEUU, Luis Alberto Moreno, ha repetido lo que siempre se ha sabido: “que sólo el 13% de las ventas colombianas a Estados Unidos, en los últimos 10 años, aprovechó las ventajas del convenio”. Evidentemente, en la práctica, los tales beneficios son escasamente utilizables por los empresarios colombianos.
La verdad es que las ventajas que le prometen a Colombia son más retóricas que reales, por múltiples razones. Así, por ejemplo, los acuerdos desgravan productos que comportan cadenas productivas que no cumplen normas de origen. O existen subsidios internos contra los que no podemos competir, como el caso agrícola. O imponen medidas para-arancelarias de todo tipo, como la exigencia de requisitos sanitarios y fitosanitarios prácticamente incumplibles, o el sometimiento a normas técnicas, de empaque o ambientales que incrementan nuestros costos y reducen nuestra competitividad. De hecho, según lo visto por las exigencias de la TPA (Trade Promotion Authority) de los Estados Unidos, hasta desean imponernos sanciones adicionales por supuestos incumplimientos de estándares laborales. Todo lo anterior, además del hecho real que penetrar mercados altamente competidos requiere fortalezas y capacidades que, como señalaron los expertos del Banco Mundial, la mayoría de los empresarios colombianos ni tienen ni tendrán en el mediano plazo. Otra vez, parece ser un cambalache de oro por simples espejitos.
Posibles Costos
Ahora bien, si no es cierto que los beneficios de estos convenios sean tan grandes como sus impulsores afirman, tampoco lo es que sus costos no sean muy considerables, como ellos pretenden. Quisiera presentar algunos hechos relacionados con dos sectores que conozco, el farmacéutico y el de agroquímicos.
En 1991, antes de que Colombia adoptara las patentes farmacéuticas, las importaciones farmacéuticas totales (insumos y productos terminados) fueron US $36 millones (D11-1). En 2001, las importaciones farmacéuticas fueron US $595 millones (D11-2). Esos US $600 millones que se llevaron en 2001 las multinacionales farmacéuticas equivalen aproximadamente a lo que valen 100.000 casas de interés social (D11-3). O, para usar una comparación que posiblemente refleja más lo que sucede, esos US $600 millones equivalen a más de tres veces las pérdidas que sufrió Colombia en ese año -el peor de su historia- por la destrucción de oleoductos a manos de la guerrilla (D11-4). Es riqueza sacada de la economía y ese despojo contribuye a mantener la depresión económica y el desempleo que agobian a nuestra patria.
¿Y ésto a cambio de qué? A Colombia le habían dicho que la protección patentaria incrementaría la inversión extranjera y la transferencia tecnológica de las compañías que se verían favorecidas con ella. La realidad ha sido otra. De 32 plantas farmacéuticas que tenían las multinacionales en el país, quedan operando siete, y eso parcialmente. Las demás fueron cerradas, con su secuela de desempleo directo e indirecto. Hoy, en vez de entrenar a personal colombiano en las técnicas de manufactura de las compañías más avanzadas del mundo, la “transferencia tecnológica” se ha visto reducida al envío de cajitas de productos elaborados en otros países. ¡Así le paga el diablo a quien bien le sirve!
Pero ahí no para todo. Como las discusiones públicas sobre ALCA han girado en torno de los aranceles, se piensa que eso es lo único que está en juego. Nada más distante de la realidad. La verdad es que la pretensión es imponerle a Colombia cambios en su legislación relacionada con prácticamente toda su actividad económica. Inversión extranjera, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, propiedad intelectual, competencia, y solución de diferencias son quizás los temas que se están discutiendo que podrían ocasionarle mayor daño al país. En todos ellos, se busca imponerle normas que van mucho más allá de las que la Organización Mundial de Comercio ha establecido y que Colombia acata plenamente. Se trata de montar un andamiaje legal para restringir la competencia local y no solamente mermar nuestra capacidad competitiva para exportar sino afectar los propios mercados internos, en los cuales se busca consagrar prácticas restrictivas de la competencia que encarecerán tremendamente el costo de la vida. Detrás de la excusa de una hipotética liberación del comercio exterior se esconde la pretensión de amarrar los mercados internos, en detrimento de los consumidores colombianos.
Por ejemplo, el violento aumento en las transferencias de divisas de las multinacionales farmacéuticas ha sido acompañado por aumentos paralelos en los precios de sus medicamentos. Mientras entre 1998 y 2002 el incremento total de precios de los cuatro laboratorios colombianos más grandes fue solamente un 16%, los catorce laboratorios multinacionales más grandes promediaron un incremento total de 135% (D12). ¡Y eso que los precios iniciales de los laboratorios nacionales eran apenas una fracción de los de los extranjeros! Gracias a la competencia de los laboratorios nacionales, los cuáles hoy atienden cerca del 70% de las necesidades del país, los incrementos de las multinacionales no fueron mucho mayores. Evitar o reducir en todos los campos (no solamente en el farmacéutico) la molesta competencia de las compañías nacionales “que es el único control de precios verdaderamente efectivo que existe” es el objetivo real de las normas que pretenden imponernos quienes abogan por la firma rápida y sin estudio de esos tratados.
Una mala negociación de los pocos aranceles que quedan puede acabar sectores productivos enteros, lo que es muy serio. Sin embargo, lo que quieren imponerle a Colombia en los temas distintos al arancelario es mucho más grave, porque destruirá en gran medida las normas que han enmarcado el desarrollo de nuestra economía, para favorecer a los extranjeros. En mi concepto, este es el mayor peligro que enfrenta Colombia en estas negociaciones. Y es agravado por la aparente falta de conocimiento y de interés del Ministerio de Comercio al discutir estos temas, en los cuáles muestra una alta propensión a aceptar irrestrictamente las pretensiones foráneas, sin un análisis juicioso de los tremendos costos que implican.
Un reciente estudio de Fedesarrollo estableció que una sola de las medidas que pretenden imponerle a Colombia generaría un aumento del 61% en los precios de los medicamentos y tendría un costo social de más de US $777 millones al año (D13). Ese estudio muestra el efecto devastador de esta medida – o el de otras similares que nos pretenden imponer – sobre la salud de los colombianos, y aún sobre la balanza de pagos y la economía del país. El Ministerio de Comercio lo desestimó y encomendó su propio estudio sobre el tema a la Universidad Sergio Arboleda, cuyas conclusiones corroboraron las del estudio de Fedesarrollo. Como ese estudio no arrojó las conclusiones que el Ministerio quería, buscó impedirles a los interesados el acceso a él, lo cual es grave. Es peor que, hasta ahora, la pretensión del Ministerio de Comercio ha sido continuar actuando ignorando el potencial daño futuro a la salud y al bienestar de los colombianos que demuestran los dos estudios hoy en su poder.
¿Y qué sucede en la industria de agroquímicos? Pues que Colombia tiene los precios más altos de Latinoamérica. Por ejemplo, según datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura el año pasado, los plaguicidas necesarios para producir una hectárea de arroz costaban en Colombia más del triple que en Argentina y Uruguay y casi dos veces y media lo que en Brasil (D14-1). Y los requeridos para una hectárea de algodón costaban en Colombia tres veces lo que costaban en la Argentina y más del doble de lo que costaban en el Brasil (D14-2).
Los insumos constituyen el 47% de los costos del arroz, el 29% de los del algodón, el 60% de los de la papa y el 42% de los del fríjol (D15). El efecto de estos sobrecostos es tal que las encuestas demuestran que los empresarios agrícolas consideran el elevado costo de los insumos como “el factor más desfavorable” para su desempeño, por encima aún del “orden público”. Produce escozor que, conociendo estas cifras, los fanáticos de la apertura afirmen con gran desparpajo que el único problema es la “ineficiencia” de nuestros agricultores y sigan, con mayor ahínco, empeñados en la destrucción de nuestro agro, como se ha visto en la campaña de distorsión de la información que están adelantando tan agresivamente en las últimas semanas.
¿Y por qué tan altos costos? Sencillamente porque se han implantado en Colombia restricciones artificiales para impedir el registro de agroquímicos por parte de empresas de capital nacional, bajo la guisa de normas sanitarias, fitosanitarias y de protección a la propiedad intelectual. Ni los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para lograr el registro de agroquímicos genéricos que inicien una verdadera competencia de precios en favor del agricultor colombiano han prosperado. La pretensión de las multinacionales es que el ALCA consolide y fortalezca esas normas, para continuo detrimento de la competitividad y la rentabilidad del agro colombiano.
Ahora bien, esta pretensión es natural en las multinacionales, pues ellas ganan más cobrando más caro. Lo que no es natural es que sus pretensiones sean respaldadas permanentemente, dentro y fuera del país, por el Ministerio de Comercio de Colombia, como lo ha hecho en escenarios que van desde la Comunidad Andina hasta el Congreso de la República.
Precisiones
Antes de concluir, deseo hacer dos precisiones. Primero, reitero que yo no me opongo conceptualmente a los convenios comerciales. Ellos pueden ser buenos si se negocian bien y si realmente conducen a una mejora en el empleo y bienestar del país. Me opongo, sí, y muy firmemente, a que los funcionarios colombianos responsables de estos convenios actúen como si éste simplemente fuera un proceso de adhesión a las imposiciones de otros países y de sus multinacionales, cuando su obligación es adelantar una negociación seria, en busca del bien común, y no para satisfacer deseos e intereses de pequeños grupos de presión, así sean éstos muy poderosos.
Quiero aclarar, en segundo término, que a pesar de tener gran respeto y afecto por los Estados Unidos, pues allí viví siete años, cuando recibí la mejor educación que ofrece el mundo, discrepo fuertemente de sus negociadores. Entre otras razones, porque considero que los intereses de largo plazo de ese país y de su gente no serán bien servidos con el empobrecimiento de Colombia. Sin embargo, encuentro explicables sus actuaciones, pues finalmente ellos están buscando imponer los intereses de corto plazo de sus empresarios.
Las que no encuentro lógicas son las posiciones de los funcionarios colombianos, con su entrega total. Y, por eso, considero necesario que se haga total claridad sobre el proceso que se está adelantando y sobre sus implicaciones reales para el bienestar futuro de Colombia y de su gente, y que se le de participación real en el proceso a quienes van a sufrir sus consecuencias. Como debo exigir, también, que no se ceda irreflexivamente a las pretensiones de los negociadores extranjeros que buscan acomodar nuestras normas al exclusivo interés de sus compañías multinacionales, y que nuestro Gobierno asuma con seriedad y fortaleza la defensa del bienestar y empleo de los colombianos.
Conclusiones
Una década de comercio exterior mal fundamentado y mal administrado ha abierto un boquete gigantesco en nuestra balanza comercial. Esto, a su vez, ha generado serios problemas en la estructura de la deuda externa, los cuáles han tornado extremadamente vulnerable la situación fiscal del país. Son muy altos los riesgos de llevar a Colombia a una situación muy grave, si no se negocia bien y sobre bases muy bien documentadas. Visto lo anterior, existe solamente una conclusión lógica: La posición que debemos tener los empresarios colombianos frente al ALCA o al tratado bilateral con los Estados Unidos es que las negociaciones deben ser adelantadas inteligentemente, buscando maximizar el bien común. Para esto, son necesarias las siguientes cuatro acciones:
Primero, (D16) las negociaciones deben apoyarse en estudios serios y completos, a partir de los cuáles se pueda entender claramente cuáles son los beneficios y costos de cada punto que se discute y cómo afecta ese punto al bien común. Por muchas presiones que se sientan, adelantar negociaciones a la carrera, sin contar con un buen soporte de estudios profundos que permitan juzgar los verdaderos beneficios y costos de lo que se está discutiendo, es inadmisible y, podría pensarse, casi doloso.
Segundo, es indispensable que el Gobierno involucre en el proceso de definir la posición negociadora de Colombia a la sociedad civil. Pero a toda. Si bien los exportadores deben ser escuchados, tanta o más trascendencia debe dárseles a los sectores que pueden ser afectados hasta peligrar su supervivencia (D17). Y con mayor razón debe involucrarse a los consumidores y trabajadores, quienes, al final de cuenta, serán quienes acaben pagando los platos rotos, si, como es posible, no se negocia bien. Estas negociaciones deben adelantarse de cara a todo el país y con su participación. No a puerta cerrada y precipitadamente, como se ha pretendido.
Tercero, es preciso que el equipo negociador del Gobierno sea fortalecido con representantes de dependencias distintas al Ministerio de Comercio, cuyo único interés parece ser firmar tratados a la carrera y anunciar hipotéticos futuros aumentos en exportaciones, sin analizar los costos de sus supuestos logros sobre la balanza comercial y sobre el empleo y bienestar de la población (D18). Deben tener igual o mayor peso en ese equipo los representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Protección Social, quienes sí entienden que la primera responsabilidad del gobierno es defender los derechos inalienables de los colombianos, y con seguridad buscarán defender a los consumidores, a los trabajadores y a los productores que pueden salir lesionados en esas negociaciones.
Y, cuarto, debe quedar claro que es absolutamente inaceptable que para definir la posición negociadora de Colombia participen personas distintas a las que verdaderamente representan el interés nacional (D19). Es legal y moralmente inadmisible que la posición colombiana sea fijada por quienes representan intereses extranjeros tengan o no inversiones en suelo colombiano. Y también es torpe. Como lo dice la sabiduría popular, “no se puede amarrar perro con longaniza”, y no debemos permitir que eso se siga haciendo.