El lunes 2 de Mayo en la gran prensa y a través de los demás medios de comunicación hablados y escritos, se informó a la opinión pública sobre el hallazgo de defraudaciones contra el sistema de Salud, el propósito de la noticia era hacer parecer que quienes iniciaban la cruzada contra esta monstruosa estafa al fisco, era el gobierno en cabeza del presidente Santos. Este hecho me recordaba al niño de una empleada del servicio doméstico en la vecindad, que cuando se hacia del cuerpo en alguna de las instancias de la vivienda, corría al patio a recoger un poco de tierra para cubrir su deposición y de esta manera encubrir lo que el sabía, le significaría al menos una reprensión. La verdad es que organizaciones como la Fundación Médica Colombiana, Misión Médica, los sindicatos de la salud y otras organizaciones sociales llevan años denunciando estos escabrosos hechos, los cuales iban a resumirse en el debate largamente solicitado por los Senadores del Polo Democrático, Alexander López y Jorge Enrique Robledo, el martes 3 de mayo, como en efecto se hizo y el gobierno ladinamente pretendió minimizar.
El gobierno además, con esa estrategia mediática, trató de hacer aparecer la situación como el resultado de la acción punible de algunos funcionarios de rango medio y no como la consecuencia inevitable de un sistema regido por la ley 100, que conduce al latrocinio, por que se concibe como el negocio de la salud y no como un servicio.
La denuncia hecha por el Senador Robledo no deja duda alguna, la investigación realizada por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con las practicas de las empresas que conforman a ACEMI, Asociación de las más poderosas EPS, muestra que durante varios años han recurrido al menos a cuatro practicas para disparar sus ingresos: falsear la información, decidir que pagos se hacen y cuales no, así estén contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, para utilizar la tercera estrategia, mediante tutelas cobrar por segunda vez al Fondo de Solidaridad y Garantías- FOSYGA, servicios no prestados en el régimen contributivo y finalmente incrementar el monto de la Unidad de pago por Capitación-UPC- que es el valor que se les reconoce anualmente por atender los afiliados al POS, mediante el suministro de la información que emplea el Ministerio de la Protección para fijar su monto.
En plata blanca eso consiste en que: reportan pacientes ficticios o servicios no prestados o incluso valores mayores de medicamentos, entre otros; niegan tratamientos, exámenes clínicos y droga incluidos en el POS, y luego reclaman por vía judicial su pago al FOSYGA como si se hubiera hecho o entregado y finalmente, arman unos datos para aparentar costos mayores en la atención de los usuarios, de tal manera que se obliga el incremento de la UPC.
La cuantificación del robo descarado a los recursos que deben garantizar la salud de los Colombianos, produce escalofrío: cerca de la mitad de los 1,8 billones en el 2009 y otro tanto de los 2.5 billones, que el FOSYGA les giro por recobros, sin mencionar las cifras de los años anteriores. Quienes formularon la Ley y la pusieron en práctica continúan defendiendo su aplicación contra toda evidencia, quienes se han lucrado de ella se pavonean como exitosos empresarios, mientras los Colombianos sufren a diario las inconsecuencias de una política que explota el trabajo de los profesionales de la salud y discrimina a millones con un servicio subsidiado que cubre la tercera parte de las patologías del POS. La Ley 100 ya probó su perversidad y debemos abogar por darle sepultura.