Con esta frase lapidaria sintetizó sus reclamos Benito Gómez, representante de la organización de matarifes del municipio de Isnos, en el extraordinario debate que en la asamblea departamental, promovió el diputado del Polo Democrático Dilberto Trujillo. De igual manera se manifestaron José Suárez, representante de los pequeños distribuidores (jarreadores) y procesadores de leche, y representantes de los paneleros del departamento, gremios todos que han venido sufriendo la arremetida de normas expedidas por el gobierno nacional que los tienen al borde de la desaparición.
Para los sectores de pequeños productores y comercializadores de estos productos vitales en la dieta alimentaria popular, se les ha vuelto una tortura lidiar con lo que ellos bien denominan “la plaga de las normas”. Son una serie de decretos y resoluciones, expedidos en el gobierno de Uribe, heredados por este gobierno, que de no modificarse lanzarán al desempleo a centenares y miles de familias, vinculadas por muchos años a esas actividades productivas. Pero lo más grave de esas medidas, es que incrementan sustancialmente el costo de la carne, la leche y la panela, haciéndolos inalcanzables para millones de consumidores pobres del país.
Los tristemente célebres decretos 616, 1.500 y la resolución 779, que regulan el acopio, comercialización y distribución de la leche y sus derivados, de las condiciones de funcionamiento de los mataderos, y del procesamiento y la comercialización de la panela, respectivamente, que son el dolor de cabeza de los productores y distribuidores de esos productos, tienen una cosa en común: han sido expedidos a la sombra de los compromisos adquiridos por Colombia en los tratados de libre comercio –TLC’s–, firmados con los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Mercosur, que tienden a favorecer a los grandes monopolios, especialmente a las empresas trasnacionales que comercializan a nivel mundial esos productos.
Son normas excesivamente estrictas y costosas que solamente podrían cumplir los monopolios. Son normas de comercio que no de salud, porque se expiden siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio y no de la Organización Mundial de la Salud. Así, por ejemplo, mientras para la OMC la leche debe consumirse pasteurizada, para la OMS la leche hervida es apta para el consumo humano, pero significa además, que mientras el litro de leche pasteurizada vale $2.000, el mismo litro de leche cruda cuesta $1.250, que además se expide por botellas o medias o cuartos de botella, forma como la consumen los más pobres de los pobres. Igual incidencia tienen en la carne y la panela.
El debate destapa que aquí hay dos colombias, como bien lo reseñaron el diputado Dilberto Trujillo y sus compañeros, una para la cual legisla el gobierno a su favor y, otra para la cual las normas no consultan su realidad; la primera favorece a los monopolios, la segunda perjudica a los productores, procesadores y distribuidores medianos y pequeños. La disyuntiva entonces es: ¿o se gobierna y se legisla, para la minoría o para las mayorías? Esta contradicción insalvable del actual modelo de desarrollo, tarde o temprano, pondrá cara a cara a la nación colombiana y sus expoliadores, y tendrá que ser resuelta. Escaramuzas como estas, presagian los tiempos por venir.
COLA DE GATO: ¿Hasta cuándo la EE.PP. de Neiva serán coto de caza de la mediocridad, la incapacidad y la corrupción de sucesivas administraciones municipales que la tienen al borde de la extinción?