La libre asociación es un derecho respetado hasta por los centros más capitalistas del mundo, lo cual sirvió de base para que en Colombia se elevara a derecho fundamental en la Constitución Política. En el país sólo 4% de los asalariados están afiliados a un sindicato y escasamente 1% negocia convenciones colectivas de trabajo, siendo uno de los países más rezagados del mundo.
Contra el sindicalismo colombiano se fraguó un plan conspirativo con especial énfasis en las últimas dos décadas. Dicho exterminio se planificó desde dos aristas: la eliminación física de un contingente de dirigentes; y la promulgación de normas que hiciera más difícil sostener o crear nuevas organizaciones sindicales.
En el primer aspecto la CUT nacional reveló que: “entre 1991 y 2010 fueron asesinados 2.638 dirigentes sindicales -de ellos 659 en los gobiernos de Uribe- un verdadero genocidio, con una impunidad del 94%”; el presidente Santos dijo que “entre los avances obtenidos, el país pasó de tener 200 sindicalistas asesinados en 2001 a entre 40 y 50 en el 2010. Una reducción del 75% en diez años”, pero un reconocimiento que los siguen asesinando.
Guy Ryder, Secretario General de la Confederación Sindical Internacional expresó: “Las cifras hablan por sí solas. En Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Entre el 1º de enero de 1986 y el 30 de abril de 2010, se han cometido al menos 10.887 hechos de violencia contra sindicalistas, de estos 2.832 han sido homicidios”. La táctica de exterminio combinó allanamientos ilegales, amenazas de muerte, atentados personales, desapariciones, desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, secuestros y torturas. Con este “ablandamiento” al movimiento sindical ha buscado neutralizar las protestas sociales para poder aplicar el modelo neoliberal.
La otra arista de la conspiración: adecuación de leyes que limitaran el derecho de asociación y cooptación de dirigentes sindicales, mediante ofrecimientos, para que pasen al bando de empresarios y gobierno. La ley 50/90 en la práctica limitó el derecho de asociación, puesto que permitió la formación de varios sindicatos en una misma empresa, incluidos los de tipo patronal, y creó las empresas de intermediación laboral -luego perfeccionadas con Cooperativas de Trabajo Asociado-, empresas de papel en las cuales no es permitido o se dificulta cualquier posibilidad de creación de sindicatos. Después el gobierno liquidó, fusionó o vendió empresas, destruyendo sus sindicatos y cuyos dirigentes quedaron desempleados.
La cooptación de dirigentes es una táctica recurrente de gobierno y empresarios, según sus necesidades económicas y políticas; como en 1990 cuando el presidente nacional de la CUT, Jorge Carrillo Rojas, traicionó una huelga que trataba de impedir la mencionada ley 50. Posteriormente fue nombrado Ministro de Trabajo. Es precisamente ese sindicalismo conciliador al que quieren mostrar como una alternativa y se estigmatiza como radicales a quienes no están con el gobierno. La consecuencia, además de la eliminación del sindicalismo, fue el desmonte de derechos de los trabajadores como: negociaciones de pliegos, retroactividad de cesantías, disminución en los pagos de recargo nocturno, dominicales y días festivos, pensión de jubilación, entre otros. Se concilian los derechos de los trabajadores pero nunca las utilidades de los empresarios.
El gobierno Santos intenta poner de su lado el sindicalismo, para lo cual, entregando la soberanía económica a EE.UU con el TLC, aceptó condiciones que ahora señala como reivindicaciones para los sindicalistas; y encargó a otro ex presidente nacional de la CUT, Angelino Garzón, hacer el papel “conciliador”, es decir, de doblegar y cooptar al sindicalismo para la Unidad Nacional, mientras su sistema económico profundiza el desempleo, subempleo, informalidad y salarios de hambre, que son unas de las causas de la miseria y la pobreza de la población.
La instalación del Congreso de la Confederación General del Trabajo, el pasado 26 de abril, por el presidente Santos es el inicio de imponerle al movimiento sindical la agenda laboral que Santos negoció con Obama para aceptarle el TLC y el papel de bonzo conciliador se lo adjudicó a Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, mientras los trabajadores siguen esclavizados.