Antes de terminar su periodo el anterior gobierno, el entonces ministro de Minas y Energía Hernán Martínez dijo que la decisión de vender a la empresa generadora y comercializadora de energía del Caribe, Gecelca, era la mejor decisión. En entrevista al diario La Libertad de Barranquilla del 16 de julio de 2010 afirmó: “El manejo de empresas como esa son difíciles, se maneja mejor en manos privadas y no en manos del Estado que tiene que sufrir todas esas presiones políticas”. Agregó que a pesar de los buenos resultados obtenidos por la compañía, “es precisamente cuando están pasando por buenos momentos que se deben vender esas compañías, porque cuando les va mal ¿quién las va a querer comprar?”
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, identificado con las políticas económicas de la administración Uribe Vélez, acaba de dar a conocer al país que, a través de Fonade, ha escogido a la unión temporal CGI-Invercor para que le brinde asesoría en cuanto al diseño e implementación para vender la participación de la nación en Gecelca y Urrá, las únicas empresas generadoras de energía que tiene la Costa Atlántica, ambas del sector oficial.
Gecelca, creada hace apenas cuatro años, es una empresa en la que la nación tiene el 99.9996% de acciones, pero que es de naturaleza mixta porque el 0.0004% es de la Cooperativa del Sector Energético de Colombia y la Empresa Energía de Boyacá, lo que la lleva a ser regida por el derecho privado. Proviene de Corelca, empresa pionera en la generación y comercialización de energía eléctrica en la Costa que fue liquidada. Gecelca está entre las cinco principales generadoras de energía más grandes del país, al lado de EPM de Medellín, Emgesa, Isagén y Colinversiones. En total tiene una capacidad de 1.210 megavatios, el 24% de capacidad térmica instalada del país, plantas en La Guajira (a gas o carbón) y Tebsa en Barranquilla, la más grande térmica del país. Actualmente construye otra térmica en Córdoba a través de un consorcio chino; el proyecto tiene licencia ambiental y será una zona franca eléctrica con una inversión de 236 millones de dólares, la cual va generar 164 megavatios utilizando como materia prima el carbón que se produce en ese departamento.
Urrá es una empresa de servicio público mixta, cuyo principal propietaria es la nación a través del Ministerio de Minas con el 97.32% del capital suscrito y pagado; el restante 2.68% está representado por las Cámaras de Comercio de la Costa Atlántica, por los departamentos de la Costa Atlántica, la alcaldía de Tierralta, Córdoba, e inversionista privado. Tiene capacidad instalada de 340 megavatios y su principal fuente de abastecimiento de agua es el río Sinú.
La privatización de corelca
Corelca fue creada por la ley 59 de diciembre de 1967 como establecimiento público, en 1992 se transformó en empresa industrial y comercial del Estado y en el 2000 quedó como empresa de servicio público mixta de acuerdo a la ley 142 de 1994. Los recursos para la constitución de Corelca provinieron de aportes de los habitantes de la Costa con el pago de una sobretasa, de la unión de varias electrificadoras costeñas y de las plantas de Icel, es decir, un patrimonio público desde su origen.
En 1992 el gobierno de César Gaviria, por el apagón eléctrico y aduciendo problemas de endeudamiento, permitió la participación privada y la libre competencia en el servicio de energía. En el mismo año, Corelca firma un contrato llamado PPA (Power Purchase Agreement) que son leoninos por cuanto se obliga a comprar la capacidad de energía de la térmica, se necesite o no y a unos precios muy rentables. Es contrato de burro amarrado.
En el año 2006 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez determinó dejarle a Corelca los pasivos y los líos, es decir, los huesos; para trasladarle el lomo a Gecelca. Y más tarde privatizar a Gecelca cuando le haya pagado las deudas a la nación y esté generando utilidades. Pero la lógica debería ser al revés, si Gecelca va a dar utilidades, lo sensato es que la nación se quedara con ella.
No hay crimen perfecto
Ahora el gobierno nacional decide entregar el lomo, es decir, Gecelca, dando ganancias. Lo mismo piensa hacer con Urrá, con lo cual se completará la total privatización de los servicios públicos domiciliarios en la Costa Atlántica.
Pero toda esta desfachatez no para aquí. Los cuantiosos recursos resultantes de la privatización de Gecelca y Urrá los utilizará el gobierno para estructurar la financiación del proyecto vial “Autopista de las Américas”, según está estipulado en el Documento Conpes 3544 del 24 de octubre de 2008. Allí se dice que en el marco de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia y con el fin de responder a las necesidades de la globalización, una de las iniciativas viales más ambiciosas de la infraestructura colombiana consiste en el perfeccionamiento de un corredor con más de 3.600 kilómetros de vías, que comunique a Paraguachón en Venezuela con el Palo de Letras en Panamá, y permita la interconectividad de los departamentos del Norte de Colombia, denominada “Autopista de las Américas”.
Luego de describir los diferentes proyectos en varias fases, el Documento Conpes 3544 establece el plan de acción y la estrategia para la estructuración financiera, que en resumidas cuentas significa que el gobierno va a recoger las deudas que tiene Corelca con la nación y las va a canjear con las acciones que tiene Corelca en Gecelca ($644.000 millones); va a enajenar la participación de la nación en Gecelca y Urrá y estipula que el Confis apruebe las vigencias futuras para proveer recursos necesarios durante la ejecución del proyecto vial “Autopista de las Américas”. El monto mínimo de las vigencias futuras será como mínimo el producto de la venta de los activos que tenga la nación en Gecelca y Urrá.
Pero aquí no para todo, porque el Documento Conpes encarga al Ministerio del Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones (Inco) para que determinen los peajes adicionales requeridos en los tramos en los que no existan, de acuerdo con los requerimientos financieros del Proyecto; y para que propicien la integración de concesiones en estos corredores.
Esta tacada neoliberal es todo un crimen de Estado casi perfecto. Pero quedan las evidencias de que aquí hay unos pocos ganadores: el gran capital financiero, las trasnacionales de los servicios públicos y los cómplices que controlan el poder estatal; y muchos perdedores: el pueblo colombiano, el desarrollo económico del país, toda la población de la Costa Atlántica, que no solo perderá el patrimonio de las últimas empresas de servicios públicos, sino que recibirá la descarga de las altas tarifas de la energía y se verá asfixiada por los altos costos del transporte producto de los peajes que serán colocados por doquier, por la imposición de unos proyectos viales que están diseñados principalmente para recibir el alud de importaciones de los tratados de libre comercio.
Se hace necesario que las fuerzas progresistas de la Costa Atlántica y de toda la nación tomen nota cuidadosa de esta situación, que demuestra a las claras que quienes tienen el mando en el país lo utilizan para el beneficio de intereses minoritarios y mezquinos, por lo que se requiere un replanteamiento a fondo del modelo económico y social, que tarde que temprano se abrirá paso, como se está viendo hoy en vastas zonas del planeta, porque llegarán días que condensarán años.