Con o sin razón, se demostrará en estrados judiciales, el gobierno y sus entes de control, utilizando sus medios de comunicación, lanzaron una “cruzada” comandada por el Procurador, Alejandro Ordoñez, contra la administración de Bogotá. Su labor sería loable si no se marcara en la intención un “tufillo” político, tratándose del gobierno del único partido de oposición, en cabeza del Polo Democrático Alternativo; Bogotá tiene un presupuesto de más de $17 billones anuales que se lo pelean políticos, empresarios y multinacionales. No hago un balance de su alcalde Samuel Moreno, pero tengo la convicción de que nadie ha llegado con más programas sociales a los ciudadanos.
La “aplicación de la justicia” ha sido tan selectiva que cada día se destapan dudosos negocios, del gobierno anterior y del actual y no existe la misma diligencia de los “cruzados” contra la corrupción: ¿por qué no han destituido las cabezas visibles de terribles actos como la “yidispolítica” con la cual compraron la democracia?; ¿cómo se entiende que el Procurador pida exonerar de responsabilidad a la mayoría de congresistas condenados por la parapolítica?; ¿cuál es su actuación contra los jefes de Agro, Ingreso Seguro?; ¿qué indagaciones ha realizado al presidente Santos sobre los tres mil inocentes asesinados, que eufemísticamente bautizaron como falsos positivos?; ¿cuáles son sus decisiones sobre los jefes políticos que han instigado más de 15 mil desapariciones o de las 173 mil víctimas que dejaron los paramilitares, según informe de la fiscalía?; ¿qué ha hecho para que los Nule devuelvan al Estado cerca de $1 billón por contratos incumplidos?
Centrándonos en Cartagena nos preguntamos ¿por qué una obra se demora más del doble del tiempo que en cualquier parte y los sobre costos a veces se multiplican hasta ene veces?; ¿dónde aparece el Procurador o sus agentes en casos tan aberrantes como el del Emisario Submarino que lleva ¡doce años! en construcción? o el del famoso negocio de Transcaribe que va a cumplir ¡seis años! mortificando la vida de los cartageneros; ¡grave que en esta ciudad no pasa nada!
La revista Dinero del pasado 4 de marzo, en artículo titulado “Carruseles por todo el país”, subtituló “Silencio comprado”. Allí informa que Diego Otoya Gerdts, gerente de Edurbe S.A, ante el hecho que “el Concejo de Cartagena miraba con lupa la contratación de la entidad, decidió entonces hacer todo lo posible por evitar un debate de control político del que seguramente habría salido mal librado”. Según la revista, que publicó audios y documentos, el debate se truncó presuntamente porque acallaron a los promotores con $40 millones. Indica además que “el entonces gerente de Edurbe logró el aplazamiento del debate y consiguió mantenerse unos meses más en el cargo. En tan solo nueve meses, Otoya había manejado, vía convenios administrativos y sin atender los requerimientos del Estatuto de la Contratación, negocios por $46.090 millones”.
En la misma edición con el título “Sigue la polémica”, Dinero asegura que: la alcaldesa “Judith Pinedo firmó personalmente dos de las 13 cláusulas “otrosíes” mediante las cuales su administración ha modificado a favor del concesionario los plazos y el valor de un contrato para la construcción del Corredor de Acceso Rápido de la Variante de la ciudad, una de las obras más importantes y rezagadas de la infraestructura de Cartagena”. Agrega que “la historia de esas adiciones, es que bajo la figura de la “actualización de costos” subieron el valor del contrato de $11.000 millones a $42.000 mil millones”. Aquí caben varias preguntas, de las cuales la más evidente es: ¿cómo es posible que una obra haya sido tan mal planificada para que su costo se multiplique por cuatro? Pero además recojo las inquietudes de la población: ¿cuál es la razón para que los organismos de control y fiscalización no actúen en Cartagena?; acaso ¿hay temor de finalizar preso como el veedor Jorge Piedrahíta?; con este incierto manejo de los recursos ¿cómo nos exigen a que paguemos $500 mil millones por valorización para unas obras que no nos han consultado sino que son impuestas por muchos de quienes se van a beneficiar de ellas?
La corrupción es un flagelo que debe ser combatido por los colombianos, sin excepción, pero no debemos permitir que con ese objetivo se aplique una justicia selectiva con el propósito recóndito de no permitir una apertura democrática en Colombia.