Es de sapiencia popular que nuestros gobernantes se han caracterizado históricamente por esquivar responsabilidades, las trasladan a instancias inferiores o simplemente hacen que las instituciones judiciales no actúen en su contra, lo que deriva en la impunidad que asusta en el exterior.
Dos tragedias naturales que fueron previsibles nos sirven como ejemplo: primera es la erupción del volcán Arenas, Nevado del Ruiz, 6 y 7 de noviembre de 1985, que arrasó a Armero y sus veinticinco mil habitantes. Se conoció que el gobierno de Belisario Betancourt ignoró los ciclos de erupción de los volcanes, desconoció las alertas de autoridades como Max Enríquez, investigaciones de El Espectador y una carta remitida por personalidades, como Ramón Rodríguez alcalde especial, directores del Instituto Darwin y Museo Antropológico, presidentes de la Cruz Roja, Defensa Civil y Club Rotario, Personero Municipal y Comandante de Bomberos.
Según Eduardo Muñetón, habitante de la región, el oficio expresa textualmente: “Preocupados situación fenómeno natural ocasionado por Volcán Nevado del Ruiz. Solo estos momentos conlleva aprender próximos peligros como enorme represamiento rio Lagunilla se formó hace más de ocho meses por invierno que ahora vuelve repercutir en eminente bomba de tiempo por los problemas Volcán Nevado del Ruiz. Alertados por los científicos como lo conoce el gobierno y opinión pública. Razón suficiente hace pedir al gobierno nacional urgente atención para constituir obras de prevención donde épocas atrás en similares fenómenos río Lagunilla penetró desastre en la población. Siendo hoy de incalculables proporciones por la superpoblación actual de la ciudad. Agradecemos la atención a este SOS de la ciudadanía armerita”. El gobierno se hizo ciego, sordo y mudo; nadie ha asumido la responsabilidad.
Segunda es la última ola invernal, que dejó dos millones trescientos mil damnificados y “billonarias pérdidas”, otra hecatombe anunciada; desde el primer semestre del 2010 el Ideam publicó alertas sobre el fenómeno de La Niña, anunciando probabilidad de desastres en poblaciones ribereñas del Cauca, Magdalena, San Jorge, Sinú, entre otros. Posesionado el presidente Santos salió a darse un baño de popularidad con los ya damnificados de La Mojana y la Depresión Momposina.
En relación con el Canal del Dique, el senador Jorge Robledo, el 17 de enero de 2011, en el Congreso indicó: “Me he tomado un tiempo en mirar el más grave daño… y la negligencia e irresponsabilidad de los diferentes gobiernos, en el rompimiento del Canal del Dique. Tengo recortes de prensa. Éste de La Libertad ¡del 24 de mayo de 2009!, dice que había pánico porque se pensaba que el Canal del Dique se iba a reventar. Esta acta del 20 de mayo de 2009, suscrita por Invías –en su papel membreteado- con dirigentes del sector agropecuario del sur del Atlántico, vuelve a advertir que si gobierno nacional no interviene el dique puede reventarse y causar un desastre como el provocado en 1987. Así tituló el 30 de agosto de 2010 La Libertad: “Amenaza del Dique: Si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías, dicen habitantes del Cono Sur del Atlántico”.
Para resolver la tragedia el Gobierno dictó el Decreto 020 de enero 7/11 declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, patente para legislar por encima del Congreso. Dos objetivos buscaba: primero, una cortina de humo para absolver su responsabilidad y la del gobierno anterior; segundo, aprovechar su amparo para expedir 37 decretos que profundizan medidas neoliberales como: venta de Ecopetrol, asaltar las funciones y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades con presupuesto propio y fundamento en la Constitución. Pero además, convertir la tragedia en el negocio de la Reconstrucción, nombrando al banquero Jorge Londoño para que estructure concesiones de escuelas, hospitales, carreteras, servicios públicos, entre otros.
La filosofía de la Reconstrucción es del presidente Santos. “Hagamos de la tragedia una oportunidad: por cada peso que ponga el gobierno, que el sector privado ponga tres”. Seguro que el sector privado merece oportunidades, pero no son monjas de caridad; él por cada cien pesos invertidos mínimo trata de ganar veinte, es decir, sacan ciento veinte pesos.