El 11 de febrero de 2008 escribí para este diario una columna que denominé “La Salud un sistema de negociados” en la cual hice un análisis de los principios rectores de la Ley 100/93, basados en la intermediación financiera, privatización y obtención de la máxima ganancia, sobre los cuales se estableció el marco jurídico para la constitución del Sistema General de Salud y Seguridad Social.
Entonces comenté “con la nueva regulación crean las Empresas Promotoras de Salud –EPS- convertidas en intermediarias financieras para el manejo de los recursos, sobre la premisa de la máxima ganancia. Utilidad que obtienen mediante: una mano de obra barata, despidiendo trabajadores para luego subcontratar con cooperativas y bolsas de empleo; eliminando competencia de hospitales públicos…”
El Grupo de Salud del Centro de Estudio del Trabajo, Cedetrabajo, en su revista Deslinde No.47 de diciembre de 2010 publica datos que debían causar por lo menos asombro: el gasto total en salud pasó de $3.26 billones, de ellos 15% eran recursos públicos en 1993, a $39 billones en 2009 con una reducción al 10% de los públicos. Esto indica que pese al crecimiento hay un descenso real del 33% de la inversión pública, es decir, cada día está más consolidado el negocio privado o como llaman el aseguramiento.
Los datos de Cedetrabajo muestran que el régimen Contributivo mantiene un cubrimiento del 40%, mientras el Subsidiado se aproxima al 30% dejando un 30% sin protección, que es la franja para la cual faltan recursos, lo que pretendió solucionar la nueva reforma a la salud; agregamos que entre 1999 y 2008 cerca de un millón de tutelas han obligado al reconocimiento de tratamientos, procedimientos y medicinas no contemplados en el POS. Durante la vigencia de la Ley 100, las EPS han crecido 176 veces en su patrimonio estimado en 2009 en $767 billones con una utilidad neta de $495 billones. Sólo en 2009 “vendieron servicios” por $44 billones con ganancias de medio billón de pesos. Después de la banca comercial, el de la salud es el segundo negocio más lucrativo que se desarrolla en Colombia.
Para el 2008 la Supersalud tenía reportados 987 hospitales públicos, de los cuales 85%, unos 841, reportaron déficit que sumaban más de un billón de pesos, producto de que las EPS no les cancelaban a tiempo y hacían preferentemente la contratación con las IPS privadas, sólo un 58% recaudan esos hospitales públicos. La solución fue impulsar las reestructuraciones que implicaron entregar hospitales en concesión y liquidar a los trabajadores, algunos de los cuales fueron contratados con intermediarios laborales.
Esta orgía contra la salud deja consecuencias: millares de víctimas inocentes del “paseo de la muerte”, asesinadas por este sistema debido a su carencia de recursos económicos; se han agudizado y reaparecido enfermedades crónicas, muertes maternas, dengue hemorrágico y clásico, tuberculosis, lepra, malaria, además de la diabetes, hipertensión y la obesidad que aumentan los factores de riesgo.
El pasado 19 de enero, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 “Por medio de la cual reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 2 dice que se orientará a preservar la sostenibilidad financiera del Sistema y en el 3 sobre los principios rectores, en el 3.13 establece que su sostenibilidad no podrá afectar el gasto fiscal. Es decir se ratifica que los recursos económicos están por encima del derecho fundamental de la salud, lo que deja a la población en manos del aseguramiento privado y les consolida a las EPS el negocio. Lo demás en la reforma son regulaciones secundarias y procedimentales.
Por lo anterior la Academia de Medicina, las Sociedades Científicas, Assosalud, la Federación Médica, el colegio Médico y Asmedas enviaron comunicación al presidente Santos expresándole que no asistieron al acto de Sanción de la Ley por considerar que “no refleja las soluciones de fondo a los graves problemas que tiene el sector salud” y el doctor Gustavo Malagón, presidente de la Academia dijo a los medios de comunicación que “la ley privilegia la sostenibilidad financiera, fracciona el derecho a la salud y no mejora sus indicadores”.