Las cifras son elocuentes: más de dos millones de colombianos damnificados, más de un millón de hectáreas cubiertas por las aguas, centenares de personas muertas, inmensos daños al sector agropecuario y a la infraestructura básica, importantes vías destruidas, pueblos enteros sepultados, miles de viviendas colapsadas. Se trata de una de las tragedias sociales más serias en las últimas décadas en lo que respecta a los departamentos de la región Caribe, cuya responsabilidad le compete al Estado colombiano, en sus distintos niveles, por la imprevisión manifiesta ante las alertas tempranas hechas por organizaciones sociales sobre las debilidades estructurales de la vía canal entre Calamar, Bolívar, y Santa Lucía, Atlántico, y de que estábamos atravesando por uno de los peores inviernos desde hacía muchos años, según el Ideam. El modelo económico prevaleciente, el cual proporciona inmensas ganancias a los grandes inversionistas extranjeros y nacionales sin importarle los desequilibrios que ocasiona por la depredación de la naturaleza y los pocos o nulos cuidados a la infraestructura de movilidad, es el factor principal de la tragedia social que lamentamos en la actualidad.
RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE LA SOCIEDAD
Se presenta una discusión en distintos sectores sociales y gubernamentales, sobre si lo más importante es pensar en la reubicación de los municipios y corregimientos del sur del Atlántico en sitios distintos en los que estaban, o si lo preciso es la reconstrucción de las condiciones de existencia de las poblaciones inundadas por las aguas del río Magdalena. Si miramos objetivamente la situación, lo fundamental es empezar a planificar en términos de reconstrucción, por cuanto es el interés generalizado de las gentes que tienen su arraigo, su historia, bienes, costumbres e idiosincrasia ligados a esos territorios ancestrales; y, en cuanto al tema de la reubicación de algunas zonas, tendría que mirarse de manera concienzuda y basarse en estudios científicos y técnicos de probada idoneidad, no a la manera ligera como lo propusieron el senador Armando Benedetti, algunos asesores norteamericanos y otros círculos oficiales y del sector privado.
El tema de reconstrucción de la situación económica y social de la población afectada en la Costa Atlántica y el interior del país es necesario abocarlo de inmediato, teniendo en cuenta además que el gobierno nacional decretó la emergencia económica, social y ambiental. Los cálculos oficiales sobre los costos de la empresa restauradora sobrepasan los diez billones de pesos (unos cinco mil millones de dólares), aunque los mandatarios de la Costa Atlántica reunidos en Cartagena el domingo 26 de diciembre calculan que los costos para esta región suman unos trece billones de pesos.
De dónde pueden provenir los recursos? A modo de reflexión, éstos deben provenir de dónde están amasados, por ejemplo de las siguientes fuentes.
– Se debe revivir el impuesto de remesas de utilidades del 7 por ciento a los inversionistas extranjeros que fue desmontado por el gobierno Uribe Vélez. El monto aproximado de los giros a las metrópolis es de once mil millones de dólares anuales, el 7% sería 770 millones de dólares, 1.4 billones de pesos.
– Las regalías mineras y de hidrocarburos que pagan las trasnacionales en Colombia son de las más bajas en América Latina. Las regalías del petróleo que en promedio pagan el ocho por ciento se podían subir al 12 por ciento; El carbón explotado por multinacionales como Drummond, Glencore, Billiton, Vale Do Río, solo paga en promedio del 5 al 10 por ciento según la ley 756 de 2002. Estas regalías debían estar muy por encima del 10 por ciento y sin las gabelas de exenciones tributarias; metales como el oro y la plata pagan alrededor del cuatro por ciento, una cifra ridícula, si se tiene en cuenta los impresionantes daños ecológicos que ocasionan estas compañías foráneas. Las regalías deberían subir mínimo un 20%; el níquel de Cerromatoso en Córdoba solo paga el 12 por ciento y el gobierno de Uribe le vendió la parte del Estado a una multinacional que debiera subir al 20% la regalía.
– Las zonas francas tienen un régimen especial, solo pagan el 15% de impuesto de renta cuando la tarifa general es de 33%, no pagan IVA ni arancel de los bienes importados y los trabajadores son tercerizados, sin estabilidad laboral ni organización sindical. Estos empresarios deben ser aportantes a través de una rebaja de las gabelas que ostentan.
– Otros recursos deben provenir de un impuesto al sector financiero que atraviesa una bonanza en la actualidad. Los fondos de pensiones que están manejando más de 84 billones de pesos que antes eran de todos los colombianos a través de los Seguros Sociales. Allí hay unos recursos importantes para las tareas de reconstrucción.
– No se debe descartar una emisión controlada de moneda que no la prohíbe la Constitución si no pone en peligro la “moneda sana”. El propio gobierno emite cuando saca Títulos de Tesorería (TES) o cuando compra dólares en el mercado.
– Tampoco se puede descartar una cesación parcial del pago de la deuda pública, cuyo servicio para 2011 está en el orden de 39 billones de pesos, porque lo que el gobierno está planeando es endeudar más el país, por ejemplo, con el BID, y esto es poner a pagar a la población con nuevos impuestos y no hay margen para ello.
Hay muchas fuentes de recursos para lo cual se necesita una gran presión de los sectores democráticos del país para que los saqueadores de los recursos naturales y del trabajo de los colombianos aporten en esta emergencia por la que atraviesan millones de colombianos.
En sentido contrario, lo que se debe evitar en la búsqueda de los recursos:
– En primer lugar no aumentar los impuestos indirectos, como el IVA al consumo, porque recaería sobre los sectores populares y los propios damnificados.
– No continuar con las políticas privatizadoras, que en últimas dejan sin defensas a la población y al aparato productivo, como carecer de un Ministerio de Obras Públicas, de instituciones oficiales como el Idema o el debilitamiento del ICA, del Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM), etc.
– No seguir privatizando a Ecopetrol, que es un patrimonio de todos los colombianos y que el gobierno anterior y el actual quieren matar la gallina de los huevos de oro que representa la empresa más rentable de toda Colombia.
– Evitar continuar endeudando al país con la banca extranjera, como se acaba de hacer con un préstamo de 350 millones de dólares del BID, que es presentado como una “ayuda” para atender a los damnificados, pero el cual todos pagaremos con sus onerosos intereses.