El proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal, que debería llamarse de Insostenibilidad Social, desconocido por muchos, es la evidencia palmaria del fracaso del modelo neoliberal con que nos gobiernan desde hace tres décadas. El Estado se declara incapaz de atender las necesidades básicas de sus ciudadanos y pone un límite a sus responsabilidades; en un acto de cinismo sin parangón alguno, el gobierno convierte la protección del manejo del presupuesto de la nación en un “derecho fundamental” con el fin de dar garantía plena a los prestamistas internacionales, de que ni un centavo se empleará en atención de salud, educación, pago de nómina, inversión pública, atención de desastres o cualquier otro gasto propio de un Estado, antes de honrar el pago de sus obligaciones con la banca multilateral.
Una vez la aplanadora de la unidad nacional en el congreso apruebe el acto legislativo que convierta esa concepción en ley, pasará a sanción del presidente Santos, que así verá convertido en realidad el mayor anhelo del sector financiero, al que representa como su mejor exponente.
Así, Ester Julia, la humilde empleada de la tienda de la esquina, que padece hace un año una extraña enfermedad que paraliza su sistema nervioso y debe consumir una costosa medicina que contrarresta los efectos de su patología, no tendrá recurso alguno para asegurar que le suministren el remedio, ni siquiera la tutela, porque su valor sumado al de muchos otros colombianos que sufren enfermedades catastróficas y demandan drogas por fuera del POS, de altísimo costo, afectarán la cuenta destinada a salud y el Estado podrá alegar, para no atender estas necesidades fundamentales, que exceden su capacidad presupuestal.
Igual le acontecerá a los Bellos que registren desastres originados en los violentos cambios climáticos, que se producen por la explotación despiadada y sin control de los recursos naturales del planeta, por parte de las multinacionales mineras y energéticas, el gobierno alegará que no hay dineros en las arcas para atenderlos y que hacerlo desbalancearía lo aprobado en la ley de presupuesto, dejándolos a su suerte.
Se trata, sin más ni menos, de la ley más monstruosa jamás aprobada en cualquier latitud, porque coloca por encima de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, incluso los que tienen que ver con su existencia, la utilidad del sector financiero, único beneficiado con este acto legislativo.
Quienes recuerdan una de las narraciones de García Márquez, de las buenas que escribió antes de que lo deslumbrara el éxito y terminara dando bandazos entre la Habana y Washington, entre Castro y Clinton: “Algo grave va a suceder en este pueblo” podría ilustrar lo que ocurrirá a quienes andan batiéndole incienso al gobierno de Santos y consideran que con despojo a las regiones de las regalías, licencias a granel a las multinacionales mineras, profundización de la confianza inversionista, reforma a la salud para liquidar la red pública hospitalaria, concesiones ilimitadas de tierras a los fondos e inversionistas extranjeros, libre comercio con Estados Unidos y Europa, decretos contra la pequeña y mediana producción agropecuaria nacional y sostenibilidad fiscal, que a pesar de todo esto, nada va a pasar; al contrario de la historia del Nobel, no terminarán en la hoguera que arrasó con el pueblo por confiar en el rumor, sino por no hacer el deber de cerciorarse de la realidad, que por todos los poros nos grita la urgencia de un cambio de liderazgo.