Federación Nacional de Profesores Universitarios, Bogotá, marzo 28 de 2003
Le correspondió sesionar a esta Asamblea en medio de una serie de acontecimientos que no vacilamos en calificar como calamitosos, tanto para la vida del país como para la del mundo, los cuales acarrean consecuencias catastróficas para los docentes universitarios por su condición de asalariados y para la Educación Superior Pública, cuya eliminación aparece como un imperativo en el nuevo orden que impondrá el Tratado de Libre Comercio para las Américas –ALCA, en todos los países del continente.
Cada día se percibe con mayor nitidez que asistimos a un proceso de recolonización en el planeta, que bajo la insignia de la “globalización y la democracia” el gobierno de los Estados Unidos de América se empeña en imponer, bien sea mediante las acciones de organismos multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional –F.M.I.-, el Banco Interamericano de Desarrollo –B.I.D.- y la Organización Mundial de Comercio –O.M.C.-, cuando ello le es dado, o bajo el fuego criminal de sus misiles y el poderío arrasador de su fuerza militar. Para ello pisotean todo tipo de acuerdos y convenios internacionales y burlan las decisiones de organismos que como la ONU nacieron por su iniciativa y hoy se constituyen en un escollo para sus pretensiones hegemónicas imperiales, avasallando pueblos y sojuzgando naciones. Así satisfacen el apetito mercantil de los grandes magnates del capital financiero internacional.
En nuestro país tan aberrante situación se expresa, entre otras, en la condición de pobreza e indigencia a que se ven sometidas las grandes mayorías de pobladores de campos y ciudades; en la quiebra generalizada de las actividades productivas del agro y la industria; en los abultados índices de desempleo; en la ruina y cierre de los hospitales; en la exasperante concentración de la propiedad de la tierra y la riqueza; en fin, en el dantesco panorama nacional que nadie se atreve a desconocer, el cual se agudiza cada día más como consecuencia de la puesta en marcha de las políticas económicas dictadas por el F.M.I., en el acuerdo extendido firmado por el gobierno anterior y en el acuerdo stand-by firmado por el actual y acatadas con diligencia por el gobierno autoritario y genuflexo de Álvaro Uribe V., fiel continuador de los gobiernos de Pastrana, Samper y Gaviria, entreguistas insignes del interés y el patrimonio nacionales en la última década del siglo pasado.
Los docentes universitarios, al igual que el resto de trabajadores del Estado hemos sido sometidos a las consecuencias gravosas de las reformas laboral, tributaria y del régimen de pensiones aprobadas por el Congreso de la República, a petición del Ejecutivo Nacional, en los últimos meses de 2002 y enero del presente año. A consecuencia de la política de la “ampliación de la cobertura”, y la “racionalización” para dar cumplimiento a los “planes de desempeño” o simplemente para “mejorar los estándares”, en un buen número de las universidades el profesorado ha sufrido el incremento de su carga de trabajo, en términos de asignación de docencia directa y/o labores de investigación y extensión y soportado el desmejoramiento de sus condiciones de trabajo, amén de la disminución de su salario real a causa de la política gubernamental de restringir los ajustes que ordenan la constitución y las leyes, en razón a la pérdida del poder adquisitivo del dinero por efecto de la inflación. A lo anterior se agrega el deterioro al régimen salarial y de prestaciones infringido por el gobierno anterior con la imposición del decreto 1279 de 2002.
En las Universidades Públicas avanzan con paso firme los procesos de privatización. Los rectores, sin excepción, presos de la normatividad imperante, proceden a ejecutar la política que emana del Ministerio de Educación Nacional y que adecua las instituciones a las exigencias del neoliberalismo y ahora con mayor reciedumbre, a las demandas de reforma que se imponen dentro de las negociaciones del ALCA tendientes a modificar el papel del Estado en esta materia. Son estas últimas las que orientan las reformas en marcha, que podríamos denominar de segunda generación, y que apuntan a la eliminación total y para siempre de la Educación Superior Pública. Podrán permanecer algunas Instituciones Educativas del Estado, pero ofreciendo programas de formación privatizados, realizando trabajos de investigación mercenaria para quien esté en capacidad de contratarlos y prestando servicios de extensión a la comunidad bajo la modalidad de contratos de “operación comercial”. Están al orden del día en las universidades la adecuación de los programas académicos al decreto 808 de 2.002 y los procesos de rediseño curricular. El momento que se vive es el de la “estandarización de los productos”, bajo el formato de los “colleges” norteamericanos, para garantizar las transacciones comerciales de la “mercancía” educación superior “sin ninguna restricción”[1], como lo piden los negociadores de los Estados Unidos.
El Ministerio de Educación Nacional está en proceso de reestructuración, modificando todo lo relacionado con la educación superior. El ICFES se limitará a cumplir funciones de evaluación en todos los niveles de la educación y se crea el Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-. En el plan de desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, de acuerdo con los informes del MEN, se establece el desmonte gradual, hasta de un 12% del aporte de recursos nación que la Ley 30 de 1992 obliga en favor de las universidades públicas y ordena su distribución por medio de indicadores de gestión. La Ministra de Educación, Cecilia Maria Vélez W., ha reiterado en varias ocasiones la decisión del actual gobierno de informar y consultar, pero no negociar ni concertar las políticas de su cartera.
Lo anterior ha sido acompañado de una agresiva campaña de desprestigio y calumnias sobre las Universidades Públicas en los medios de comunicación, donde se las presenta como agencias de formación de cuadros de los movimientos insurgentes y centros de actividades terroristas. Se pretende así justificar las acciones militares emprendidas contra algunos de los campus universitarios, en desarrollo de las operaciones que bajo el eslogan de la “seguridad democrática” viene generalizando el gobierno de Alvaro Uribe V. en todo el territorio nacional y debilitar la capacidad de resistencia que, mediante la movilización civilizada y democrática la comunidad universitaria y el pueblo en general, puedan ofrecer a tan lesivas políticas. En algunas universidades, como es el caso de la Popular del Cesar, la acción de los sicarios y las amenazas de muerte tienen sumida en la pasividad y el temor, a la comunidad universitaria.
El gobierno de Álvaro Uribe V. pretende, mediante el mecanismo del referendo, darle la connotación de mandato del “constituyente primario” a una reforma constitucional inspirada en materia política por el ejecutivo y acordada con el F.M.I. en materia económica, de contenido antidemocrático y antipopular. Pretende, a la vez, refrendar su política y tener carta blanca para proceder en la vía de entrega del país a los intereses norteamericanos en el ALCA.
Por todo lo aquí expresado, la VI Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Profesores Universitarios rechaza la política del gobierno de Uribe Vélez para la educación superior. Convoca al movimiento profesoral para que se prepare, mediante el estudio profundo, la discusión abierta de las políticas en marcha y las reformas propuestas en la “revolución educativa” y el plan de desarrollo, a movilizarse conjuntamente con estudiantes y trabajadores por la defensa de la Educación Superior Pública. Igualmente rechaza la puesta en marcha de su política social concretada en las reformas laboral, la reforma al régimen de seguridad social en pensiones, la reforma tributaria y la reestructuración del Estado. Expresa su solidaridad con la USO, el ISS, Cajanal, Caprecom, la Red Pública Hospitalaria y demás sectores en conflicto. Ratifica su adhesión al movimiento que amplios sectores de la sociedad adelantan por la abstención activa contra el referendo y a las acciones que de él se desprendan. Promueve el estudio y análisis del ALCA o TLC bilateral con E.U. y las acciones coordinadas con otros sectores de la sociedad contra sus lesivos efectos. Rechaza el apoyo del gobierno de Álvaro Uribe V. a la invasión Norteamericana a IRAQ. Condena y denuncia la criminal ofensiva militar contra el pueblo de IRAQ, emprendida por el gobierno de George W. Bush en conchabanza con los de Tony Blair de Gran Bretaña y José Maria Aznar de España.
Finalmente llamamos a estrechar los lazos de unidad con los demás sectores sociales afectados por las políticas impuestas, como única alternativa viable para fortalecer nuestra capacidad de resistencia y consolidar un fuerte movimiento en defensa de la soberanía nacional y de los intereses populares.
Walberto Torres Mármol
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
Astrid Elena Vallejo S.
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
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[1] NEGOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL ALCA. Presentación del MEN en el CESU. Diapositiva 13 ppt. .Febrero 6 de 2003.