Una expresión de la sabiduría popular dice que es más difícil y costoso reconstruir que construir. Pero en el caso de nuestras ciudades el reordenamiento urbano es una necesidad por la escasez de suelo urbanizado, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con la construcción de un entorno amable y saludable donde los espacios para la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, los servicios, incluyendo la facilidad de desplazamiento, sean garantizados para todos.
Por las particularidades del desarrollo económico y social de Latinoamérica, y de manera especial de Colombia, nuestras ciudades, grandes e intermedias, se han construido más por iniciativa individual de familias o constructores privados, que como producto de una planeación social que conjugue los intereses generales con los particulares. El resultado ha sido una “colcha de retazos” sin identidad arquitectónica, ni servicios públicos armónicos, ni usos del suelo adecuados.
Hacia finales de la década de los 90 del siglo pasado Colombia empezó a construir una normatividad sobre planeación urbana. Un intento tímido que aunque aboca normas generales de urbanismo no le dio dientes fuertes a la ley para meter en cintura temas tan sensibles como el uso de la tierra urbana, sobre todo en lo atinente a la renta del suelo; los usos sociales de los servicios públicos domiciliarios; los usos sociales de los espacios públicos, incluyendo los de las áreas verdes y de protección ambiental; los usos sociales prioritarios para educación y salud; las áreas vitales para la movilidad ciudadana, etc.
Neiva no escapa a esa situación de desorden general. En un intento loable por meterle mano al caos urbanístico de la ciudad, la actual administración municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación ha abordado durante los últimos años la tarea de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente en lo que tiene que ver con el uso del suelo. El trabajo se consolidó en el Acuerdo 026 de 2009. Este es un ejercicio que se ha hecho con más buena intención que capacidad profesional, porque de entrada el nuevo POT adolece de dos fallas protuberantes, como bien ha señalado el arquitecto Luis Muñoz: no tiene el soporte de un plan maestro de servicios públicos, ni cuenta con un plan vial y de movilidad; ambos componentes básicos para un plan integral de desarrollo urbano.
Pero en donde se puede volver conflictivo el nuevo POT, y así se está viendo en la práctica, es en la reglamentación particular de los usos del suelo en distintos sectores de la ciudad que tienen por normatividad anterior usos diferentes a los ahora aprobados. La inquietud radica no en la buena intención de aclarar y redefinir los usos principales, sino en la tarea concreta de disponer de una opción factible para aquellos negocios que deben cambiar de ubicación por ser usos incompatibles con los usos principales. Para ellos la municipalidad debe garantizar, de manera obligatoria, el apoyo necesario para que esos cambios se puedan dar en un tiempo prudencial, sin que se conviertan en traumatismos mortales para su existencia. Máxime cuando están en juego empleos sensibles en una ciudad que carece de fuentes de trabajo para sus habitantes.
Este es un tema que va a dar para cortar mucha tela en el futuro mediato. Abordémoslo con seriedad por el bien de la ciudad y de sus habitantes.