Hace años escribí un artículo que explicaba que el contrabando y el lavado de activos son hijos legítimos de la apertura, que no era posible discriminar, entre importaciones masivas y flujos de dinero sin control; cuáles provenían de operaciones lícitas y cuáles de ilícitas, todo a pesar del alarde de los discursos oficiales sobre “avances en la lucha antidrogas”.
Desde la última década del siglo XX, Ricardo Rocha, en “La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico”; estimó que, cuando las exportaciones de cocaína promediaban 400 millones de toneladas, tanto las producidas en cultivos propios como las originadas en importaciones de base de coca del vecindario, los ingresos “repatriables” eran de 2.024 millones de dólares, un 2,2% del PIB.
Diez años después, un trabajo de Caballero y Amaya para la Escuela de Gobierno de Uniandes, concluye, con base en la exportación de 232 toneladas de cocaína en 2008, que los ingresos de los traficantes alcanzan 4 mil millones de dólares, el doble de diez años atrás, el mismo 2% del PIB, notando que el 45% del tráfico va a Europa, donde el precio de exportación oscila entre 50 y 60 millones de pesos, el triple que el de los envíos a México y Estados Unidos.
Los canales de filtración de los flujos de capital ilícitos están detectados: el sistema financiero, el contrabando de importaciones y el dinero efectivo, en maletas, baúles, caletas y contenedores.
La complacencia de las autoridades con los ilícitos es insólita. El organismo competente para perseguir operaciones financieras sospechosas en los últimos cuatro años registra entre 6 mil y ocho mil casos, cuando los flujos son el doble, y el contrabando en todas sus modalidades, abierto, técnico o por subfacturación se calculó para 2007 en 7.700 millones de dólares, 25% de las importaciones. Este contrabando y el ingreso de efectivo, según Caballero y Amaya, ponen un techo del reintegro de dinero ilícito por esas vías en 8.600 millones de dólares. No obstante, las extinciones de dominio, que no todas por narcotráfico, sólo alcanzaron en 2009, algo más de 520 millones de dólares y escasamente 55 millones la aprehensión de contrabando, con lo cual, sumadas las incautaciones de droga, los ingresos capturados son sólo únicamente el 10% del total. Esto se traduce en una disminución vertiginosa desde 2004 de sentencias de extinción de dominio contra bienes y personas.
Los flujos ilícitos, que forman parte del paquete que retroalimenta la revaluación y demás manifestaciones de Enfermedad Holandesa, se incorporaron a la organización económica nacional desde la instalación de la “ventanilla siniestra” y se legitimaron con el neoliberalismo conspirando contra el trabajo honesto en ilegítimo complot con instituciones económicas y policivas.