Constancia presentada por el Diputado Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro en la sesión del jueves dos de enero de 2003 de la Asamblea Departamental de Risaralda
Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, Pereira, enero 2 de 2003
Si se toma el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia que reza:
“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución…”, el enunciado del “Rostro Humano y Social en igualdad de oportunidades” y los indicadores propuestos en el Plan Departamental de Desarrollo y se comparan con los resultados que en los campos atinentes a las responsabilidades constitucionales mencionadas, presenta el estudio del CRECE sobre Risaralda, la calificación a la gestión de esta administración de Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu tendría que ubicarse en los niveles más bajos de cualquier escala de evaluación por laxa que ella fuera. Incluso la Contraloría General del Departamento, que no se ha destacado propiamente por esclarecer asuntos que enturbian el destino de recursos públicos como en la secretaría de Educación, ha puesto de presente que aquí se carece de elementales procesos de planeación.
La acción oficial se ha empeñado en cubrir esta verdad de a puño. Los continuos actos publicitarios sobre asuntos baladíes y superfluos, para “tapar el sol con las manos”, obedecen a que este gobierno, “aupado” al poder con los empujes propios del pastranismo, desde la misma campaña electoral engañó a la población con falsas promesas sobre logros imposibles de alcanzar conociendo que sus quehaceres se supeditarían a lo firmado en el Convenio de Desempeño con el Ministerio de Hacienda. Nunca lo mencionó, jamás se refirió a él, pero de antemano sabía que su compromiso con Andrés Pastrana y su séquito neoliberal era cumplir a pié juntillas lo prescrito por la DIAF, esa dependencia espuria del FMI ubicada en el Palacio de San Agustín en la capital. Y si bien hoy recibe las maledicencias de maestros, indígenas, campesinos, trabajadores y empleados despedidos cuenta con los vistos buenos de Junguito y los banqueros. He ahí el verdadero rostro de esta administración.
Y no contenta con todo ello y en actitud aleve contra esta situación, especialmente grave en la zona cafetera, enarbolará las banderas del referendo uribista que congela los dineros centrales para salud y educación por dos años para los entes territoriales, una “mejora” del Acto legislativo 01 de 2001, el cual también respaldó. Es todo un paquete de exigencias del FMI para garantizar el oneroso e inicuo pago de la deuda pública a los agiotistas internacionales.
El marco general del desastre que asuela a Colombia no encuentra en esta administración un plan que permita siquiera mitigarlo regionalmente. Por el contrario, también se ha montado, en conjunto con sus socios del infausto “pacto de Guacarí”, con tiquete de primera en el tren del neoliberalismo, haciendo los ajustes, siendo departamento piloto de recortes y reestructuraciones en los sectores de salud, donde además las campañas de vacunación han sido de baja cobertura, y de educación, en el cual, al parecer, aún ni “las cuentas están claras ni el chocolate espeso”. En el “negocio del año” privatizó, contrario a recomendaciones de la comisión adjudicadora, la comercialización de los licores de la Industria Licorera de Caldas cuyo monopolio está en manos de la gobernación. No fue obstáculo que con dicha adjudicación se atentara, como puede demostrarse, contra los índices de liquidez de las finanzas departamentales ni que el adjudicatario tuviera antecedentes de connivencia en irregularidades con funcionarios, por ello sancionados en el Tolima, ni que, como puede probarse con simple matemática financiera, los apalancamientos y fortalezas derivados de esta operación se trasladarán a un desconocido mercader de esos renglones por estos lugares.
Para llevar a cabo esos procedimientos se ha requerido el silencio de los organismos de control y de la propia Duma de Risaralda. En ese campo la gobernadora ha demostrado habilidad sin par. En una “meritocracia” muy particular ha establecido entre los requisitos para pertenecer a sus colaboradores más cercanos ser parientes con las personas que ocupan destacadas posiciones en las distintas ramas del control y el ministerio público. Ello ha generado, al final, la más exótica de las burocracias, como: sicólogas expertas en planeación, bacteriólogas especializadas en psiquiatría, abogadas avezadas en puentes, carreteras y pavimentaciones, militares en retiro duchos en artes editoriales, ex directores de bandas musicales peritos en control automotor y medio ambiente, médicos ejercitados en contratación con cooperativas, la norma, ahora en Risaralda, es “estar en el lugar equivocado”.
Para colmo de males, amén de tanto neoliberalismo, tanta falacia y tanto mal gobierno, la inversión social total por habitante, desde enero de 2001 hasta noviembre de 2002 ha sido apenas de $13.037 mientras que el pago de deuda de cada risaraldense, en ese mismo periodo, ha sido de $33.383 y para el 2003 se tienen presupuestado contribuir con otros $19.098 más. Al final, la relación entre el beneficio y el costo de la presente gestión gubernamental para todos los habitantes del departamento es negativa. Todas las desgracias de los risaraldenses, aquí descritas, pueden empeorar. El Referendo, la aplicación de las reformas uribistas, aprobadas por exigencia del FMI con el apoyo de los politiqueros tradicionales, quienes así pretenden congraciarse ante los amos extranjeros, y el eventual ingreso de Colombia al ALCA van a agravarlas. Mi compromiso es colaborar en la resistencia civil contra estos atropellos así toque enfrentar en la lucha política a quienes mediante la detentación del poder a niveles nacionales o regionales se amalgaman sin distingos para su propio provecho en detrimento del general y nacional, recurriendo a todos los medios para intentar soslayar o silenciar las voces disidentes. Convoco, desde aquí, a todos los risaraldenses que compartan esta posición patriótica y democrática a unificarnos en este justo empeño.
Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro