Apolinar Díaz – Callejas, El Heraldo, Barranquilla, enero 13 de 2003
El gobierno del presidente Uribe Vélez, desde su inicio y en el vocabulario oficial, mostró claras tendencias autoritarias que indicaron la posibilidad de un retorno a las prácticas del Estatuto de Seguridad de la época del doctor Turbay Ayala, que hizo tanto daño e incrementó la represión al interior del país, y desató la más extendida y honda protesta mundial en la historia nacional. Bajo ese temor hemos estado los colombianos. Las dudas que expresan algunos medios de comunicación sobre las negociaciones de paz con los paramilitares en cuanto a que puedan llevar a incorporarlos directa o indirectamente, pero de modo oficial, a la tarea de las fuerzas armadas y de policía de reprimir a los grupos violentos y guerrillas, tienen cada vez más indicaciones de que esto podría ocurrir, con lo cual la acción del Estado asumiría características de guerra sucia. Si a todo lo anterior se añade la creciente y abierta presencia de mercenarios norteamericanos, estaríamos frente al más grave desafío a la democracia colombiana, a la soberanía nacional y a las posibilidades de solución negociada del conflicto interno que nos abruma.
Por todo ello, el allanamiento de las oficinas en Cali de la Central Única de Trabajadores, CUT, se convierte no sólo en un hecho que confirmaría el temor nacional sobre las políticas represivas del gobierno y el sometimiento de la Fiscalía General de la Nación a esas prácticas. De ahí a caer sobre las organizaciones sindicales y sus dirigentes, sobre grupos políticos minoritarios y de oposición y sus conductores, y sobre todas aquellas personas u organizaciones que discrepen o critiquen las políticas del gobierno Uribe Vélez – Londoño Hoyos, no hay sino un paso que sería el de arrastrar el país al despeñadero nacional e internacional de la represión para imponer los objetivos oficiales y unas políticas sociales que muestran claramente que vamos hacia despidos masivos y reducción drástica de las conquistas laborales de los trabajadores del país, logradas en un proceso histórico de modernización que se inició con vigor y entusiasmo en la etapa de la Revolución en Marcha del gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo.
Todo esto oscurece el panorama nacional y llena de temores al pueblo colombiano sobre el futuro del país y los efectos que muchos consideramos nefastos, que tendría la votación favorable del llamado referendo gobiernista. Yo me abstendré de votar ese referendo que permitiría recortar aún más la restringida democracia colombiana y a dar nuevas alas a las políticas represivas y contra los derechos humanos y de los trabajadores.
En contraste, no puedo menos que señalar la cada vez más escandalosa situación del Ministro de Justicia y del Interior Londoño Hoyos, quien es dirigente político y gubernamental de máximo poder con el que el propio Estado de que forma parte tiene un cuantioso pleito de intereses económicos y accionarios, empantanado por las propias ligeresas del ministro Londoño para burlarse de las notificaciones que intentaban los poderes judiciales. Esto ya está pasando de castaño a oscuro y para la nación es cada vez más inaceptable que el ministro Londoño defienda sus intereses particulares ante una empresa estatal como Ecopetrol, sentado en su silla de poderoso doble ministro del Despacho. La nación y el conjunto del pueblo colombiano demandan del presidente Uribe Vélez poner término a esa situación para restablecer la más completa claridad en el trámite de ese pleito.