Desde los inicios de la década pasada el país ha venido siendo sometido a una sucesión de reformas con el propósito de adecuar su institucionalidad, en todas las esferas de la vida nacional, a los postulados del denominado “Consenso de Washington”. Esto se da mediante la aplicación de la doctrina neoliberal, imperante en la época de la “globalización” o “internacionalización de la economía”, impuesta por los organismos multilaterales de crédito y los poderes hegemónicos que controlan la economía y la política en el orbe. Su propósito era claro: establecer un nuevo orden económico en el mundo que les permitiera superar las dificultades evidenciadas en los años 80s, expresadas en la caída de la tasa media de ganancia en los países desarrollados como consecuencia de una crisis de superproducción del capitalismo mundial, exacerbada por el entrabamiento del comercio internacional y del flujo de capitales a raíz de la crisis de la deuda externa, principalmente en los países en desarrollo.
Es así como bajo la denominación de la “apertura económica” se emprende la oleada reformista que aún no concluye, la cual incluyo, como pieza fundamental, la expedición de una nueva “Ley de Leyes”, la Constitución de 1991, en la cual se sentaron las bases que han permitido la subversión de todo el ordenamiento jurídico en vigor, bajo el apelativo de “el revolcón”, en procura de adecuar el país a las necesidades del nuevo modelo de desarrollo. En el concierto de las diversas “aperturas” impuestas no podía faltar la “apertura educativa”, presentada en un documento del Departamento Nacional de Planeación, fechado el 19 de marzo de 1991 y titulado “PLAN DE APERTURA EDUCATIVA 1991-1994”.
A decir verdad, la nueva política educativa perfilada es ese documento va más allá de simples aspectos formales en relación con la asignación de recursos o modificaciones a la estructura del sistema educativo nacional. Bajo la insignia de lograr mejoras en la equidad, la calidad, la cobertura, la eficiencia y la pertinencia, en materia de educación superior subyacen dos nuevas concepciones: su carácter de “mercancía” y su valor de uso para quien acceda a ella al brindarle “nuevas oportunidades de movilidad social que le aseguran unos mayores ingresos al salir a la vida profesional”[1]. Es con base en lo anterior que se estructura todo el modelo privatizador y se asignan los roles al estado, la sociedad y la familia, en acatamiento de lo establecido por la nueva carta magna cuando manda que: “El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”[2].
El estado asume la función de regulador del mercado mediante los sistemas de acreditación y de información establecidos en la Ley 30 de 1992 y consistente con la política social del neoliberalismo de brindar asistencia a “los más pobres de los pobres” se propone “Establecer mecanismos de financiación pública que aseguren el subsidio directo a las personas de bajos recursos, promuevan la emulación entre las instituciones públicas y privadas para ofrecer mejores servicios y aseguren que las transferencias de recursos del gobierno central se realicen según necesidades y esfuerzo local por incrementar las inversiones en educación”[3]. También establece que se requiere de “un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior” y agrega que “Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes administrativos e institucionales”[4]. Es por ello que se ha insistido por parte de los diversos gobiernos y ahora con más ahínco, en el de Uribe Vélez, en promover y ampliar el “crédito educativo” con recursos provenientes de un préstamo del BID y el subsidio a la demanda. Las instituciones públicas de educación superior deberán mejorar la calidad de su oferta educativa y disminuir sus costos, en busca de la eficiencia que les permita ser “más competitivas” además de incrementar el valor de las matrículas de los estudiantes y demás derechos académicos hasta que cubran los “costos reales” y competir con las instituciones privadas que ofrezcan este “servicio público cultural” por los demandantes o clientes y de esta manera garantizar los recursos que les permitan la supervivencia.
La política se orienta a que las instituciones públicas de educación superior operen como empresas rentables, de tal manera que los precios de los servicios educativos y académicos que ofrezcan se rijan por el mercado, compitiendo con las instituciones privadas por la asignación de recursos del Estado. Ello explica las reestructuraciones académicas y administrativas; el establecimiento de nuevas modalidades de contratación tanto de docentes como de administrativos; el incremento en las asignaciones de docencia directa y de otras actividades académicas sobrecargando a los profesores; la promoción y generalización de las actividades de “operación comercial”; la ampliación de cobertura sin incrementar los recursos humanos y materiales en detrimento de la calidad; las “modernizaciones curriculares” diminuyendo las asignaturas de los programas académicos y recortando los contenidos de éstas; en fin, todas aquellas medidas orientadas al mejoramiento de los denominados “estándares”, impuestas al amparo de la autocracia y en detrimento de la autonomía universitaria.
Sobra decir que estas políticas no han sido el resultado de las “genialidades” de los tecnócratas criollos sino recomendaciones del BID, “estimuladas” por las exigencias de su puesta en práctica como condición para la aprobación de los empréstitos.
¿Por qué tanto interés de los organismos multilaterales de crédito en este asunto?. Porque la gran masa de usuarios del crédito educativo significará un interesante mercado para la colocación de recursos a través de sus intermediarios nacionales. Pero hay más. Hoy día, que están al orden las discusiones sobre el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), una de cuyas áreas temática es la de los servicios cuyo objetivo es el de “Liberalizar las áreas de pensiones, educativo y sanitario, removiendo las barreras existentes”, aparece con mayor claridad el otro aspecto. La discusión en torno a este asunto, el de considerar a la educación como una mercancía y sus implicaciones, está candente en las negociaciones del GATS, Acuerdo General para el Comercio de Servicios, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Veamos:
Del comercio global de servicios, el 3% está representado por el comercio de “servicios de educación superior”, y para los principales países exportadores, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, este renglón ocupa los tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente, en mayor participación de su comercio internacional de servicios.[5]
Es un mercado en expansión si tenemos en cuenta las facilidades que brindan el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que facilitan la oferta de programas en la modalidad “virtual”.
Quienes mayor posibilidad tienen de captar el mercado son las universidades de reconocido prestigio de países Europeos y Estadounidenses por razones de calidad y escala. Claudio De Moura Castro, experto en educación y ex-asesor del BID en esta materia señala que: “incluso gente que sabe poco reconoce los nombres de Yale, Harvard o Stanford” y, “Cientos de instituciones ya están desarrollando cursos a distancia, pero la mayoría están invirtiendo menos de 1.000 dólares para preparar cada curso, con resultados obvios. Es básicamente una industria casera. Sin embargo, si se invierten 100.000 dólares para preparar un curso, con una calidad de producción a nivel mundial, entonces es posible que este producto se pueda vender a miles de estudiantes.”[6]
De lo anterior podemos concluir que en el proceso de recolonización imperante bajo la enseña de la globalización, la educación superior no se escapa de ser un apetecible bocado, con consecuencias desastrosas. Permítanme leer la denominada “Carta de Porto Alegre” suscrita en la “III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas” realizada en la ciudad brasilera de Porto Alegre, los días 25 a 27 de abril de 2002.
“Reunidos en Porto Alegre, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con ocasión de la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas; los participantes: rectores, directores de instituciones y asociaciones de educación superior y autoridades académicas, manifiestan su profunda preocupación frente a las políticas impulsadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que apuntan a favorecer la comercialización internacional de los servicios de educación, asemejándolos a comunes mercancías. Los poderosos intereses que se mueven detrás de esta política, presionan por la transformación de la educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial, con la consiguiente desregulación y eliminación de todo control de calidad, tanto de naturaleza legal, como política o fiscal.
La propuesta de entregar al libre comercio la educación superior se inscribe en un proceso sostenido de drásticos recortes del financiamiento público, de fomento a la globalización de la educación privada, y que pretende que los Estados abandonen su función política específica, de orientación, dirección y gestión en áreas de su responsabilidad social.
Estos planteamientos lesionan seriamente las políticas de equidad indispensables para el equilibrio social, en especial para los países en desarrollo, necesarias para corregir las desigualdades sociales, y tienen serias consecuencias para nuestra identidad cultural. Perturban igualmente la consolidación y transmisión de valores éticos y culturales y afectan nuestras aspiraciones de lograr una sociedad más democrática y justa a través de un desarrollo sostenible. Aspectos todos ellos a los que contribuye la educación superior, cuya misión específica se define en virtud de una concepción de bien social público, destinada al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Función que en ningún caso puede cumplir si se la transforma en simple mercancía, u objeto de especulación en el mercado, a través de su comercialización internacional.
Por último, entre los graves problemas que esta circunstancia acarrea, tenemos que mencionar la uniformización acrítica de la educación y el grave daño que significa para la soberanía nacional y de los pueblos.
En consecuencia, los académicos iberoamericanos, aquí reunidos, reafirmando los compromisos asumidos por los gobiernos y por la comunidad académica internacional en octubre de 1998, en Paris, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, considerando la educación superior como un bien público, alertan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias nefastas de dichos procedimientos, y requieren a los gobiernos de sus respectivos países que no suscriban ningún compromiso en esta materia en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC.”
He querido centrarme es este aspecto de la problemática de nuestra educación superior por dos razones: Primero, porque a mi juicio nos permite evidenciar la conexión que existe entre las políticas educativas vigentes y los intereses imperiales de la globalización y segundo, para mostrar que en esta lucha por defender la soberanía económica, política y cultural de nuestra nación no estamos solos. Es necesario que nos vinculemos activamente al vigoroso movimiento de resistencia que se está gestando en América Latina en contra del ALCA, al tiempo que promovamos un pujante movimiento universitario en contra de todas las políticas lesivas al interés nacional y popular que hoy se ciernen sobre el país y la educación superior pública que han sido denunciadas en este Foro.
Muchas Gracias.
Gonzalo Arango Jiménez
Profesor Asistente. Universidad Tecnológica de Pereira.
Vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios
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[1] PLAN DE APERTURA EDUCATIVA 1991-1994. Documento MEN-DNP-UDS-DEC-2518. Bogotá, marzo 19 de 1991. Pag.38
[2]CONSTIRUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Presidencia de la República, Impreandes S.A., Bogotá, Colombia, diciembre de 1991. Pag. 28
[3] PLAN DE APERTURA EDUCATIVA 1991-1994. Documento MEN-DNP-UDS-DEC-2518. Bogotá, marzo 19 de 1991. Pag.28
[4] IBID
[5] Prof. A. Oosterlinck. Vice-Chancellor K.U.Leuven, EUA Board Member.Washington. TRADE IN EDUCATIONAL SERVICES: A EUROPEAN UNIVERSITY PERSPECTIVE, May 23 rd , 2002. Pag 2
[6] De Moura Castro, Claudio. PARA LO BREVE Y ESPECÍFICO. Revista BID América. Washington. Junio de 2001.