Por distintos medios, la opinión nacional ha conocido la decisión gubernamental de liquidar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- . Se anuncia que está para la firma del Presidente Uribe un decreto por el cual se desplazarán las funciones que esta entidad realiza, a la Superintendencia de Salud, amparando dicha decisión en las concepciones que “del tamaño y el papel del Estado” tiene Planeación Nacional y que se rigen por las doctrinas del libre comercio, la apertura económica y el ajuste fiscal preconizadas por el FMI.
Las actividades de control y vigilancia de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos desarrollados con biotecnología e insumos para la salud, entre otros, se verán ostensiblemente menguadas con lo cual la debida protección de la salud individual y colectiva de los colombianos se debilitará enormemente. La decisión del gobierno de Uribe implicará que los registros sanitarios de los artículos que pertenecen a estas ramas de la producción no se verán sometidos a los controles que hoy aplica el INVIMA y los conceptos científicos que emite dentro de su papel de supervisión no tendrán la profundidad necesaria. En lugar de fortalecerlo y mejorarlo como corresponde, se le liquida.
El relajamiento de estos controles, estrechamente relacionados con la custodia del bienestar de la comunidad corresponden a la exigencia de celeridad, flexibilidad y agilidad reclamadas por las multinacionales farmacéuticas, de la industria alimenticia, de bienes cosméticos y hasta de géneros transgénicos u organismos genéticamente modificados en el marco de los tratados de libre comercio. Así podrán ingresar sus mercaderías, menjurjes, invenciones en experimentación o presentaciones de calidades inferiores, como ya lo hacen en México al tenor del TLCAN.
Con esta decisión que conduce a la hacer depender las normas en asuntos sanitarios y fitosanitarios de los estandares y controles norteamericanos, Colombia ratifica continuar en una muy débil posición en las negociaciones del TLC en esas materias. Eso conduce también a dificultar y deteriorar las exportaciones nacionales, algo que las perjudica notoriamente, como en forma unánime lo han manifestado los diferentes gremios involucrados.
En este caso se repite la doble moral del gobierno de Uribe que expresa defender los intereses patrios en la mesa de negociaciones pero que al tiempo, mediante decretos y leyes promovidas a sus instancias, tramita con diligencia las peticiones estadounidenses. La ausencia de controles nacionales y de capacidad propia de certificación de la calidad de los productos es otra concesión unilateral y gratuita que hace el gobierno, como se pretende también en las telecomunicaciones.
Algo similar a lo ocurrido con la ley que establece el Estatuto del Inversionista, plena de privilegios para los inversionistas foráneos incluidos los tribunales de arbitraje y las exenciones tributarias, o con el decreto 2085 en el tema de Propiedad Intelectual. RECALCA deplora estos procedimientos del gobierno colombiano, su actitud complaciente con Estados Unidos y reitera que ante estos hechos y los demás que han rodeado las negociaciones del TLC de Estados Unidos con los países andinos no sólo se desvanecen cada día más las esperanzas de muchos sectores en la factibilidad de “una buena negociación” sino que , en este caso específico, se someten a riesgos inmensos la salud y la poca calidad de vida que hoy le queda a la mayoría de la sociedad colombiana.
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