El 30 de octubre de 2009, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez accedió a la pretensión de Estados Unidos de permitirle usar y controlar porciones importantes de al menos siete bases militares colombianas. Las desproporcionadas potestades que Colombia les otorga a las fuerzas militares de Estados Unidos durante por lo menos 10 años prorrogables, se pueden resumir en tres: i) permanecer en el territorio nacional; ii) construir y controlar instalaciones militares dentro de por lo menos siete bases colombianas; y, iii) realizar operaciones militares en el territorio colombiano, lo que puede calificarse como la peor decisión de la historia del país. En esta discusión hay un tema poco tratado y que reviste la mayor importancia, más cuando en la Corte Constitucional se tramita una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de analizar si la Constitución Política permite, como lo hace el acuerdo, que tropas extranjeras permanezcan, construyan instalaciones y realicen operaciones militares en el territorio nacional.
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