Abordar la ciudad informal y la vivienda popular implica una actitud ética. No se puede hacer vivienda para pobres con el criterio de que las restricciones económicas implican una reducción en sus necesidades como seres humanos. No pueden existir normas diferentes, ni normas mínimas, pues todos los hombres son iguales. La falta de compromiso del Estado como oferente de soluciones de vivienda social ha dejado el tema en manos del sector privado, y no hay un control sobre la vivienda.
(La ciudad anónima, Rogelio Salmona)
La encrucijada de los adjudicatarios morosos del UVR
La encrucijada que viven no solo millares de familias adjudicatarias de vivienda del sistema financiero UVR (antes UPAC) en Colombia y Medellín, no se ha resuelto con los alivios decididos por la Corte Constitucional en el 2007. Se trata de una catástrofe social de mayor calado que los 1.800 créditos hipotecarios que según Asobancaria se fenecieron legalmente en ese momento y la reliquidación de otros 81.000 (según Anupac) que no pudieron conseguir reliquidaciones prontas y positivas. Significó, la medida, una especie de “plazo muerto”, para que se trasladaran dichas obligaciones a la modalidad UVR.