Mañana, viernes 2 de agosto, la Unidad Cafetera Nacional en el departamento de Caldas ha programado un desfile, desde el parque Olaya Herrera hasta el parque de Caldas, contra la implantación del cobro de la tasa retributiva a los caficultores de ese departamento.
La oposición a dicha medida, aplicada por CORPOCALDAS, bajo los supuestos de la descontaminación de los recursos hídricos en ese departamento, parte de las siguientes consideraciones:
1.- Dado que una política ambiental nacional debe velar por una mejor calidad vida de los ciudadanos, para cualquiera que conozca la actual situación de la economía cafetera es claro que el principal problema, que hoy tienen los caficultores para alcanzar ese objetivo, radica en su muy difícil situación económica originada en una crisis de ingresos por los bajos precios de su producto, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. En ese sentido, los problemas ambientales no son otra cosa que la expresión de los problemas sociales. El deterioro ambiental debe mirarse fundamentalmente como una manifestación de problemas económicos, sociales y políticos. El agravamiento de lo que puede llamarse “crisis ecológica” no puede explicarse sino bajo el marco de las crisis económicas.
2.- La tasa retributiva para el sector primario cafetero y para otras actividades económicas se encuentra enmarcada dentro de una política ambiental oficial, plasmada en la Ley 99 de 1.993 y reglamentaciones subsidiarias, la cual ha omitido las consideraciones relacionadas con la viabilidad financiera y los efectos sociales de su aplicación. La discusión puede trascender, incluso, a confrontar el espíritu de dicha legislación, en tanto si ella adopta las verdaderas necesidades ambientales de Colombia o simplemente se ha plegado al discurso ambiental global, el cual, bajo los parámetros obligatorios de producción limpia para países como el nuestro, obstaculiza y entraba, con otro mecanismo más, nuestro desarrollo y progreso mientras las economías más avanzadas se constituyen en las fuentes principales de contaminación y deterioro de origen antrópico.
3.- Adicionalmente, muchos ejercicios de la llamada economía ambiental han demostrado que los instrumentos de control para “la descontaminación” terminan convertidos en un impuesto más y en mayores cargas que gravan a los productores y a la población sin resolver las supuestas preocupaciones en materia de conservación. Existe abundante evidencia que el incentivo económico puede ser mucho más efectivo, aunque lo primordial es que tales acciones corran por cuenta principalmente del Estado. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, entre 1.997 y 2003, trasladará en forma de subsidios a sus agricultores un total de 13.360 millones de dólares para programas de conservación.
Todas estas consideraciones ratifican que la desobediencia civil declarada por los caficultores de Caldas contra el cobro de la tasa retributiva está plenamente justificada.
Aurelio Suárez Montoya
Presidente Nacional
Pereira, Agosto 1 de 2.002
Organización miembro de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria